En la declaración de María José Rofa, la testigo "protegida" de la juez Alaya, recogida por Europa Press destaca la afirmación de que desde arriba de la Junta se daban ayudas sociolaborales sin contar con la Dirección General de Trabajo detentada por Francisco Javier Guerrero, lo que en cierto modo descarga a éste del total de la responsabilidad de los procedimientos y ayudas y eleva hacia el conjunto de los órganos de gobierno de la Junta la responsabilidad. Además, denunció amenazas de sus superiores cuando examinaba el caos que se encontró en el sistema de tramitación de EREs y ayudas.
María José Rofa, asesora técnica de la Dirección General de Trabajo desde julio de 2008 y marzo de 2011, aseguró este lunes que "a veces el último que se enteraba que había que dar" algunas ayudas sociolaborales o a empresas en crisis de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares era el director general porque "venía desde arriba".
Rofa, investigada a su vez en una de las piezas separadas de los ERE, se dirigió inicialmente a la Sala para recordar lleva siete años en este tema colaborando con la Guardia Civil y la Justicia, aportando cuatro documentos explicando su labor y 135 documentos que apoyaban los otros anteriores. Recordó también que ha declarado más de 25 veces, siempre "colaborando y sin espíritu de defensa", sólo contando su situación en la Dirección General y "su situación de amenazas que vivió de sus superiores", que no identificó.
Las respuestas aportadas por Rofa sobre el caso son las siguientes:
- A veces, ni los directores generales se enteraban de las ayudas porque "venían desde arriba", sin precisar qué es este "arriba" y quiénes lo componían. Unas veces, podía ser un viceconsejero, como en el caso de Delphi y otras, incluso otras consejerías e incluso de la de Presidencia. A veces otros altos cargos.
- No se sabía lo que se pagaba ni lo que se debía porque cuando ella llegó a poner orden de la mano de la Consejería no encontró expediente alguno. "Aquí -en la Dirección General de Trabajo- nadie sabía nada, no había nadie encargado de las ayudas, como Guerrero lo llevaba", dijo.
- Le dijeron cuando accedió a su cargo de asesora que tampoco había normativa, "sólo un convenio con IDEA -convenio marco suscrito en julio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA-". Según su testimonio, conoció el convenio marco de 2001 cuando el despacho de abogados Garrigues se lo pidió en 2009 para hacer un informe sobre el procedimiento. "Fue una decepción, es simple. No había mucho en cuanto a normativa jurídica. Es un acuerdo de políticas de gobierno entre dos consejerías y no una cosa jurídica".
- Cuando comprobó lo qué se debía aún del pago de las ayudas, constató que ni siquiera había peticiones oficiales de ayudad sino notas de reuniones entre Guerrero y las empresas que luego las percibieron.
- Era imposible revisar el funcionamiento del procedimiento desde 2001 porque en la Dirección General de Trabajo "éramos tres gatos" trabajando en las ayudas, por lo que era "imposible" revisar todos los expedientes, sino que se trabajaba sobre la marcha y "tratamos de poner orden".
- En la Consejería de Trabajo entraba "todo el mundo" sin que se supiera para qué había sistemas de seguridad. Por ejemplo, eran habituales en sus instalaciones los mediadores Antonio Albarracín (Vitalia), José González Mata (Uniter) y Jesús Bordallo (Vitalia).
- Los pagos cruzados se adivinaron debido a la presencia de cartas de Guerrero a las aseguradoras mediadoras en las que se constataba que del dinero de una póliza debían abogar las ayudas a otros trabajadores.
- Sobre los intrusos, no se sabía nada porque "no teníamos motivos para pensar que pudieran existir intrusos". Supo de su existencia cuando saltó a la prensa el ERE de Mercasevilla. Pero Rofa añadió que los intrusos sólo podían ser incorporados con conocimiento de la Consejería y de la aseguradora que preparaba la firma de la póliza.
- Cuando ella llegó en 2008 había reclamaciones por impago de todo tipo: a las aseguradoras y a los despachos de abogados. Desde la Consejería se dio la orden de no pagar nada de la época de Francisco Javier Guerrero en la dirección general de Trabajo.
- Se cambió el procedimiento contemplado en el famoso convenio Viera-Fernández de 2001 porque se tenía conciencia de que aquel convenio no tenía base legal alguna.
- Tampoco existía fiscalización previa en las ayudas, algo de lo que fue consciente trabajando con Garrigues en el nuevo modelo.
Dado que su testimonio no terminó ayer por razones de tiempo, María José Rofa seguirá declarando este miércoles en la Audiencia Provincial de Sevilla.