Además de los casos, supercasos o midicasos, que son centenares, están los macrocasos de corrupción en Andalucía protagonizados por personas ligadas a o nombradas por el PSOE. El primer gran caso de la década 2010-2020, ha sido y es, sin duda, el caso ERE, que ahora tiene a la cúpula de la Junta de Andalucía sentada en el banquillo. El segundo, el del fraude de la formación para trabajadores, aunque descuartizado, sigue vivo en los tribunales y se está la espera de juicios importantes. Recuérdese el caso del exconsejero Ojeda para darse cuenta. Y ahora, en breve, comenzará el tercer macrocaso de la década: el caso Invercaria.
¿Qué era Invercaria? Invercaria era un artificio político de la Junta de Andalucía, una entidad pública de esas que conforman la administración paralela del gobierno andaluz donde nadie entra por méritos ni tras pruebas regladas, que tenía por objetivo ayudar a empresas andaluzas. Su carácter de entidad de capital-riesgo le confería la esencia de facilitar ayudas, no para salvar crisis, sino para promocionar y levantar empresas de relieve.
Pero, en realidad, Invercaria fue el instrumento de la Junta de Andalucía y de sus tecnócratas para ayudar a las empresas amigas, lo necesitaran o no. De hecho, cuando estalló el escándalo de las grabaciones que Cristóbal Cantos, el héroe jerezano, efectuó a la presidenta de Invercaria, Laura Gomis, se supo que se daba el dinero sin haberse realizado previamente ni investigación ni informe serio alguno sobre los beneficiarios. Es más, se pretendía que se confeccionaran informes a posteriori para justificar los dineros, fuera o no verdad, fueran o no ajustados a derecho, fueran o no éticamente defendibles. La ética no contaba en Invercaria.
Pues bien, ahora ya estamos en condiciones de anunciar, y así lo hace El Mundo hoy, que, aunque el caso fue igualmente destripado en diferentes piezas que pueden dejar de aportar una visión de conjunto del caso, diez de estos sumarios ya se han terminado de instruir por lo que de manera inminente se está ante la celebración de los juicios correspondientes, que tendrán lugar en plena vorágine política, con elecciones autonómicas, municipales y quien sabe si generales, en plena marcha.
Tras seis años de instrucción desde 2012, el juez instructor, Juan Gutiérrez Casillas, aprecia un fraude unos 8 millones de euros en las diez piezas terminadas del caso Invercaria, que tiene otras aún en fase de instrucción, en las que se contemplan delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias que afectan a exconsejeros, altos directivos de la Junta y empresarios beneficiados de forma irregular.
De los sumarios se desprende que la Junta empleó más de 8 millones de euros en proyecto empresariales variados que, nadie se explica cómo, resultaron fallidos a pesar de la inyección de dinero público.
De los diez proyectos que están contempladas en los sumarios ya terminados destaca el de Cedes Electria donde está procesado Federico Mañero, amigo de Felipe González, cuya familia ha tenido elementos en la dirección de Invercaria y exmarido de la eurodiputada socialista Elena Valenciano. También está procesado José Luis Manzano Seco, que se envolvía en la aureola del desarrollo sostenible en la época del gobierno Zapatero y articulista de la Fundación Ideas, que resultó ser el falseador de las cuentas de la empresa Isofotón, un proyecto fotovoltaico que se tragó 38 millones de la Junta.
En el conjunto de las diez piezas dispuestas ya para juicio, hay 55 imputados. Los principales son los ex consejeros de la Junta de Andalucía, Francisco Vallejo, que repetirá banquillo porque está también procesado en el caso ERE; el exconsejero José María Martín Delgado, que se montó una aerolínea andaluza con dinero de la Junta que se estrelló al poco tiempo, y naturalmente, el principal presidente de Invercaria, Tomás Pérez Sauquillo, que gobernó la entidad desde 2005 a 2010.
Algunas de las piezas significativas se refieren a empresas creadas en la provincia de Jaén, específicamente en La Carolina, de donde es oriundo el exconsejero Francisco Vallejo, el jefe del clan carolinense del PSOE al que pertenecía asimismo Pérez Sauquillo.
En todos los casos, las órdenes de entregar el dinero venían de arriba, bien de la Junta, bien de consejeros, bien del propio presidente de la entidad, y se concedía sin rigor alguno, sin informe preceptivo ni concurso público con publicidad y todos ellos bañados en un halo de "progreso" y "modernidad". En el caso de la pieza sobre la empresa Servivation, fue el exconsejero Vallejo quien ordenó a Pérez Sauquillo, que le facilitara la ayuda de 1.186.000 euros.
Otra empresa, EDM, localizada en Mancha Real (Jaén) cerró tras haber obtenido cuatro millones de euros de la Junta, de Invercaria y de los ERE. Aunque decía fabricar equipos electrónicos, parece que su especialidad real era captar el dinero público de todos los andaluces.
Y así, siguen casos como el de Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía, un portal fantasma que no funcionó jamás salvo para percibir 716.000 euros de la Junta; o el caso de la empresa Own Spa, de Bormujos (Sevilla), participada por el procesado Manuel Vizcaíno, ex directivo del Sevilla FC y actual presidente del Cádiz; o el de Aceitunas Tatis, de La Carolina, que consiguió 100.00 euros.
Otra empresa de La Carolina agraciada con el premio de Invercaria fue Fumapa, dedicada a carpintería metálica, que se embolsó irregularmente 300.000 euros cuando no era un proyecto, sino una empresa en la antesala de la quiebra. En este caso, se recuerda por su osadía el que sólo presentó dos folios manuscritos para lograr el dinero.
El caso del Operador Aéreo Al Andaluz fue escandaloso por cuanto era un ex consejero de la Junta, José María Martín Delgado, ex vicedecano, decano y rector de las Universidades de Granada y Málaga, a lo que hay sumar un puñado de distinciones, honores y condecoraciones, el que recibía el dinero de forma irregular de la Junta, 1,8 millones.
Lo más impactante del caso fue que la empresa de aviones que iban a trenzar el espacio áreo de Andalucía duró bien poco. Presentada con hurras y vítores como el primer operador aéreo andaluz, antes de dos años ya era una ruina. Tan vertiginosos comienzo y fin necesitaban una explicación. Pues bien, uno de los motivos que esgrimió Operador Aéreo Ándalus en 2009 para explicar sus pérdidas y su caos fue su "falta de conocimiento sobre el Ramadán" y así consta en la documentación judicial.
Famoso ha sido el caso Juana Martín, una diseñadora cordobesa acusada de los delitos de malversación y prevaricación, por haber obtenido ilegalmente casi un millón de euros. Menos célebre ha sido el caso Lolita Canalla, marca de ropa localizada en Tarifa, que recibió un préstamo de 100.000 sin informe alguno de Invercaria y que no devolvió nunca.