La sentencia principal del caso Gürtel, relativa a la Época Primera de la trama de Francisco Correa (1999-2005), ha hecho temblar los cimientos del Partido Popular con su abrupta salida del poder tras la moción de censura de Sánchez. El fallo incluye fatídicas referencias que resquebrajan la tesis de defensa sostenida por la formación. Por ejemplo, que se trató de "un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional", "una estructura de colaboración estable" entre el partido y las empresas del cabecilla.
La resolución –que contó con un voto particular en sentido contrario– señala que testigos de la talla de Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Pío García-Escudero e incluso el actual presidente del Gobierno Rajoy afirmaron "la falta de credibilidad de dichos papeles" y negaron "la existencia una Caja B en el partido". Sin embargo, valorando "lo que significaría reconocer haber recibido estas cantidades, en cuanto reconocer la percepción de pagos opacos para la Hacienda Pública, que si bien entiende que no son delictivos, pudieran ser considerados por los testigos como merecedores de un reproche social, como también vendrían a admitir la existencia de una Caja B en el seno de una formación política a la que pertenecen o han pertenecido", el Tribunal concluye que el "testimonio no aparece como suficiente verosímil para rebatir la contundente prueba existente sobre la Caja B del partido".
El Partido Popular se defiende ahora señalando a los responsables concretos que cumplirán condena. Sin embargo, la lista de dirigentes de la formación investigados en casos de corrupción crece prácticamente cada semana: el último caso, el de quien fuera ministro de Trabajo Eduardo Zaplana, que habría cobrado más de 10 millones en comisiones por el amaño de contratos como presidente valenciano.
La formación de Rajoy tiene en los próximos meses un sinfín de cuentas pendientes en los tribunales. Litigios que giran en buena medida alrededor del extesorero Luis Bárcenas, condenado por primera vez a 33 años y cuatro meses de cárcel, y de la supuesta financiación ilegal del PP que constituye en sí misma una pieza separada.
La incombustible Gürtel
El Tribunal Supremo avaló íntegramente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana sobre el caso Fitur. Confirmó el amaño de contratos en la Consejería de Turismo a favor de las empresas de Correa para la feria de turismo Fitur entre los años 2005 y 2009. El cabecilla de la trama fue condenado a 13 años de cárcel, su número dos y exsecretario de organización del PP gallego Pablo Crespo a 13 años y tres meses y el hombre enlace en Valencia Álvaro Pérez 'el Bigotes' a 12 años y tres meses. Están cumpliendo ya la pena junto a la exconsejera en el Gobierno de Francisco Camps, Milagrosa Martínez, a la que se impuso nueve años de prisión.
Está visto para sentencia en la Audiencia Nacional el caso de financiación irregular del PP en la Comunidad Valenciana, relacionado con la organización de campañas electorales en los años 2007 y 2008. El exsecretario general de la formación Ricardo Costa reconoció que se financiaron con dinero negro por orden de Camps –que está fuera de la causa, aunque la Fiscalía anunció acciones cuando se conozca el fallo–. Como también admitieron nueve empresarios, éstos pagaban Orange Market y el resto de sociedades de la trama por los actos electorales del partido a cambio de las adjudicaciones amañadas que recibían desde las distintas administraciones.
Correa, que se juega siete años y tres meses de cárcel más, implicó también a Alberto Fabra. La Fiscalía Anticorrupción pide para Costa cuatro años y tres meses y para el excivepresidente de la Generalidad Vicente Rambla seis años y medio de prisión. Resta en esta vertiente valenciana la vista oral sobre la pieza relativa a los contratos de la Radiotelevisión pública RTVV con motivo de la visita del Papa Benedicto XVI en el año 2006. Figuran como como principales imputados Camps, el expresidente de las Cortes Juan Cotino y el obispo auxiliar de Valencia Esteban Escudero.
El Juzgado de Instrucción nº2 de Valencia investiga a Camps por corrupción relativa a la celebración del Gran Premio de Valencia de Fórmula 1 entre 2008 y 2012.
La Audiencia y otros tribunales abordarán también las ramas de Gürtel en Boadilla del Monte (Madrid), considerada el origen de la investigación y que abarca hasta el año 2009, además de sus relaciones con AENA y el Ayuntamiento de Jerez (Cádiz).
Dos causas derivadas
Esta macrocausa troceada llamada Gürtel ha provocado además la apertura de otras dos grandes investigaciones. En primer lugar, los llamados "papeles de Bárcenas". La Audiencia Nacional reabrió este caso a raíz de las declaraciones de Correa y más investigados en la trama. Son claves los documentos en los que el extesorero del PP anotó de su puño y letra presuntos pagos en B a altos cargos del partido, entre ellos, M. Rajoy, R. Rato, Paco A.C., D. Cospedal y así sucesivamente.
Registros de la Policía Nacional derivaron en un procedimiento vinculado a la reforma de la sede del PP en la calle Génova de Madrid. De acuerdo con la investigación, al menos 1,2 millones de euros de esa obra se pagaron en dinero negro.
Las operaciones Púnica y Lezo
Aunque Audiencia Nacional condenó a Francisco Granados, exconsejero madrileño, y al agente de la Guardia Civil José Manuel Rodríguez Talamino a dos años de cárcel por el chivatazo, la pieza principal de la Operación Púnica está aún pendiente de juicio. Se refiere a la red de corrupción – indiciariamente muy similar a la Gürtel– que recibió el impulso del cabecilla y David Marjaliza: un empresario y un hombre fuerte del PP que, primero en Valdemoro y despuésen una quincena de ayuntamientos, principalmente de la Comunidad de Madrid, pero también en la Valenciana, León y Murcia, habrían aunado fuerzas con colaboradores para sangrar a las arcas públicas.
