La Junta de Andalucía quiere una política de Estado, no de gestos, sobre inmigración

Un Aquarius cada quince días durante 2017, con 20.000 inmigrantes llegados a las costas españolas sobre todo en pateras sin fotógrafos y otros dos Aquarius completos desde el viernes pasado, hacen aflorar las diferencias, por ahora suaves, entre la política de gestos del nuevo gobierno de Pedro Sánchez y la política de Estado y de nivel europeo que reclama Susana Díaz.

La llegada del Aquarius, un barco gibraltareño habitual en la descarga de inmigrantes en las costas europeas, a Valencia, fue saludada por más de 700 periodistas cuando el objeto de la acción de salvamento se refería a 629 inmigrantes. Sin embargo, sólo este lunes Salvamento Marítimo tuvo que hacerse cargo de 254 personas de seis pateras en el mar de Alborán. Con ellos ascienden a 1.398 inmigrantes –con 300 menores, subraya ABC–, los rescatados en el Mediterráneo español, dos veces el número de inmigrantes llegados en el Aquarius. Por si fuera poco, hay cinco cadáveres y 43 desaparecidos.

Mientras el 'gesto' con el Aquarius tenía resonancia internacional y un despliegue abundante de medios, las comisarías andaluzas están desbordadas, la Guardia Civil ha tenido que habilitar autobuses y los Centros de Internamientos de Extranjeros (CIE) han sido saturados por lo que ha sido preciso habilitar polideportivos en Cádiz, Jerez y Tarifa con asistencia de los servicios municipales y Cruz Roja.

Todos los inmigrantes rescatados tienen que pasar por las Comisarías hasta que un juez decida si son repatriados, si son expulsados o, en el caso de tener familia o de ser menores, si pasan o no a centros de acogida.

Como los CIEs están saturados, la Policía, para no dejarles en la calle con la orden de expulsión, les devuelve a los centros gestionados por ONGs o a los albergues provisionales. Allí son atendidos por servicios municipales, organizaciones como Cruz Roja les facilita un billete de autobús o tren a las personas que tiene familiares o compatriotas en algún punto de España.

En este clima de avalancha, tras la que aparece, como es ya habitual, la larga mano del gobierno marroquí que aprovecha las circunstancias para desviar la inmigración de su territorio a suelo español, parece natural que la Junta de Andalucía exija al gobierno de Pedro Sánchez una política de Estado, antes que un espectáculo de gestos.

De momento, las discrepancias se han manifestado muy tímidamente. La Junta andaluza no ha querido enfrentarse directamente al 'gesto' de Pedro Sánchez con el Aquarius pero ha recordado que en Andalucía hay Aquarius un día sí y el otro también y que una situación como esa exige medios y atención del Estado.

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, además de referirse al efecto concienciador del gesto de Sánchez en Valencia, dijo textualmente que desde hace meses, "en Andalucía cada fin de semana hay un Aquarius y entre semana también".

Por ello, tanto ella como la propia Susana Díaz, subrayaron que el tema de la inmigración no es de una ciudad o una comunidad autónoma, sino del Estado y que "ni Europa le puede dar la espalda a regiones como Andalucía, frontera natural, ni España se la puede dar a tierras de acogida como esta comunidad autónoma".

Susana Diaz insistió en que el problema de la inmigración no puede ser considerado como "un arma política" y que debe ser tratado, sobre todo, en origen no en destino, y que la política sobre inmigrantes "no es algo que se tenga que dejar en manos de las regiones del sur o las que estamos al lado de la migración, porque no es justo". Es más, se refirió a la colaboración leal y de coordinación total que ha existido entre la Junta de Andalucía y el gobierno del PP en esta materia desde la Delegación del Gobierno de Andalucía.

El Mundo se refiere, además, a las declaraciones del presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, exponiendo que el Gobierno de Pedro Sánchez ha "ignorado" a Andalucía, poniendo toda la atención política y los recursos en la asistencia en Valencia, con un dispositivo extraordinario que implicó a un total de 2.300 personas entre policías, Guardia Civil, abogados, traductores o asistentes.

Por ello, ese despliegue, "sin precedentes", debería provocar una reacción más contundente del Gobierno de Susana Díaz en demanda de una política coordinada, que poco tiene que ver con "hacerse una foto" aprovechando "el sufrimiento de las personas".

IU y Podemos también han alzado la voz para que la Unión Europea preste atención a lo que ocurre en el Sur y garantice los derechos de las personas rescatadas.