La hipótesis de los investigadores esboza la típica trama de corrupción: políticos que abusaron de su poder de decisión para amañar adjudicaciones de contratos públicos en beneficio de empresarios oportunistas, amigos muchos de ellos, a cambio de un porcentaje del botín en forma de comisión. Esta Operación Erial está protagonizada por Eduardo Zaplana. Lo fue todo en el PP: alcalde de Benidorm, ministro y portavoz del Gobierno de José María Aznar, diputado, portavoz parlamentario, senador…pero fue en su etapa como presidente de la Comunidad Valenciana, entre 1997 y 2002, cuando habría movido hasta 10 millones de euros supuestamente ilícitos.
¿Quién es quién en el sumario?
Según fuentes jurídicas, la investigación nació en 2015 a raíz de un registro contra un viejo conocido en el universo judicial valenciano. Es Marcos Benavent, célebre por su arrepentimiento y posterior confesión en el marco de la Operación Taula de financiación ilegal del PP a nivel municipal y regional que salpicó a Rita Barberá. La Policía halló en el despacho de su abogado un documento en el que figuraban pagos presuntamente en negro por las licitaciones que se encuentran ahora bajo el foco de la titular del Juzgado de instrucción nº8 de Valencia. El autoproclamado "yonqui del dinero" declaró que un "ciudadano sirio" aún no identificado le entregó el informe.
Zaplana habría cobrado las comisiones millonarias en refugios fiscales, procediendo posterior y paulatinamente a la repatriación a España. De ahí los indicios de cohecho, blanqueo y fraude. El exministro de Trabajo habría contado con la colaboración del resto de detenidos e investigados que señaló la Fiscalía Anticorrupción:
La UCO de la Guardia Civil coloca como pieza fundamental a su exjefe de Gabinete Juan Francisco García Gómez. Suya sería la iniciativa del amaño de los dos contratos que conforman el grueso de la causa: el macroconcurso del Plan Eólico Valenciano –que contó con un presupuesto inicial de 450 millones y una inversión proyectada de 2.000 millones de euros– y la concesión de licencias para las estaciones de la ITV –con la venta de instalaciones por 37 millones de euros más la explotación del servicio por un periodo de 25 años prorrogable a 75–. Quien fuera la mano derecha de Zaplana en la Generalidad se pasó a la consultoría mientras presidía el Club de Baloncesto Estudiantes. Preparaba ahora la exposición de su proyecto de candidato a presidente de la ACB, pero la explosión de este operativo ha trastocado su plan.
Aparecen inmediatamente después Joaquín Barceló y Felisa López, un matrimonio afincado en Benidorm. Él es miembro de la peña El Picarol, fundada en 1991 como parte de las fiestas mayores de dicho municipio alicantino, y además ocupó altos cargos en el parque temático Terra Mítica y en la Agencia Valenciana de Turismo. Los investigadores les atribuyen el papel de testaferros, intermediarios mediante varias compras en el sector inmobiliario que servirían en realidad para la repatriación –por un entramado societario ideado y constituido por ellos mismos– del inmenso botín que Zaplana habría ocultado en Panamá, Uruguay o Luxemburgo.
De acuerdo con la investigación, el procedimiento se intensificó en los últimos años. La juez Isabel Rodríguez analiza qué operaciones han aprovechado para el blanqueo y qué porcentaje del dinero corresponde al expresidente valenciano.
Los agentes sospechan también de los hermanos José y Vicente Cotino, sobrinos del exdirector de la Policía y exvicepresidente autonómico Juan Cotino. Por un lado, sus empresas resultaron beneficiarias de las adjudicaciones supuestamente irregulares. En relación al Plan Eólico, mediante Sedesa. Esta sociedad liderada por Juan pasó a los mandos de Vicente cuando su tío dio el salto a la política. Obtuvo, entre muchas más concesiones de la Administración, una parte del cuantioso proyecto de energía renovable compartida con Endesa y Bancaja, esta última presidida por José Luis Olivas. Vicente reconoció ante un Tribunal el pago de una comisión de 580.000 euros a Olivas para que, en una operación compleja, vendieran sus partes. Se embolsó una plusvalía de 40 millones. Fueron condenados a año y medio de cárcel por falsificar una factura de supuesta intermediación que no obedeció a ningún trabajo concreto.
Vicente Cotino confesó también ante el Tribunal que enjuicia la pieza valenciana del caso Gürtel el pago de 150.000 euros a Orange Market, una empresa de Francisco Correa. De acuerdo con las conclusiones del juicio pendiente de sentencia, fue solo una aportación más de las muchas que los empresarios beneficiarios de contratos públicos adjudicados por administraciones gobernadas por el PP abonaron como contraprestación: así habrían financiado ilegalmente las campañas electorales del partido, cuyos actos preparaban y desplegaban las empresas de Correa.
Por otro lado, la Guardia Civil investiga si los Cotino pusieron sus sociedades a disposición de Zaplana para que ocultara su patrimonio supuestamente ilícito. Poseen la condición de investigados el propio Juan Cotino y la mujer de Zaplana Rosa Barceló, mientras que su secretaria personal Mitsuko Henríquez quedó en libertad. Completa la lista el economista Francisco Grau Jornet. En base a la investigación, quien fuera secretario del consejo de administración de la quebrada Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) desde 1998 hasta 2007 habría asesorado a su socio.