El juez Pablo Llarena concluyó la instrucción respecto de los políticos separatistas no fugados y perdió con ello el control sobre ellos. Han aprovechado la circunstancia los exconsejeros Josep Rull y Jordi Turull y el expresidente de la ANC Jordi Sánchez, representados todos por el penalista Jordi Pina. En un nuevo recurso contra la prisión incondicional, esta vez ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo que enjuiciará el procedimiento en su contra, reclaman la libertad apoyándose en la "normalización política en Cataluña" y los últimos acontecimientos judiciales en el extranjero.
Según el escrito, han desaparecido los motivos que justificaron en su día la prisión. En cuanto al riesgo de fuga, la defensa subraya que sus clientes han acudido siempre a los llamamientos judiciales incluso cuando "daban por hecho que acabarían siendo privados de libertad, como así fue, llevando incluso ropa preparada para entrar en prisión" y despidiéndose de sus familiares a la entrada del Tribunal Supremo". Para el abogado, "el hecho de que otros procesados puedan no estar a disposición de los Tribunales españoles nunca debería ser razón para empeorar la condición de los que pudiendo perfectamente huir, decidieron acudir al llamamiento, pues sancionar a unos por lo hechos de otros es radicalmente contrario al principio de culpabilidad".
Se apoya en el arraigo familiar de sus patrocinados: "Que con hijos pequeños alguien esté dispuesto a huir largos años parece, desde luego, muy poco probable".
El letrado subraya aquí que "llama poderosamente la atención –y debería mover a la reflexión al Tribunal Supremo de España sobre su sensibilidad garantista– que los tribunales de países como Alemania, Reino Unido o Bélgica estén dejando en libertad a personas pendientes de extradición pese a su escaso arraigo allí y que, en cambio, se encarcele preventivamente durante tantos meses a personas todavía inocentes pese a que han acudido al llamamiento judicial y tienen pleno arraigo familiar.
Por lo que respecta al riesgo de reiteración delictiva, el recurso habla del contexto de "normalización política" en Cataluña, como demuestran recientes reuniones entre los presidentes Pedro Sánchez y Joaquim Torra y diversos encuentros entre ministros y consejeros, así́ como que las instituciones catalanas –tanto parlamentarias como de gobierno– no hayan incurrido en desobediencia alguna respecto de las decisiones tomadas por el Tribunal Supremo o Constitucional en la vigente legislatura.
"La puesta en libertad de los procesados contribuirá", concluye el relato, "a rebajar la tensión social y a facilitar la búsqueda de soluciones políticas a unos problemas cuyo trasfondo es esencialmente político y no judicial".
Apela en última instancia a la comparación: "Cuesta entender –por citar casos recientes por todos conocidos– que personas ya condenadas en primera instancia a penas muy graves de prisión por delitos relacionados con la corrupción (caso Gürtel, caso Caja Madrid, caso Lezo, etc...) o los abusos sexuales (caso la Manada) permanezcan el libertad –en algunos supuestos aun cuando es público que viven o tienen patrimonio fuera de España– y que, en cambio, mis mandantes lleven muchos meses en prisión (hasta 9 meses) aun cuando no han sido juzgados".
"A lo anterior se añaden las buenas perspectivas para las tesis de defensa que se vislumbran a partir de las resoluciones de otros países europeos, que no han visto violencia alguna en los hechos que motivaron el procesamiento de mis mandantes tal y como venimos proclamando desde el inicio de la instrucción; o el dato de que, en el caso del presunto delito de malversación (delito que, por cierto, no se imputa a Jordi Sànchez) se haya prestado una fianza con la consiguiente rebaja penológica".
Pide medidas cautelares menos gravosas "pero igualmente efectivas para garantizar su sujeción al procedimiento e impedir cualquier clase de reiteración delictiva". Por ejemplo, la detención domiciliaria con control telemático o la retirada de pasaporte, comparecencias apud acta o la prestación de fianza. En tal sentido, añade el recurso, "todos están dispuestos, incluso, a ofrecer como fianza la totalidad de su patrimonio personal para dejar bien claro que su propósito es permanecer en territorio español y afrontar el próximo juicio".