Por un lado, con la concesión de contratos públicos a empresas que se entregaban a la corrupción: como conseguidor, Marjaliza localizaba a firmas dispuestas a pagar comisiones a cambio de adjudicaciones. La segunda vía consistía en la compra de terrenos rústicos a bajo precio y la posterior recalificación de los suelos valiéndose de la influencia de Granados para explotarlos a través de la venta de parcelas. Afecta a casi a medio centenar de personas en distintas operaciones y piezas.
La instrucción atribuye a Ignacio González un papel en la llamada Operación Lezo. Son alrededor de 70 investigados, entre ellos, el exgerente del Partido Popular de Madrid Beltrán Gutiérrez Moliner, el presidente de la constructora OHL Juan Miguel Villar Mir y el exdelegado del Gobierno de Aznar en Ceuta Luis Vicente Moro.
La causa "inmanejable" de más de 13.000 folios describe un desvío de fondos en la expansión en Sudamérica del Canal de Isabel II. En concreto, a las adquisiciones por sobreprecio de las empresas Inassa –dirigida por el imputado Edmundo Rodríguez Sobrino, exconsejero de La Razón– y Emissao. Estas operaciones derivaron el 26 de abril en la imputación de Alberto Ruiz-Gallardón, que fuera presidente madrileño y ministro de Justicia, el exconsejero y expresidente de la empresa pública de agua Carlos Mayor Oreja y al exconsejero de Presidencia Manuel Cobo.
Se investigan también irregularidades en la adjudicación y en la explotación y gestión del Canal Golf, que habrían recaído en el entramado empresarial del hermano y el cuñado de González, o en la licitación del tren de Navalcarnero, con una supuesta comisión de 1,4 millones de euros depositada en 2007 en una cuenta en Suiza, al parecer gestionada por testaferros. El pagador sería Javier López Madrid, consejero de OHL y yerno de Juan Miguel Villar Mir, y el presunto receptor, Ignacio González. Respondería a una contraprestación por el amaño del contrato. Casi una década más tarde, el proyecto –estimado en 362 millones– está enterrado por impagos.
El caso Lezo incluye también el supuesto desvío de un millón de euros públicos para financiar la campaña de la formación en las elecciones autonómicas de 2011.
Alicante y Valencia capital
El caso Brugal de corrupción arrancó con la detención del entonces presidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas de diez años de prisión para los exalcaldes del PP de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, a quienes acusa de poner el urbanismo de la ciudad al servicio de Enrique Ortiz, uno de los empresarios que confesó la financiación ilegal del partido.
Pese a que la muerte de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá aminoró la atención de los medios a la Operación Taula, la investigación sigue abierta como pieza del caso Imelsa. Analiza un desvío de fondos públicos y la colocación de personal de confianza de distintos partidos en una empresa pública valenciana, liderada por el ‘yonki del dinero’ Marcos Benavent. Medio centenar de personas están imputadas por blanqueo de capitales en la modalidad de pitufeo o smurfing: consiste en reunir a muchas personas para que efectúen transferencias bancarias en pequeñas cifras a diferentes cuentas. Reciben dinero negro en un primer momento y, al realizar los movimientos de cantidades exentas de control bancario, los fondos quedan lavados.
Según la investigación, la secretaria de organización del PP en el Ayuntamiento de Valencia María del Carmen García Fuster entregaba a los concejales y asesores del partido sobres con 1.000 euros para que participaran en el pitufeo. La formación habría recibido así entre el 23 de marzo y el 15 de abril 50.000 euros. El sumario recoge una conversación en la que María José Alcón, exconcejal en el Ayuntamiento valenciano, se lo explica a su hijo: "Yo les tenía que hacer una transferencia legal para blanquear dinero, vamos, corrupción política total".
La Operación Pokémon de corrupción político-empresarial afecta también a políticos del PP, además del PSOE o BNG, en Galicia y otras comunidades autónomas.
Rodrigo Rato y Jaume Matas; Arístegui y de la Serna
El exvicepresidente de Aznar Rodrigo Rato está investigado por el supuesto origen ilícito de su patrimonio y por contratos de publicidad como expresidente de Bankia. La Audiencia Nacional lo condenó a cuatro años y seis meses por las tarjetas black.
Mención aparte merece el exministro Jaume Matas, al que se le acumulan los casos y las piezas separadas del Palma Arena, la construcción de un velódromo mientras fue presidente de las Islas Baleares. En una de sus ramificaciones, el caso Nóos, fue condenado a tres años y ocho meses de cárcel. Sigue pendiente del procedimiento por la construcción del hospital universitario Son Espases en Palma de Mallorca.
Cierran la lista dos casos más: el de Pedro Gómez de la Serna, que quedó excluido del Partido Popular, y el exembajador de España en la India Gustavo de Arístegui, que habrían operado una trama para el cobro de hasta 250 millones de euros en comisiones ilegales a cambio de trabajos de intermediación para que empresas nacionales consiguieran contratos en el extranjero. Por otro lado, el caso Acuamed, la empresa pública estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas cuyos directivos habrían aceptado entre 2007 y 2014 comisiones millonarias de constructoras a cambio de adjudicaciones infladas. Está bajo sospecha, por ejemplo, el exsecretario de Estado de Medio Ambiente Federico Ramos de Armas.