Detenido el presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, en una operación contra la corrupción

El Juzgado de Instrucción nº9 de Valencia coordina las actuaciones en el marco de la llamada Operación Alquería. Como ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, la Guardia Civil ha detenido al socialista Jorge Rodríguez, presidente de la Diputación y alcalde de Onteniente. También a su jefe de gabinete Ricard Gallego, los actuales gerentes de Divalterra Xavier Simón y Agustina Brines, el secretario de la misma empresa pública José Luis Cuerda y el asesor Manuel Reguart.

Están bajo el foco delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en la contratación de siete altos cargos de Divalterra, la antigua empresa pública Imelsa, sin el visto bueno del Consejo de Administración. Según fuentes de la investigación, fueron elegidos a dedo con sueldos de 50.000 euros al año entre militantes del Partido Socialista de la Comunidad Valenciana y de Compromís.

La denuncia de la Fiscalía Anticorrupción habría contado el pasado mes de mayo xon el refuerzo de las sospechas presentadas por los representantes de Ciudadanos y el PP en Divalterra. Participan en el operativo los agentes de la UDEF, de la Unidad Central de Ciberdelincuencia y de la Jefatura Superior de Valencia.

Las diligencias están secretas y la investigación sigue abierta, según el TSJCV. Se han practicado registros en la Diputación de Valencia, las sedes del Ayuntamiento de Onteniente y en la social de Divalterra. También en las viviendas de los imputados.

Jorge Rodríguez es portavoz de la dirección del PSPV, una persona muy cercana a Ximo Puig y candidato a la sucesión. El PSOE ha anunciado la apertura de expediente informativo y que aplicará su código ético, según el cual los imputados tendrían que presentar su dimisión en el momento del juicio oral. Ciudadanos presentó en abril una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por los contratos entre 2015 y 2018 de alta dirección de Divalterra. Se hacían "apartándose de los principios de igualdad, mérito y capacidad" para "elegir a aquellos que la gerencia decida por ser militantes de sus partidos, evitando con ello la convocatoria pública de la plaza".

El caso Imelsa

Imelsa es el epicentro de otra de las grandes causas de corrupción en la Comunidad Valenciana. El sumario al que da nombre revela la disputa que se habría librado en el Partido Popular de la región entre la dirección provincial, presidida por Alfonso Rus, y autonómica, liderada por Francisco Camps. Según la investigación, solo compartían objetivo: acaparar dinero ilícito mediante un sistema eficiente y bien engrasado.

Responsables políticos de la Diputación y de varios Ayuntamientos se beneficiaban de su influencia con comisiones a cambio de amañar contratos públicos a favor de empresarios dispuestos a colmar sus bolsillos. La investigación arrancó en abril de 2015 auspiciada por una denuncia de Esquerra Unida que incluía una grabación comprometedora. En ella, se escuchaba a Rus contando billetes de quinientos euros, al parecer de comisiones ilegales, hasta llegar a "12.000 euros, dos millones de pelas". Aparece a su lado Marcos Benavent, exgerente de la empresa pública Imelsa y al que la Guardia Civil sitúa al frente del entramado corrupto. El caso Imelsa reúne ya a más de cien investigados entre personas físicas y jurídicas. Existen indicios de una retahíla de delitos: prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales.

"Los reyes magos" de Benavent

Otro de los anexos del sumario expone las turbias maniobras que habrían marcado el camino de la concejalía de Cultura en materia de contratación. Su titular con Rita Barberá de alcaldesa, María José Alcón, habría elegido sistemáticamente los grupos a los que se adjudicaban obras y servicios públicos. En conversaciones con Marcos Benavent se ve cómo el exgerente de Imelsa, en continua comunicación con Alcón, gestiona con las empresas el posterior cobro de comisiones, que luego se repartían.

En un extracto de las grabaciones, Benavent anuncia la llegada de los "reyes magos". Se refería a una mordida de 20.000 euros repartió con Alcón y el PP. Según informes de la UCO, este mismo método se extendió en el Ayuntamiento de Valencia para los concursos públicos de "obras de limpieza y mantenimiento de las fachadas de la Lonja", "Ejecución de las Obras de Limpieza y Consolidación de las Torres del Portal de Quart", "Ejecución de las Obras de Conservación y Restauración de los Puentes Históricos de Serranos y de la Trinidad (Fase 1)" y "construcción y explotación del Centro Cultural de la Rambleta".

En medio de este panorama de mordidas aparece también el nombre de Francisco Camps. El expresidente de las Cortes Valencianas denunció al Guardia Civil que le señala como gestor, cobrador y repartidor del botín del caso Imelsa.