Operación abierta en el Ayuntamiento de Gerona por un supuesto fraude millonario que salpica a Carles Puigdemont y a Roger Torrent. En coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, la Guardia Civil ha irrumpido a primera hora en el consistorio en el marco de la investigación a la empresa que gestiona el agua en la ciudad, además de en los municipios de Salt y Sarriá de Ter, que están también bajo el foco.
Según ha informado el Ministerio Público, "las entradas y registros practicados el 19 de septiembre" en la misma causa ha facilitado el acceso a "documentación de la que se infiere la posible comisión de los delitos de prevaricación, malversación, apropiación indebida, prevaricación y falsedad en documento mercantil por parte de los que fueran responsables políticos" de los tres ayuntamientos.
Esos alcaldes que fueron: en la ciudad de Gerona durante los hechos investigados, el expresidente de la Generalidad Puigdemont; el actual presidente del Parlamento, catalán Roger Torrent, en Sarriá; y el expresidente de la Diputación de Girona Jaume Torramadé en Salt. "La investigación persigue determinar el origen del dinero con el que se adquirió el fondo [de arte] Santos Torroella y, en su caso, el posible uso de fondos públicos que estarían relacionados bien con el canon acordado en 2013" en la prórroga del contrato de aguas, "bien con partidas presupuestarias del ejercicio 2014, al menos, en el Ayuntamiento de Girona", explica la Fiscalía Anticorrupción.
La colección de arte fue adquirida por 3,9 millones de euros.
La operación estalló en septiembre de 2018, cuando la Guardia Civil practicó una quincena de registros relacionados con la empresa mixta que gestiona la concesión del agua Agissa, participada por un socio privado, Girona SA y sus administradores. El Juzgado de Instrucción número 2 de Gerona requirió información al Ayuntamiento. Interrogó por la adquisición del fondo artístico Rafael Santos Torroella, comprado supuestamente con el canon de la renovación de la concesión del servicio de aguas.
Según fuentes de la investigación, los indicios apuntan a un desvío de 15 millones de euros mediante los contratos para la gestión del agua. Por ejemplo, se habrían producido cobros de intermediarios por servicios inexistentes o inflado facturas para el posterior reparto de mordidas. El servicio depende desde el inicio de la instrucción directamente de los ayuntamientos como medida cautelar ordenada por el juez.
La investigación comienza en 2015 gracias a una denuncia de la CUP contra la empresa que abastecía de agua a los tres dominios.