El comisario jubilado José Manuel Villarejo seguirá en prisión incondicional hasta nueva orden. El magistrado Diego de Egea ha ratificado la medida cautelar acordada el pasado 5 de noviembre por su colega de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Se mantienen las circunstancias que motivaron su encarcelamiento; también el de su socio Rafael Redondo, principales imputados en el marco de la Operación Tándem por delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales.
El magistrado rechaza los recursos para garantizar la eficacia de la investigación y teniendo en cuenta la gravedad de los hechos. No obstante, en vista de los informes médicos relativos a Villarejo, citado el próximo miércoles 30, revisará de nuevo la situación procesal después de la comparecencia. Redondo está llamado el día 31.
Lamela imputó también al excomisario de Barajas Carlos Salamanca, en este caso además por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Investiga por otro lado a la mujer de Villarejo y su hijo; y al vástago de Salamanca. Asuntos Internos analizó durante meses el entramado empresarial de los sospechosos, que se habrían dedicado a la reintroducción en España y otros países de la Unión Europea de fondos procedentes de la corrupción internacional en los negocios.
Según la Fiscalía Anticorrupción, tanto Villarejo como Salamanca se valían de las funciones propias de sus respectivos cargos policiales, "especialmente sensibles para la seguridad nacional", para obtener "elevadas sumas de dinero y regalos diversos". Todo ello a cambio de sus servicios especializados "de inteligencia" y de "facilitar la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio español".
Entre esas prácticas, destacaba la entrada de personas de nacionalidad guineana en España y la posterior regularización de su situación a través de las empresas de Villarejo. Este comisario de 67 años ha estado siempre en el ojo del huracán por todo tipo de escándalos relacionados con las supuestas cloacas de la Policía Nacional. Su nombre aparece vinculado con la elaboración en los años noventa del informe Véritas contra el exjuez Baltasar Garzón o el supuesto chantaje a Ignacio González (cuando era vicepresidente de la Comunidad de Madrid) por su ático en Estepona (Málaga) por el que se presentaron denuncias cruzadas.
Está relacionado con el caso del pequeño Nicolás, lo que le llevó a una guerra abierta con el comisario de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín Blas, que se conoció como la guerra de los comisarios. También con la supuesta agresión con arma blanca a la doctora Elisa Pinto, relacionada con el empresario Javier López Madrid, salpicado por la Operación Lezo y famoso compiyogui de la reina Letizia.
Por último, el comisario Villarejo también tuvo que declarar hace unos meses en los juzgados como testigo por la aparición de un pendrive perdido en un cajón de una comisaría con información relevante sobre el caso Pujol. El comisario Salamanca fue el máximo responsable de la seguridad del aeropuerto Madrid-Barajas hasta que fue imputado en la Audiencia Nacional en el sumario de la operación Emperador, la supuesta mafia china liderada por Gao Ping. La causa fue archivada y fue ascendido como segundo jefe en la Inspección Central de Servicios, un puesto dependiente de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional.