El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona sigue adelante con el sumario en el que investiga la organización del referéndum ilegal de 1-O. Lo abrió a raíz de una denuncia por unas declaraciones públicas del exjuez Santiago Vidal, quien en calidad de senador de ERC daba conferencias ante grupos de entusiastas en las que decía, entre otras cosas, que la Generalidad tenía controlados todo tipo de datos, incluidos los fiscales, de todos los residentes en Cataluña. También hablaba de los preparativos del referéndum y de cómo igualmente la administración autonómica lo tenía todo controlado.
La investigación emprendida por el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer desembocó en la orden de entrada y registro de la sede de la consejería de Economía y en la detención de dos altos cargos de Oriol Junqueras, los actuales diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó. Por los sucesos ante la consejería, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ordenó el ingreso en prisión de los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium. Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
La instrucción continúa, a pesar de las amenazas de muerte recibidas por el magistrado. El casero del apartamento que tenían alquilado el juez y su esposa en la Costa Brava decidió no renovarles el contrato por las pintadas separatistas que rodeaban el edificio.
El último paso de Ramírez Sunyer ha sido el de citar a la interventora de la Generalidad, Rosa Vidal para el 24 de julio. Vidal figura en varios informes elaborados por la Guardia Civil. En uno de ellos se alude al hecho de que no intentara investigar como fraude el intento de cobro por parte de Unipost de más de doscientos mil euros derivados de la tramitación de propaganda del referéndum. También se apunta a que autorizó el gasto de la campaña institucional del 1-O con el argumento de que del título, "Civisme", no se podía inferir que era relativa al referéndum ilegal.
El ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro llegó a enviar una carta en términos muy duros a la invertentora el pasado mes de febrero en la que le instaba a informar sobre una serie de partidas de pagos a periodistas, empresas de comunicación y otros proveedores de la Generalidad, cuya respuesta fue que ninguno de ellos estaba relacionado con el referéndum. Según la interventora, ni la Generalidad ni las entidades dependientes habían destinado ni un euro al 1-O. Fue lo que le valió a Montoro para decir lo mismo días después y poner en serios aprietos la instrucción del magistrado del Supremo Pablo Llarena.
Versión "contraria a la lógica"
El juez Ramírez Sunyer considera que la versión de Vidal "es contraria a las más elementales reglas de la lógica" y también alude a un indisimulado intento de impedir el acceso a los datos de los departamentos implicados en la organización y sufragio del referéndum ilegal. Cabe constatar, además, que la interventora era uno de los altos cargos de la Generalidad advertidos por el Tribunal Constitucional en septiembre del año pasado en relación a su deber de impedir cualquier gasto vinculado al referéndum del 1-O.
Respecto a esa obligación, en otro informe de la Guardia Civil consta la interventora como uno de los altos cargos convocados a un acto de "unidad y compromiso con el referéndum".
Además de Rosa Vidal, deben comparecer ante el juez la responsable del área de "Procesos electorales y consultas populares" de la Generalidad, Montserrat Vidal, y la secretaria general de Políticas Digitales (antes Gobernación), Meritxell Masó.