Juicio abierto contra los acusados por el caso Ausbanc. El juez Santiago Pedraz envía al banquillo al presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, Luis Pineda, al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, a la abogada Virginia López-Negrete y a otras siete personas implicadas en este procedimiento.
En el auto, recoge los escritos de acusación y abre también juicio oral contra un total de 26 sociedades como responsables civiles subsidiarias, entre ellas Ausbanc o el sindicato Manos Limpias. La resolución señala a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia como la encargada del enjuiciamiento de esta causa y acuerda mantener la situación de prisión provisional comunicada y sin fianza de Luis Pineda y la libertad con medidas cautelares para el resto de los acusados.
El magistrado requiere a los acusados y a los responsables civiles para que, en el plazo de 15 días, a través de su representación procesal, manifiesten relación de bienes y derechos de los que sea titulares "con la precisión necesaria para garantizar unas futuras responsabilidades civiles y/o pecuniarias". Además, concede de plazo hasta el 28 de septiembre de 2018 para que presenten sus escritos de defensa.
Peticiones de condena
La supuesta "organización criminal" con epicentro en Ausbanc y Manos Limpias se enfrentará a durísimas penas en un juicio aún sin fecha. La Fiscalía de la Audiencia Nacional reclama en su escrito de acusación la más alta, 118 años y 5 meses de cárcel, para el expresidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios Luis Pineda. El Ministerio Público solicita 25 años para Miguel Bernad –el secretario general del sindicato que, entre otras cosas, impulsó el procedimiento contra la infanta Cristina– y 11 años y 11 meses de prisión para la abogada Virginia López Negrete que condujo la acusación popular en el propio caso Nóos.
Atribuye a Bernad y López Negrete los delitos de organización criminal y extorsión; y a Pineda los mismos además de estafa y blanqueo de capitales, por lo que le pide una multa de 10 millones de euros. La Fiscalía reclama la disolución de las sociedades vinculadas a ambas plataformas como resultado de dos años de instrucción del juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional.
La supuesta organización criminal
Tal y como describe el juez Pedraz en el sumario y reproduce la Fiscalía, los máximos exponentes de Ausbanc y Manos Limpias cimentaron una organización criminal. Ellos se han presentado como víctimas de una persecución del Estado por sentar en el banquillo a políticos, empresarios, e incluso a la infanta Cristina en el caso Nóos.
Habrían ideado una red que exigía dinero a personas físicas y jurídicas a cambio de no interponer denuncias en los juzgados o difundir noticias negativas. Pineda –el único que permanece en prisión preventiva– explicó que Ausbanc se financiaba gracias a sus publicaciones y a las cuotas de los asociados, que rondaban los 10.000 euros. Pedraz y el Ministerio Público perfilan una estructura que se disfrazaba en la defensa de los consumidores "cuya finalidad era la obtención de un beneficio económico ilícito de sus miembros". El dinero también procedía de subvenciones.
La organización poseería ramificaciones en el extranjero. El juez Pedraz dibujó una trama con apoyo económico en Colombia, a través de sociedades de las que Ausbanc posee el 95% y que habrían recibido más de un millón de euros; en Venezuela, mediante firmas de las que la asociación cuenta con el 100% de las participaciones; de Estados Unidos, a través de empresas que han recibido 2.1 millones; y otros instrumentos a los que alude Pedraz como "Mercado de Dinero México y Money Market en Reino Unido".
Caso Nóos y otros ejemplos
Existe un episodio especialmente turbulento que tendrá que resolver la Sala. Un chantaje que algunos cifran en dos y otros en tres millones de euros que mantiene dos lecturas radicalmente opuestas: según la investigación, la trama liderada por Luis Pineda exigió el dinero al equipo jurídico de la infanta Cristina –tres millones de euros– y, por el contrario, el secretario general del sindicato Miguel Bernad asegura que un intermediario del Rey Juan Carlos le ofreció dos millones de euros para sacarla del banquillo. De hecho, Bernad trasladó esa oferta a la abogada de Manos Limpias en Nóos, Virginia López Negrete, que declinó la retirada de la acusación.
