El Tribunal Supremo rechaza la entrega de Puigdemont sólo por malversación

Pablo Llarena no está dispuesto a que Carles Puigdemont regrese a España inmune al procesamiento por rebelión. Puesto que el Tribunal alemán de Schlewsig-Holstein ha aceptado la extradición únicamente por el delito de malversación, desistirá por el momento de la Orden Europea de Detención. Para que no se produzca una diferencia de criterio con los separatistas que sí se sometieron a su jurisdicción, el magistrado solo aceptará la entrega del expresidente de Cataluña por los tipos más graves.

De esta forma, Puigdemont no volverá a España próximamente. Existía un plazo de diez días si el requerido aceptaba la extradición en los términos acordados por el Tribunal alemán. Sin embargo, su abogado Jaume Alonso-Cuevillas había adelantado la intención de recurrir al Tribunal Constitucional del país la extradición incluso por el delito de malversación. Ha valorado la decisión "de ocho sobre diez".

Según fuentes del Tribunal Supremo, Llarena estudia dos opciones, dos próximas vías. Plantea en primer lugar la retirada directa de la euroorden mediante un auto. Comunicado a la Justicia alemana, Puigdemont quedaría sin cargos en el extranjero y solo sería detenido si pisa territorio español. Por otro lado, el Tribunal Supremo es competente para elevar una cuestión perjudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo. Consultaría al máximo interprete de la normativa comunitaria si el Tribunal de Schleswig-Holstein ha actuado con arreglo a la decisión marco que regula la extradición. Varios juristas sondeados por Libertad Digital están clamando contra la Audiencia alemana porque debía únicamente constatar si existen en su Código Penal delitos equivalentes a los referidos y "se han extralimitado", "han emitido un juicio de valor entrando en el fondo de la cuestión y su calificación".

Una respuesta contraria a los intereses de nuestra Justicia desembocaría también en la retirada de la euroorden. Puigdemont podría permanecer veinte años fuera del país hasta la prescripción del delito. La malversación de fondos públicos prevé penas de hasta ocho años para el infractor. Sin embargo, existe una modalidad agravada que conlleva hasta 12 años de cárcel "si el valor del perjuicio causado o de los bienes apropiados excediere de 250.000 euros", como es el caso.

Favorable a la aceptación de la extradición por ese delito está el hecho de que, una vez cumplida una hipotética condena, los tribunales podrían juzgar a Puigdemont por el delito de rebelión si permanece en España 45 días desde la puesta en libertad. No obstante, la Fiscalía también se inclina por el Tribunal de Justicia de la UE.