Tras el acercamiento, la libertad. El separatismo no disimula su euforia por el traslado de los golpistas presos a cárceles catalanas y exige el siguiente paso, la puesta en libertad. Se preparan apoteósicos recibimientos. De entrada, los Comités de Defensa de la República (CDR) han "decorado" los accesos a la cárcel de Lledoners, la de los hombres, a setenta kilómetros de Barcelona, con plásticos amarillos y las pintadas habituales a favor de la república y de la liberación de los "rehenes" del Estado. Tanto la Assemblea Nacional Catalana (ANC) como Òmnium Cultural han convocado a sus bases para recibir a los cabecillas del golpe de Estado. Se ha previsto una caminata desde el municipio de Sant Joan de Vilatorrada hasta la prisión de Lledoners y también una concentración ante la cárcel de Puig de les Basses, en Figueras, reservada a la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la exconsejera también de ERC Dolors Bassa. Ambos actos, a las siete de la tarde, podrían coincidir con la llegada de los presos, por lo que Diana Riba, esposa de Raül Romeva, "exministro" catalán de Exteriores, ha pedido a las organizaciones separatistas que en ningún caso se provoquen problemas de tránsito que puedan comprometer el traslado. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena también ha dado luz verde para el acercamiento de los exconsejeros convergentes Quim Forn, Jordi Turull y Josep Rull, que recalarán en la misma cárcel que los jefes de la ANC y Òmnium y los exconsejeros de ERC.
El acercamiento de los presos golpistas ha reactivado a las entidades separatistas, que habían entrado en una fase de indefinición, dudas y disputas internas. Así es que además de procurar una recepción que los encarcelados puedan percibir se ha puesto manos a la obra para organizar una gran manifestación en Barcelona el próximo 14 de julio.
Más exigencias del 'Govern'
El traslado ha servido también para que el gobierno catalán redoble sus exigencias de cara a la reunión del próximo lunes en Moncloa entre el presidente Sánchez y el "president" Torra. La portavoz de la Generalidad, Elsa Artadi, ha deslizado que su ejecutivo tiene la intención de abordar tres carpetas: autodeterminación, presos y la oferta que pueda hacer Sánchez. Los nacionalistas exigen ahora la puesta en libertad de sus líderes en prisión preventiva, el decaimiento de las acusaciones y un referéndum pactado. Y dicen manifestar cierta curiosidad por lo que pueda proponer el Ejecutivo socialista
Artadi sólo representa al grupo de Puigdemont, puesto que ERC difiere de la estrategia de Junts per Catalunya (JxCat) y prefiere adoptar un papel menos maximalista y más práctico, negociar, explorar todas las posibilidades que abre la situación del Gobierno Sánchez, "ampliar la base" y fomentar un clima que favorezca un debilitamiento judicial. La distensión es lo que menos le interesa a Puigdemont, que pierde fuelle ante las dilaciones de la justicia alemana respecto a la orden de extradición. El retraso entorpece la puesta en marcha de la "casa de la república" en Waterloo y toda la estrategia del fugitivo. La Generalidad le pagará todos los gastos mientras el tribunal de Schleswig-Holstein decide sobre los cargos por los que lo extradita. Puigdemont descarta la rebelión, pero teme la malversación.
Cambio radical
Entre tanto, el traslado supone también un cambio radical de marco comunicativo. La Generalidad es la única comunidad autónoma de España que tiene transferidas las competencias en materia de prisiones en virtud de un real decreto publicado el día de los Inocentes de 1983 que ratificaba el artículo 11.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979. Según la propaganda separatista, la cárcel de Lledoners es un centro de "inspiración nórdica" en el que los reclusos participan en la gestión del centro y no son separados por tipologías delictivas. En cuanto la prisión para Forcadell y Bassa, se trata de un centro para hombres con un módulo femenino situado a escasa distancia de los domicilios de los familiares de Bassa en el que no se habrían puesto en práctica los "revolucionarios" sistemas de Lledoners.
El departamento de Justicia de la Generalidad, que ostenta en calidad de consejera la exdiputada en el Congreso Ester Capella, es el responsable de la gestión de estas cárceles, pero sus competencias no alcanzan para poner en libertad a los "presos políticos" habida cuenta de su condición de preventivos. Otra cosa son las condiciones de la estancia relativas a comodidades y comunicaciones.
Oriol Junqueras no ha soltado las riendas del partido en Estremera, pero competía en franca desigualdad de condiciones con el fugitivo Puigdemont, cuya campaña electoral y actividades de "exiliado" fueron amplificadas por TV3 en detrimento del preso en Estremera. La presencia de Junqueras en Cataluña eliminará muchas de las trabas comunicativas de los rigores carcelarios.
Oriol Junqueras es el presidente del partido en el que milita la consejera responsable a partir del miércoles de su custodia en la cárcel. La situación supone un problema estético y propagandístico de primer orden para ERC. Tanto la CUP, como los de Puigdemont y las bases de ERC apuestan por la desobediencia y la unilateralidad y consideran que los golpistas son presos políticos.
Se da por descontado que en la entrevista entre Sánchez y Torra no habrá acuerdos de calado. ERC quiere una interlocución propia con el Gobierno puesto que ni Torra ni mucho menos Artadi les representan. La "cumbre bilateral" será una foto y poco más ante las agendas propias de los socios de gobierno en Cataluña.