Las primeras 48 horas de caos del Gobierno Sánchez

Cuando el pasado viernes en Moncloa el recién estrenado equipo de comunicación se veía obligado a anunciar una nota posterior del Ministerio de Hacienda sobre lo comunicado por la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ya se atisbaba que la medida no estaba clara. "¿Pero esto es el 155 o el control económico específico?", preguntaban los periodistas. "Luego os informarán en Hacienda", respondían en Moncloa con sonrisas sostenidas y despedidas apresuradas.

Hubo que recurrir a múltiples fuentes en la tarde del viernes para contrastar la realidad de que el levantamiento del control de las cuentas no había sido un "gesto de normalización" hacia Cataluña, como ha vendido el Ejecutivo recién nombrado. Ni el Gobierno aprobó nada el pasado viernes en el Consejo de Ministros ni se publicó nada en el Boletín Oficial del Estado en los días posteriores.

La nota del Ministerio de Hacienda no se pillaba los dedos. "El Ministerio de Hacienda informa al Consejo de Ministros sobre la culminación del levantamiento de los controles financieros a la Generalitat de Cataluña vinculados al artículo 155". El departamento de María Jesús Montero, nombrada en la víspera, "informaba", no actuaba.

En efecto, el Consejo de Ministros no actuó, en contra de lo explicado al día siguiente por la titular de Política Territorial. Meritxell Batet informó de que se había llegado a un "acuerdo exprés del Consejo de Ministros" que no tenía nada que ver con el artículo 155 sino con la supresión del control económico específico acordado en 2017 después del 1 de octubre. Según fuentes gubernamentales consultadas por Libertad Digital, éste incluía la revisión de las cuentas de la Generalidad de forma semanal y el control bancario por el que los bancos debían conceder pagos a través del Estado y no directamente a través de la administración autonómica.

Lo anunciado por Batet, que contradecía la nota de Hacienda, es, a su vez, lo contrario de lo anunciado hace menos de un mes por el hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En su reunión en Moncloa con Mariano Rajoy el pasado 15 de mayo, Sánchez se comprometió con él a mantener el control económico específico sobre las cuentas catalanas, según informó el PSOE en una nota de prensa posterior vendiendo la "firmeza" de las dos principales fuerzas constitucionalistas. Algo por lo que el PP puso el viernes el grito en el cielo: Sánchez había "roto su promesa" para hacer guiños a los independentistas.

El enfado de la dirección era sincero hasta el punto de que registraron una petición de comparecencia del presidente del Gobierno para explicar este extremo. Pero, a última hora de la tarde del viernes, otras fuentes parlamentarias alertaban de una "última decisión de Montoro" que evidenciaba que "todos mienten". Una decisión publicada en el BOE el 22 de diciembre de 2017 y por la que el control económico previo quedó subsumido en el artículo 155 de tal manera que si decaía el uno, decaía lo otro. La revelación de esta noticia no se la explican ni siquiera en el PP. Fuentes parlamentarias se limitan a decir: "No lo entiendo. No entiendo qué perseguía Montoro".

Tras esta ceremonia de la confusión, la conclusión es clara: el Gobierno ha vendido como "gesto" una decisión del anterior Ejecutivo gracias a la confusión de unos, el silencio de otros y el desconocimiento de quienes han de explicar públicamente la decisión. Traducción: caos informativo y más de tres días para explicar qué ha pasado aunque no por qué. Todavía.