El caso del Grupo Joly se ha convertido en el eje de la sesión del juicio de los ERE celebrada este martes en Sevilla. ABC y El Mundo cuentan el testimonio de Javier Millán, empleado público de la Consejería de Trabajo de la Junta encargado de revisar algunos expedientes, que expuso este martes cómo el Grupo Joly recibió 8 millones de euros de manera irregular de la dirección general de Trabajo de la Junta de Andalucía para, según el exdirector Francisco Javier Guerrero, ayudar a la expansión del grupo en el clima de "creciente competitividad del sector de la prensa diaria".
Las cabeceras del grupo en cuestión, Diario de Cádiz y Diario de Sevilla, entre las otras que componen el conglomerado en Andalucía, no han escrito una palabra sobre el tema en sus ediciones digitales. Pero es que otra de las grandes beneficiadas por las ayudas públicas de la Junta, la agencia Europa Press, en su crónica de la sesión de este martes del juicio, tampoco menciona al Grupo Joly.
Tampoco se encuentra eco alguno de lo ocurrido en la edición digital del diario El País. Ni en El Correo de Andalucía, cuyo grupo propietario actual, enfrentado puntualmente a la Junta de Andalucía como impulsores de la opción desechada en el caso de las Minas de Aznalcóllar, Emérita Resources España, ha visto cómo desde la Junta se ha procedido al cierre de su televisión local en Sevilla, que ha recurrido.
Como era de esperar, la competencia directa del Grupo Joly, ABC y El Mundo, sí dan cuenta del escándalo de la irregularidad mediante la cual el Grupo Joly obtuvo la ayuda de ocho millones de euros gracias a los cuales pudo extenderse por otras provincias andaluzas. Lo curioso es que el Grupo Joly es el más antiguo de Andalucía y, en su origen, fue el grupo liberal de prensa por antonomasia. Desde que fue cayendo en la órbita socialista, muchas de sus páginas se dedican sistemáticamente a la defensa política del gobierno del PSOE en momentos claves manteniendo una discrepancia en cuanto a la política económica seguida, si bien sin radicalismos. Emblemáticos han sido sus ataques contra la juez Alaya, por poner un ejemplo.
Ya en el libro La Tela de Araña andaluza II: el poder de un régimen se expuso parte de este hilo de la tela de araña que ha sostenido al PSE en el gobierno durante casi 40 años. Por ejemplo, se decía, respecto a la publicidad institucional que "en la relación obtenida en el Boletín Oficial de la Junta desde 2006 a 2008, los grandes beneficiados son los grupos amigos, el de El País y el Grupo Joly, propietarios ya de la mayoría de los diarios provinciales y locales y cómo no, el grupo El Correo de Andalucía, controlado directamente por el PSOE (por aquel entonces).
Este martes, en el juicio, testificó Javier Millán, entonces jefe de servicio del Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla). Millán contó al tribunal, explica El Mundo, que juzga la pieza política del caso ERE cómo la Junta se saltó todos los controles y exigencias legales para inyectar dinero en el Grupo Joly, que también ha aparecido recientemente en el caso del fraude de la formación.
De hecho, el Grupo Joly aparece en los correos electrónicos que se han rescatado de los papeles y documento del exconsejero de la Junta, Ángel Ojeda, imputado en el caso del fraude de la formación. Pues en ellos, Ojeda califica al grupo Joly de "prensa afín".
ABC dice textualmente: "La Junta de Andalucía firmó un protocolo con la empresa editora de los periódicos Diario de Sevilla y Diario de Cádiz, entre otros, para otorgarle una subvención de ocho millones de euros para la 'expansión empresarial' del grupo propietario de las cabeceras.
Y añade: "La 'expansión empresarial' de la compañía privada Joly se llevó a cabo, por tanto, gracias a una subvención de la Junta de Andalucía que no cumplió ninguno de los requisitos legales establecidos. No fue publicada por la administración, ni se dieron a conocer los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad obligatorios porque no hubo bases que regulasen la elección de la empresa subvencionado y los importes. Ni siquiera consta tampoco la autorización preceptiva del Consejo de gobierno de la Junta para ayudas superiores a tres millones de euros".
Ayer en el juicio se conoció el documento, firmado por dos funcionarios de la Junta de Andalucía encargados de controlar algunos expedientes –Grupo Joly, González Byass, Franja Pirítica de Huelva y Fertiberia-, en el que ambos valoran los procedimientos. Ayer declaró uno de ellos, Millán, actualmente portavoz de Ciudadanos, sostén del gobierno del PSOE andaluz, en el Ayuntamiento de Sevilla. El lunes pasado lo hizo su compañera Alicia de la Peña, que se ratificó en el informe subrayando las irregularidades y arbitrariedades observadas.
Subrayemos de su intervención que el sistema montado para otorgar este dinero: "Era un monumental ninguneo al Derecho administrativo". Ninguno de estos expedientes llevaba una sola firma de funcionarios públicos. Todas las ayudas se otorgaron "de manera arbitraria". La Junta no le facilitó la información que pidió para poder establecer conclusiones, por lo que no pudo «comprobar si los trabajadores beneficiarios cumplían el requisito de ser mayores de 52 años», que era indispensable para poder acceder a las ayudas.
En ninguno de los cuatro casos, dijo Millán, se siguió "el procedimiento legalmente establecido", por lo que las ayudas "se concedieron de manera totalmente arbitraria» y "ninguna estaba justificada previamente". Además, la Junta no hizo seguimiento del dinero y las empresas beneficiarias no justificaron su destino.
En el caso del Grupo Joly, adquiere un gran relieve el hecho de que la ayuda de 8 millones de euros, algo más de lo previsto en un principio, se otorgara sin constar siquiera la petición formal de la empresa ratificando la impresión de "compadreo" con empresas amigas que da todo el caso de los ERE.
El caso González Byass
Europa Press sí se refiere a los otros casos que no son el Grupo Joly, especialmente el de González Byass. Explica que Millán fue secretario del informe sobre el expediente de González Byass, en el que le "llamó la atención" que el protocolo de colaboración recogiera que la Asociación de Trabajadores iba a solicitar una ayuda a la Junta pero "nada acreditaba la solicitud" de la misma. "Cualquier ciudadano con sentido común entiende que cualquier fondo público que sale tiene que estar soportado por una solicitud, una publicidad de las ayudas y con arreglo a derecho; y nada ocurrió aquí", dijo.
En el informe de este expediente, testificó Millán, recogieron, entre otras cuestiones, que el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, presente este martes en la sesión, formaba parte de González Byass desde la fecha de su nacimiento. "Entendimos que era un error, pero lo destacamos porque nos chocó".
Añadió que en el ERE se incluía a 91 trabajadores pero que en la póliza de González Byass había 94, tres personas que presentaban discapacidad. "No parece compatible que una persona con incapacidad pueda recibir una ayuda a la prejubilación, aunque había que estudiar el caso", aclaró.