El Gobierno anuncia que se personará en el caso de la Manada y rectifica acto seguido

Es la tercera vez. Tercer Consejo de Ministros y tercera metedura de pata de la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá. En su estreno hace tres semanas lo hizo al anunciar el levantamiento del control económico a la Generalidad motivando la aclaración posterior del Ministerio de Hacienda en una nota de prensa; en el segundo, Celaá dio cifras contradictorias sobre las partidas destinadas a las pensiones tras anunciar el Gobierno la solicitud de un crédito al Tesoro; y este viernes ha vuelto a ocurrir.

En su intervención inicial, antes de dar paso al turno de preguntas, la portavoz gubernamental quiso hacer un anuncio sobre el caso de La Manada tras conocerse la puesta en libertad provisional bajo fianza de los acusados. "Vamos a estudiar que el servicio jurídico del Estado se personará en la defensa de las víctimas". Celaá mostró su "respeto, como no puede ser de otra manera" a las decisiones judiciales como parte del sistema judicial español pero añadió que "los hechos son muy graves. Son gravísimos. Y el Gobierno se hace eco de la preocupación social de las mujeres a las que vamos a proteger".

Y argumentó que "no todos los casos son iguales. Este es un caso de hechos probados gravísimos. Ella dijo no. Es la opinión en el ambiente social y es un hecho probado. El Gobierno habla de la mediación en este caso. Los demás, ya se verá".

Moncloa rectifica

Fuentes de Moncloa aseguraron posteriormente que la puesta en libertad "no nos ha gustado" y que entienden que este caso ha vulnerado claramente los derechos de la víctima. Pero la posición de la portavoz ha vuelto a durar poco. Otras fuentes oficiales salieron al término del Consejo a rectificar a la también ministra de Educación. "No vamos a intervenir en este caso sino en los futuros".

Primero porque "no cabe la intervención de la Abogacía del Estado en este caso porque ya ha recurrido la Fiscalía la decisión de la puesta en libertad". Y segundo porque ya hay una condena en firme. La decisión de este viernes –que no el anuncio rectificado– contempla que el Estado utilice a la Abogacía para personarse "como parte en la defensa de las víctimas de violencia sexual".