La Guardia Civil acredita un desvío de 3,2 millones de euros públicos al 1-O

La Guardia Civil ha acreditado el concierto de cada uno de los actores separatistas para alcanzar la independencia de Cataluña planteada tras las elecciones del 27 de septiembre de 2015. "Objetivo que persiguieron aprobando en el Parlamento catalán las denominadas leyes de desconexión, de referéndum y autodeterminación, de transitoriedad jurídica y fundacional de la república y con a supuesta legitimidad y respaldo de las urnas del referéndum que se celebró el 1 de octubre de 2017".

De esta manera, el expresidente Carles Puigdemont y los miembros de su Gobierno, especialmente tras la reestructuración del mismo en julio de 2017, impulsaron la consulta y después de anunciar los resultados, procedieron a la proclamación de la república "unilateralmente". "Todo ello dentro de un plan debidamente consensuado y respaldado con el compromiso de los miembros del Ejecutivo que, de no haber existido, difícilmente habría permitido la sostenibilidad del desafío secesionista".

El atestado cuantifica las cantidades que la Generalidad destinó a la celebración del referéndum ilegal del 1-O, individualizando importes en Departamentos concretos que han comprometido gasto, reconocido deuda o incluso, sufragado pagos.

"En base a ello –y sin tener en cuenta el gasto generado por el Grupo Parlamentario Juntos por el Sí, la ANC, ni por MN2S Management Limited–, se han contabilizado los servicios que han sido solicitados por la Generalidad y realizados por las distintas sociedades requirentes, por lo que se puede determinar que el Gobierno catalán abonó la cantidad de 1.588.188,05 euros y tiene pendiente de abono 1.664.848,56 euros , ascendiendo la suma total destinada al referéndum del 1-O a 3.269.236,61 repartidos entre Presidencia, Vicepresidencia, Trabajo, Salud, Cultura y Diplocat.

Figuran conceptos como la emisión de anuncios en TV3, Cataluña Radio y otros medios digitales, la creación de la publicidad para el registro de catalanes en el exterior y su difusión en medios, la creación de la web pactopelreferendum.cat, la impresión de carteles, el servicio de reparto de cartas certificadas con el nombramiento de la mesa y las tarjetas censales, el aplicativo para inscribirse como voluntario, la rehabilitación de la nave anexa al CTTI para disponer un Call Center, los servicios de observadores internacionales y del grupo de expertos Helena Catt más los costes de sus vuelos, alojamientos y alquileres de espacios y la traducción al inglés de la página cataloniavotes.eu.

Pese a que la Guardia Civil destaca que estos pagos forman parte de una estrategia orquestada por el Gobierno con el apoyo del Parlamento y la cobertura de las entidades separatistas, señala en el informe a varias personas. Son la directora del Departamento de Presidencia Teresa Prohias, el secretario de Difusión y Atención Ciudadana Antonio Molons, Enric Vidal o el responsable de Ómnium Aitor Sampere.