La Generalidad no quiere hablar de dinero, infraestructuras y traspasos con el Gobierno en la próxima reunión de la comisión bilateral, la primera en siete años, a celebrar el miércoles 1. El objetivo prioritario de los negociadores separatistas es un referéndum de autodeterminación vinculante, más la puesta en libertad de los presos golpistas y que la Fiscalía desista en sus acusaciones.
A Carles Puigdemont no le interesa la distensión que fomenta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que los contactos entre Ejecutivo y "Govern" avancen por la senda técnica. Tampoco le valen los gestos, que el Gobierno haya renunciado a cualquier pretensión en materia de enseñanza y que diversos dirigentes socialistas se hayan manifestado a favor del indulto de los golpistas. Ha dado instrucciones para reventar la comisión bilateral si no hay cesiones y concesiones de relieve. Quiere obligar a Sánchez a hablar directamente con él
La nueva delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, se ha mostrado partidaria de la puesta en libertad de los preventivos al tiempo que la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, lanza la oferta en La Vanguardia de sustituir el referéndum por una votación sobre un "acuerdo político" de los partidos que abarque al ochenta por ciento del electorado catalán. En paralelo y en El Mundo, la portavoz del Ejecutivo y titular de Educación, Isabel Celaá, declara que encuentra "reciprocidad" por la parte del PDeCAT ante los primeros pasos del diálogo y confirma que el Gobierno no hará nada para impedir el adoctrinamiento y garantizar un mínimo de español en las aulas catalanas.
El Gobierno despliega sus buenas intenciones frente a un separatismo cada vez más radicalizado. Puigdemont quiere imprimir una marcha más para llegar al "Onze de Setembre" con las bases tensionadas. A partir de octubre, Torra puede convocar elecciones al tiempo que el PDeCAT ostenta sus ocho votos en el Congreso de los Diputados como una amenaza que puede precipitar la caída de Sánchez. Más el calendario judicial.
Empotrado de Puigdemont
En los festejos de Waterloo, Puigdemont tomó las riendas de la Generalidad de manos de Torra y su intención es que se note. No habrá sonrisas esta vez por la parte separatista ni fotos en fuentes románticas. Batet encabeza la delegación gubernativa con la asistencia de Cunillera y al menos cuatro secretarios de Estado. Ernest Maragall, consejero de Exteriores y Relaciones Institucionales, es el jefe de la delegación "autonómica", que contará con un empotrado de Puigdemont aún por determinar. El orden del día incluye una alusión a la "situación política" bajo el epígrafe "consideraciones de la Generalidad". Lo pactó Elsa Artadi con Batet el pasado jueves.
En ese contexto, la comisión bilateral del próximo miércoles es un primer test del marco abierto una vez Torra fuera recibido con todos los honores en Moncloa. Puigdemont está dispuesto a reventar a las primeras de cambio el clima sanchista. En ERC se manejan con más prudencia, si bien su portavoz en Madrid, Joan Tardà, aboga por intentar forzar un referéndum y volver a la desobediencia en caso de no lograr la cesión del Gobierno.
Recelos con Sánchez
Sólo los socialistas se muestran forzosamente optimistas de cara al encuentro del miércoles. En el campo separatista, partidos y entidades tratan de recuperar el grado de movilización del año pasado de cara al 11-S, el primer aniversario del 1-O y el previsible juicio sobre el golpe de Estado.
La acción de gobierno de Torra se limita a las constantes visitas a los presos y fugados, los actos reivindicativos y los discursos inflamados. Puigdemont ha retomado el control desde Waterloo y no deja de mostrar su escepticismo respecto a Pedro Sánchez, a quien reprocha que apoyara la aplicación del 155. Es partidario de romper la baraja porque considera que la celebración del encuentro no beneficia a los presos y "exiliados", sino que sirve para dar oxígeno al Gobierno.
Acoso a Llarena
Entre tanto, Puigdemont y Torra no tuvieron el más mínimo reparo en difundir a través de sus cuentas en Twitter las fotos del juez Pablo Llarena junto a un grupo de personas entre las que también se encontraba el dirigente del PP de Barcelona, Alberto Fernández, en un restaurante de la Costa Brava. El Comité de Defensa de la República (CDR) de Palafrugell organizó un escrache sobre la marcha tras localizar al juez en un restaurante cercano a un lugar donde se había llevado a cabo un concierto por los Jordis y el resto de separatistas presos.
Persiste el acoso contra los constitucionalistas. Inés Arrimadas, en el centro de la diana, denuncia la ocupación amarilla del espacio público mientras le insultan en sus paseos por Cataluña y Torra teoriza en sus discursos sobre "ventanas de oportunidad" para volver al momento 1-O. Mientras tanto, presos y referéndum. Los trenes de cercanías, el corredor mediterráneo se han caído de la agenda. La legislación republicana sobre la pobreza energética y la renta mínima de inserción, también.