La portavoz del Gobierno socialista Isabel Celaá anunció el pasado viernes después del nuevo Consejo de Ministros un paquete de medidas "para defender y proteger a las mujeres". Por ejemplo, comunicó que los servicios jurídicos del Estado estudiarán la personación en causas de naturaleza similar al procedimiento contra ‘La Manada’. Las declaraciones llegaban poco después de que la Audiencia Provincial de Navarra acordara la prisión eludible con el pago de unas fianzas individuales de 6.000 euros para los cinco jóvenes condenados en primera instancia por delito de abuso sexual con prevalimiento contra una mujer durante las fiestas de San Fermín en 2016.
Aunque se trata de una libertad provisional a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y el Tribunal Supremo hagan firme la sentencia –provocada además porque han cumplido el periodo de dos años de cárcel preventiva fijado por la ley, eso sí, prorrogable–, esta resolución provocó otro estallido social.
La Fiscalía General del Estado ha elaborado este lunes la respuesta directa:
Ante las declaraciones efectuadas por la Portavoz del Gobierno en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros celebrado el 22 de junio, en la que anunció que el Gobierno iba a estudiar la personación del Estado en defensa de las víctimas de agresión sexual, la Fiscalía General del Estado quiere informar a los ciudadanos de que la defensa y tutela de las víctimas está garantizada por la intervención del Ministerio Fiscal en todos los procedimientos en los que hay denuncia, por mandato constitucional (Art. 124 CE) y estatutario (Art. 3 del EOMF).
Esta ha sido, y continuará siendo, la posición y la práctica del Ministerio Fiscal en todos los procedimientos penales con relación a las víctimas, muy singularmente respecto de las que lo son de delitos sexuales, llevando a cabo su defensa integral, tanto en la vertiente penal como en todos los aspectos regulados en el Estatuto de la Víctima.
La contestación se produce después de que el Gobierno haya sustituido al fiscal general del Estado. Julián Sánchez Melgar dejó su asiento a María José Segarra.