Algo parecido habría ocurrido en el caso de los ERE, donde Pineda y Bernad habrían pretendido sacar rédito de la desimputación del expresidente de Unicaja Braulio Medel. Se investigan muchos más episodios en la Audiencia Nacional, a donde han acudido multitud de altos cargos de bancos y otras entidades para cargar contra la manera de proceder de la organización.
Según el informe de la Fiscalía, la red ingresó un total de 808.000 euros entre 2003 y 2007 de BBVA, que acabó rompiendo el contrato con la asociación en 2012. Destruido el vínculo, comenzaron las noticias negativas contra la entidad que preside Francisco González relacionadas con la investigación del caso Nóos. En concreto, los principales acusados junto con López Negrete habrían buscado la imputación en la causa del jefe de Responsabilidad y Reputación Corporativa de BBVA Antonio Ballabriga.
Ocurrió de la misma forma con Caja Madrid. La organización inició una campaña mediática y judicial cuando cortaron la colaboración contra su entonces presidente, el fallecido Miguel Blesa, personándose en la causa instruida en los Juzgados de Plaza Castilla por la concesión de un crédito de 2,6 millones de euros de la caja al empresario Gerardo Díaz Ferrán.
También sufrieron campañas negativas Crédit Services y Novagalicia Banco, que se negó a abonar un pago de 300,000 euros.
Campañas por motivos personales
Se dan otros casos en los que los acusados iniciaron una campaña negativa "exclusivamente por motivos personales", como la que pusieron en marcha contra el portavoz de Facua Rubén Sánchez por la "enemistad" entre ambos y porque la asociación de consumidores era competencia directa de Ausbanc. Luis Pineda ha sido condenado en varias ocasiones por difamar al periodista.
También con Fernando Puig, subsecretario de Sanidad bajo el mando de la exministra de Sanidad Elena Salgado, contra quien se actuó tras la expulsión de Ausbanc del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios.
Igualmente, el Ministerio Público menciona los litigios de Ausbanc contra Bankia, Gas Natural, Caja España, Banco Mare Nóstrum, Liberbank, Unicaja (que llegó a pagar más de un millón de euros a Pineda), Nissan, Barclays Bank, Caja Castilla La Mancha, CAM y Europistas, la empresa concesionaria de la autopista de peaje AP-1, Burgos-Armiñón y Banc March, entre otras.
El escrito manifiesta que entre 2004 y 2014 Ausbanc Consumo recibió subvenciones del Gobierno "a entidad sin fines de lucro y de ámbito nacional, destinadas al fomento del asociacionismo de consumo".
Niveles del entramado
En un segundo nivel, se encontraba el tesorero de Ausbanc Alfonso Sole Gil, que se enfrenta a una petición de 37 años y cinco meses de cárcel y multa de 10 millones de euros por los delitos de blanqueo de capitales y el adjunto a la Presidencia de la asociación, Ángel Garay para quien pide 32 años y cinco meses de cárcel y multa de 10 millones de euros.
Los miembros de la Junta Directiva que se encuentran en un tercer nivel son María Teresa Cuadrado (21 años y 11 meses), María Manuela Mateos (66 años y 10 meses), María Isabel Medrano (60 años de prisión) y Hermenegildo García, para quien la Fiscalía pide 15 años y 11 meses de cárcel. Finalmente en un cuarto y último nivel ubica a la letrada López Negrete, Rosa Isabel Aparicio (51 años y 10 meses), Luis María Suárez (16 años).
El dinero recaudado se destinaba también a una serie de sociedades vinculadas a Ausbanc mediante facturas falsas y con el que se adquirieron bienes inmuebles. El fiscal destaca más de una decena de empresas y entidades mercantiles, algunas fuera de España, en cuyos puestos de dirección figuraban gran parte de los acusados.