El papel que están jugando determinadas ONG en el Mediterráneo central recogiendo a inmigrantes ilegales que se encuentran a la deriva en pequeñas embarcaciones empieza a ser visto con recelo por algunos sindicatos de la Policía Nacional. Especialmente porque los recogen a escasos kilómetros de la costa de Libia para trasladarlos hasta puertos europeos, cuando algunos puertos de Túnez están a mucha menor distancia.
Alternativa Sindical de Policía (ASP), uno de los sindicatos con representación en el Consejo de la Policía, ha pedido este miércoles al Gobierno que estudie incluir en el código penal de nuestro país la actividad que están desarrollando estas organizaciones como delictiva. "Se adentran en aguas de Libia y Turquía para recoger a inmigrantes y trasladarlos a suelo europeo. La cifra supera ya los 150.000 extranjeros irregulares", dicen desde la organización.
Recuerdan que el artículo 318 bis del Código Penal español dice que todas aquellas personas u organizaciones que ayuden a entrar en territorio de la Unión Europea a personas de terceros estados vulnerando la legislación de entrada serán autores de un delito contra los ciudadanos extranjeros, pero que en el segundo párrafo del citado artículo se deja fuera de punibilidad a aquellos que lo hagan únicamente para prestar ayuda humanitaria.
"Salvo que se trate de un buque en situación de naufragio, avería grave por temporal o hundimiento, no se trata de un rescate, ya que un recate es cuando se produce un incidente ajeno a la voluntad de sus ocupantes. Sin embargo, a lo que nos enfrentamos es a algo que tanto la tripulación como el pasaje provocan para disfrazarlo de rescate humanitario y ser transportados a Europa, que es lo que tanto las mafias, como los pasajeros, pretenden", dicen.
"Por tanto, las organizaciones no gubernamentales no están rescatando inmigrantes irregulares, lo que están haciendo es trayéndolos a Europa, que es lo que ellos provocan y quieren. Y con su actividad están haciendo la última fase del trabajo que deberían hacer las mafias y que, por supuesto, cobran en suelo libio antes de haber zarpado", denuncian desde el sindicato policial.
La Unión Federal de Policía (UFP), otro de los sindicatos con representación en el Consejo de la institución policial, también ha mostrado su preocupación tanto por la actuación de estas ONG en el Mediterráneo como por la decisión del Gobierno español de abrir los puertos españoles el pasado fin de semana al Aquarius, una decisión que han calificado de de "buenismo irresponsable" y de "enorme error" político y geoestratégico.
"Hay que ser conscientes de que no se trata de un rescate, ya que un recate es cuando se produce un incidente ajeno a la voluntad de sus ocupantes, sin embargo, a lo que nos enfrentamos es algo que ellos mismos provocan y desean", por lo que el sindicato policial considera que tanto las ONGs como las armadas europeos que se encuentran en la zona no están "rescatando" sino "trayendo a Europa" a estos inmigrantes ilegales.
"El pasaje del buque Aquarius, no son refugiados, ya que no proceden de países en conflicto armado, sino que son inmigrantes irregulares. De hecho, antes de llegar han pasado por varios países donde podrían haber pedido refugio y no lo han hecho", continúan.
UFP recuerda que las mafias nigerianas y libias, apoyadas por mercenarios sudaneses, que se dedican al tráfico ilegal de seres humanos desde el área del Sahel, hasta Europa, cobran a los inmigrantes subsaharianos por dos tramos (unos 2.000 euros por cada uno). El primero, desde los países del Sahel hasta los puertos de Libia, y el segundo tramo, desde los puertos de Libia hasta puerto europeo.
"En este segundo tramo, las mafias les cobran por trasladarlos en buque agua adentro, justo hasta el punto indicado en el GPS donde saben que son interceptados" por las ONG y las armadas occidentales "y remolcados hasta Europa". Es decir, creen que las armadas o guardas costeras europeas y las organizaciones no gubernamentales "hacen la última parte de un trayecto que ya han cobrado las mafias".