Quince responsables del proceso separatista han elevado el auto de procesamiento construido por Pablo Llarena a la Sala de lo Penal, la máxima instancia del Tribunal Supremo concebida como superior jerárquico de los jueces de instrucción. Son el expresidente Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras; los líderes de la ANC y Ómnium Cultural Jordi Sànchez y Jordi Cuixart; los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Clara Ponsatí (huida en Escocia), Lluís Puig (fugado en Bélgica) y la expresidenta del Parlamento Carme Forcadell. Todos ellos están procesados por el delito más grave, de rebelión, y algunos por malversación. También los exmiembros de la Mesa Joan Josep Nuet y Anna Simó, procesados por desobediencia, y los exconsejeros Carles Mundó y Santi Vila, por desobediencia y malversación.
Escuchadas las alegaciones de los letrados de la defensa, tres magistrados del Alto Tribunal ratificarán o modificarán la resolución de Llarena, que siempre a contado con el respaldo de la Sala. Sin embargo, el instructor dejó por primera vez el pasado 9 de mayo la puerta abierta a la recalificación de los hechos: en vez de rebelión, se refirió a la posibilidad de conspiración para la rebelión –de apreciar el requisito de violencia– o incluso del tipo menor de sedición que no precisa de esa circunstancia.
¿Suspensión de funciones?
Si la Sala confirma el auto de procesamiento, concurrirían los criterios establecidos por el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la suspensión de funciones de los once 11 investigados procesados en firme por el delito de rebelión y sobre los cuales pesa la medida cautelar de prisión incondicional. La suspensión sería de igual manera posible respecto de los fugados de la Justicia española.
Se daría en el caso de Puigdemont, Junqueras, Sànchez, Turull, Rull, Romeva y Comín, que mantienen su acta como diputados en el Parlamento catalán. Por otro lado, Bassa, Ponsatí, Puig y Forcadell no podrían acceder en un futuro a ningún cargo público ni presentarse a unas listas electorales mientras se encuentren en la cárcel. La aplicación de este artículo se mantendría hasta que haya una sentencia, que de ser condenatoria supondría penas de inhabilitación.
La Sala de lo Penal denegó por adelantado las alegaciones de VOX contra el archivo de la causa en relación al expresidente Artur Mas y la presidenta de la AMI Neus Lloveras. Llarena explicó que la investigación no ha incorporado ningún elemento probatorio que vincule a estos dos individuos con el ejercicio de la violencia desplegada.