Partes de cadáveres mezcladas, peticiones de prueba de ADN a cuñados de los finados, ataúdes que no se corresponden con los elegidos por las familias, piezas que no encajan y excavadoras para "limpiar" restos humanos. Tan dantesco panorama es el que se abrió a partir del 15 de septiembre del pasado año cuando colapsaron 144 nichos del cementerio de Montjuich en Barcelona.
El derrumbe se debió, según los abogados de las familias, a la falta de mantenimiento, lo que da pie a una querella por malversación. Los sucesos posteriores se atienen a los tipos de profanación, daños y falsedad en documento oficial. Una cincuentena de familias firman las querellas contra el equipo de Colau formado por el teniente de alcalde Eloi Badia, el gerente de Cementiris de Barcelona, Jordi Balmanya, y la antropóloga que supuestamente dirigió la exhumación de los cadáveres, Dominika Nociarova.
El Ayuntamiento de Barcelona niega todas las acusaciones, aunque se ha dirigido a muchos familiares con la "oferta" de entregarles 5.000 euros por los daños morales. Los afectados alegan que durante años han pagado una cuota de mantenimiento de los niños que no encaja con el derrumbe. También constan avisos previos por el mal estado de los bloques de niños, de lápidas rotas y grietas en las fachadas.
Nada más producirse el "accidente", el Ayuntamiento reaccionó de manera rauda y veloz. Envió unas excavadoras para "limpiar" la zona. Cinco días más tarde hizo su aparición un equipo forense para controlar las exhumaciones. Ya era tarde. Las excavadoras habían trabajado a conciencia con la misión de allanar la zona del derrumbe. Fue tal el empeño y el descontrol en la recogida de los restos que se originó un desorden mayúsculo, similar al del accidente aéreo del Yak-42. Precisamente en algunos aspectos de esa sentencia se basa la querella tramitada por los despachos de abogados de Miguel Durán y José María de Palacio.
Según los datos municipales, hubo 218 inhumaciones. El 72% de los cadáveres de menos de cinco años han sido identificados; el acierto sólo es del 28% en el resto de casos. Veinte familiares de 83 difuntos han pedido pruebas de ADN. El Ayuntamiento de Colau, alegan los afectados, intentó echar más tierra sobre los muertos con una actuación precipitada. A falta de dos meses para el aniversario del derrumbe en el cementerio de Montjuich, la mayoría de las familias no han logrado reunir los restos de los finados. Ayer, cuando se presentó la querella, Colau se encontraba en la sede de la ONU en Nueva York denunciando que en las ciudades ya no se puede vivir.