La Operación Lezo investiga un catálogo de presuntas ilicitudes orquestadas bajo la dirección de Ignacio González. Una de esas piezas separadas estudia una supuesta comisión de 1.4 millones de euros que OHL habría pagado al expresidente madrileño e intermediarios por el amaño de la adjudicación del contrato para la construcción de un tren de Navalcarnero. Figuran entre los imputados el presidente de la entidad Juan Miguel Villar Mir y su yerno, el exconsejero Javier López Madrid.
La instrucción se apoya en este sentido en el testimonio del empresario Adrián de la Joya, que narró en la Audiencia Nacional cómo había intervenido en la operación por petición de OHL. Sin embargo, el juez Manuel García Castellón necesitaba pruebas y ordenó intervenciones telefónicas a Juan Miguel Villar Mir. En concreto, once horas de conversaciones, algunas entre el constructor y su propio abogado.
Villar Mir y su defensa presentaron ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional un incidente de nulidad. De acuerdo con el escrito, la actuación de García Castellón "quiebra un pilar esencial del derecho a la defensa", puesto que dichas grabaciones desvelan la estrategia del presidente de OHL y se refieren también a López Madrid. Incluye referencias del Colegio de Abogados de Madrid considerando que "ha sido vulnerado el secreto profesional y la confidencialidad entre el abogado y su cliente". Concluyen que la actuación del magistrado "no ha sido procesalmente correcta".
La Sección Cuarta ni siquiera ha admitido a trámite el incidente de nulidad y avala la intervención telefónica acordada por el juez de instrucción. Considera que el escrito de la defensa de Villar Mir "se limita a rebatir los argumentos esgrimidos por la propia Sala de lo Penal" en el auto que permitió la captación de las conversaciones.