Una vez más, el Gobierno rectifica. Y lo hace sin tapujos y con contundencia. El ministro de Fomento, el valenciano José Luis Ábalos, ha aprovechado su presencia en el Senado para pedir la dimisión del presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, horas después de su detención por sendos delitos de corrupción: malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa.
"Es un hecho muy lamentable y vergonzoso. Me parece que el señor Rodríguez no puede seguir al frente de la Diputación. Entiendo que con la aparatosidad de lo que hoy ha ocurrido en Valencia, entiendo que ya no está en condiciones de ejercer dicho cargo", dijo en la comisión de partidos políticos en el Senado.
"Me parece tan aparatoso, tan escandaloso... que me cuesta pensar que es sólo eso que yo también he leído. El daño a la imagen es tal que ya no puede ser ni restituido. Incluso aunque se haya exagerado. Pero el daño a la imagen es tal que ya nadie lo puede arreglar".
Las palabras del ministro cobran especial importancia porque se trata también del secretario de Organización del PSOE que hasta este momento había fijado en el código ético la doctrina a seguir en este asunto.
Pedro Sánchez se escuda en el juicio oral
"Sorpresa", fue la primera palabra que surge de los dirigentes socialistas antela detención del presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, y otras dos personas de su entorno por dos delitos de corrupción. Un asunto sobre el que fue preguntado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en los pasillos del Congreso: "Déjeme verlo, no sé nada", dijo en un primer momento antes de afirmar que "se aplicará el código ético del PSOE".
Fuentes de la dirección socialistas dejan entrever su discrepancia con las detenciones: "No entendemos que se haya procedido a ello", explican en Ferraz, porque "se trata de unos nombramientos que se produjeron con algunos informes en contra y que, luego, fueron revocados".
Por ello, el PSOE no adoptará "medidas excepcionales" y se limitará a aplicar el código ético. Esto es: no habrá ninguna actuación hasta la comunicación formal de apertura de juicio oral. Unas normas internas que exigen que sea en ése momento procesal, el juicio oral, el momento en que un militante se vea forzado a abandonar su cargo público, suspendido cautelarmente de militancia y, en caso de condena, expulsado del partido.
Un código ético que no se cumple en todos los casos como, por ejemplo, el precedente de Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Ambos fueron suspendidos cautelarmente de militancia en 2016 cuando entregaron también sus actas de diputado y senador respectivamente.
PP y Ciudadanos a la carga
Un asunto por el que la oposición de PP y Ciudadanos ha arremetido contra el Gobierno durante el debate del Consejo Europeo en el Congreso. "Se le ha olvidado hablarnos del presidente de Valencia", ha reprochado con sorna el portavoz del PP, Rafael Hernando, al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
"Ése al que tampoco el señor Sánchez se ha acordado de mencionar cuando ha dado las gracias a las autoridades de Valencia por la llegada del Aquarius. Seguramente porque ya sabía que ha sido detenido por la Guardia Civil acusado de corrupción. ¿Va a asumir usted algún tipo de responsabilidad por esta detención? La misma que le pedía a otros, ¿va a asumirla usted?".
Sánchez no ha respondido en su turno de réplica mientras las peticiones hacia su persona se producían también en el pasillo del Congreso. El diputado valenciano, Toni Cantó, pidió abiertamente la dimisión del presidente de la Diputación de Valencia y añadió que "nos parece gravísimo que los valencianos tengamos que aguantar una vez más un tema de corrupción que, al fin y al cabo, es un caso más del bipartidismo".