Sobre la mesa, un presunto blanqueo de ocho millones de euros. El juez instructor Antonio Serrano-Arnal archivó esta causa, aunque la Audiencia Provincial de Madrid rechazó un mes después el carpetazo. Según la UCO de la Guardia Civil, Rodrigo Rato utilizó dos sociedades radicadas en refugios fiscales "sin actividad conocida"–las famosas Vivaway y Kradonara–, además de testaferros, para el cobro de cantidades ocultas a Hacienda que posteriormente lavó y repatrió a España.
La segunda instancia judicial reabrió la causa concluyendo que el expresidente de Bankia pretendía "defraudar a la Hacienda Pública". En este contexto, el titular del Juzgado de Instrucción nº31 de Madrid ha interrogado al imputado. Principalmente, en relación a dos cuestiones: la operativa de blanqueo y el origen de los fondos.
Citado para las 11:00 horas, quien fuera director gerente del FMI ha llegado a Plaza Castilla apenas dos minutos antes de esa hora, en medio de una fuerte expectación. A la salida, alrededor de las 12, ha atendido a los medios de comunicación. Según Rato, no ha cometido ningún delito "ni fiscal, ni de otro tipo". A su juicio, "se ha tenido que reconocer esta realidad". El exdirigente del PP ha cargado contra lo que cree una "búsqueda constante de cualquier delito" que justifique su detención en 2015, basada en una "denuncia acreditadamente falsa" de la entonces directora de la Oficina Antifraude, dependiente de Hacienda, Margarita García-Valdecasas.
"Los datos veraces siempre estuvieron a disposición de la Agencia Tributaria, que prefirió ignorarlos para poder detenerme", ha asegurado el economista. "Gracias a dos periciales presentadas por la defensa se ha demostrado que no hay ninguna defraudación de dinero en el extranjero. Sorprendentemente, la fiscal ha conseguido que se abra una causa separada sobre blanqueo cuando ya se ha demostrado en la principal que no existe ninguna deuda fiscal. En ese sentido, tengo que decir que me siento ante una investigación prospectiva, aunque esté prohibida por la ley".
"El tercer tema es el cobro a través de sociedades profesionales de trabajos profesionales. Ahí tengo que repetir que desde presidentes del Gobierno hasta recientemente un exministro de Cultura que ha dimitido e importantes presentadores de televisión han sido sancionados por la Hacienda Pública pero sin acusaciones penales. No entiendo por qué en mi caso se puede seguir por la vía penal por algo que al resto de los profesionales se consideran sanciones administrativas. Todo el dinero era mío perfectamente explicado, traceado y justificado".
El tribunal rechazó el archivo de esta pieza sobre un presunto delito de blanqueo al considerar que los hechos están directamente relacionados con otras causas como el presunto cobro irregular de conferencias.