El punto de mira que apunta a la gestión sobre la economía y los servicios sociales andaluces ha resurgido en los últimos años de la mano del médico Jesús Candel, Spiriman, que enfoca exclusivamente a la sanidad. Pero la gestión deficiente ha sido puesta de manifiesto desde hace años por los medios de comunicación, por el Sindicato Andaluz de Funcionarios y blogs vinculado y, claro, por la oposición política. Ahora, sale a la luz el escándalo de la depuración de aguas en municipios andaluces debido a una sentencia de ayer mismo con multa que se ha impuesto a España y a su política medioambiental.
Lo que intensifica la sensación de dejadez y mala gestión es que de los 9 municipios o aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes que siguen sin cumplir una directiva europea de ¡1991!, que todavía no depuran correctamente sus aguas residuales –y, por lo tanto, no cumplen con una directiva de 1991–7 son de Andalucía (Matalascañas, Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa, Coín, Nerja y Barbate) a los que se suman uno de Asturias (Gijón Este) y otro de Canarias (Valle de Güímar).
La paciencia de la Unión Europea ha durado décadas. Tras la directiva de 1991, que exigía la recogida adecuada de las aguas residuales urbanas para evitar contaminaciones por bacterias y virus nocivos, esperó hasta 2001. Luego, en 2011, el Tribunal de Justicia Europeo dictó sentencia condenando a España. Pero ha tardado diecisiete años en multar a quienes incumplen aquella directiva.
Todos los medios, especialmente El País y ABC, se hacen eco de esta realidad que vuelve a poner en la cola de España a una Andalucía que la encabeza en los peores parámetros de paro, inmigración ilegal, corrupción y servicios sociales en general. Ahora, la comunidad andaluza especialmente es la responsable de una multa de 12 millones de euros, que serán ampliables cada seis meses en 10,9 millones más si siguen retrasándose los trabajos.
Todos los municipios que han originado la multa a España tenían que haber depurado correctamente sus aguas residuales en 2001, pero no lo hicieron. Subraya el diario de Prisa que el Ministerio para la Transición Ecológica advirtió hace unos días de la sanción que le venía encima a España y explicaba que con la planificación actual de depuradoras, no será hasta 2022 cuando las nueve aglomeraciones urbanas cumplan con la normativa europea. Eso querría decir que la multa podría subir hasta superar los 60 millones de euros e incluso más.
Por cierto que el último municipio que contará con la depuración de aguas residuales será Barbate, en la provincia de Cádiz, que, en principio, no estará ajustado a la normativa europea hasta 2022.
A pesar de este proceso, la gestión en Andalucía ha sido absolutamente incomprensible, no sólo por el tiempo perdido, sino por la dimensión y las características de los núcleos urbanos implicados. Que Tarifa, que además de ciudad turística es centro de acogida masiva de inmigrantes, no haya dispuesto de aguas depuradas hasta 2017, es inexplicable.
Como lo es que Matalascañas, conocida como "playa popular de los sevillanos" en Huelva y vecina íntima del coto de Doñana, Barbate y Nerja, ciudad con monumentos prehistóricos, sigan sin depurar sus aguas de manera correcta, a pesar de que disponen de declaración de Interés del Estado y la Comunidad, es desconcertante. Pero es que las de Alhaurín el Grande, Coín, Isla Cristina y la ya mencionada Tarifa son competencia exclusiva de la Junta de Andalucía.
Más inexplicable aún es que la depuradora de Tarifa, publicitada al máximo por la Junta de Andalucía, sigue considerada inadecuada porque casi un año después de su puesta en marcha, la calidad de las aguas depuradas no se adecúa a las normas europeas.
De todos modos, el mayor ejercicio propagandístico fue protagonizada en 2014 por la entonces consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, acusada de irregularidades por su propio partido, que anunció que las obras de ampliación de la Estación Depuradora de Aguas (EDAR) de Guadalmansa, en el municipio malagueño de Estepona, estarían concluidas "en los primeros meses de 2015". Y lo hizo con la presencia de 20 altos cargos.
Como es costumbre, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, culpó al gobierno del PP de una intensa dejación de funciones y confía en la actividad del gobierno de Pedro Sánchez, ocultando su propia responsabilidad en el desaguisado.
Recuérdese como dato asombroso el que en el año 2008, 26 años después de su llegada a la Junta de Andalucía y con dos gobiernos socialistas nacionales de 18 años de duración, la exconsejera Cinta Castillo reconocía que faltaban por construir 300 depuradoras.
Y téngase presente que, como trae a colación ABC, desde el año 2010, la Junta de Andalucía cobra una cuota especial en el recibo de agua de los andaluces llamado "canon de mejora" para la depuración del agua, que se puso en marcha precisamente cuando se aprobó la Ley del Agua que preveía construir 300 depuradoras en los municipios andaluces para cumplir con las exigencias de la Unión Europea.
Aunque este dinero sólo se puede utilizar en la depuración del agua, la Junta ha ingresado 583 millones de euros por este canon del agua, pero sólo se han pagado obras por valor de 190 millones de euros. El PP destaca una desviación de dinero no explicada de más de 350 millones de euros.