Alemania socorriendo a Carles Puigdemont. El Tribunal de Schleswig-Holstein ha confirmado la entrega definitiva del expresidente catalán. Aunque cumplimenta la Orden Europea de Detención, rechaza el delito de rebelión y, en todo caso, el de sedición, a los que aspiraban el Tribunal Supremo español y la Fiscalía de ambos países. La persona que lideró el referéndum ilegal para la separación de Cataluña y la posterior declaración de independencia podrá ser juzgada solo por malversación de caudales públicos, salvo que el juez Pablo Llarena retire sus pretensiones. El forajido quedaría sin cargos en el extranjero y nuestra Justicia estudiaría el traslado del procedimiento al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo.
La nota de la Audiencia alemana perfila los mismos argumentos que ha utilizado siempre desestimando la entrega por rebelión: "La magnitud de la violencia necesaria para la alta traición no fue alcanzada durante los altercados. Carles Puigdemont aspiraba solo a la celebración del referéndum y tampoco ha sido el zurcidor de la violencia". En relación a la malversación de fondos, "se ha comprobado comprensiblemente la corresponsabilidad en el empleo de recursos financieros a cargo de fondos públicos".
El presidente catalán Quim Torra ha considerado la publicación como "una gran noticia". "Demuestra una vez más los engaños y mentiras de una causa judicial que nunca debió iniciarse. Será en Europa donde ganaremos", ha expresado en Twitter.
La extradición acota los delitos susceptibles de imputar al requerido. Si Llarena acepta esta resolución, Puigdemont volverá a España, donde ingresará de forma inmediata en prisión incondicional ante el evidente riesgo de fuga. El traslado, que cuenta con un plazo establecido de diez días, se podría alargar hasta que el Tribunal alemán resolviera el más que posible recurso del requerido contra la malversación. El magistrado, que concluyó esta semana el sumario respecto de los procesados bajo su jurisdicción, sigue al frente de las diligencias contra los huidos.
El delito de malversación de fondos públicos prevé penas de hasta ocho años para el infractor. Sin embargo, existe una modalidad agravada que conlleva hasta 12 años de cárcel "si el valor del perjuicio causado o de los bienes apropiados excediere de 250.000 euros", como es el caso.
Situación de Puigdemont
La extradición se hará efectiva cuando considere la Fiscalía General alemana que, en todo caso, no tiene margen para modificar el procedimiento. El Tribunal además ha resuelto que Puigdemont, que reside actualmente en Alemania, siga en libertad.
Con esta decisión, los jueces cumplen con la petición de la Fiscalía General regional, aunque solo en parte. El Ministerio Público, siguiendo la euroorden dictada por el Tribunal Supremo español, había solicitado a principios de junio por segunda vez tanto el reingreso en prisión del político separatista como su extradición a España.
Puigdemont fue detenido el 25 de marzo en un área de servicio del norte de Alemania en virtud de una orden de arresto europea emitida dos días antes por el Tribunal Supremo español. Tras pasar doce días en prisión, los máximos jueces regionales resolvieron dejar al político separatista en libertad bajo fianza a la espera de una decisión sobre su posible entrega a España. Desde entonces, Puigdemont vivió en Berlín y posteriormente trasladó su residencia a la región de Schleswig-Holstein a la espera del fallo judicial que espera se produzca en los próximos días.