El PNV y EH Bildu, la coalición que integra a los herederos de Batasuna-ETA, están negociando las últimas semanas una propuesta de nuevo estatuto político para el País Vasco. En el preámbulo del mismo, que se hace público en pleno debate de unos Presupuestos Generales del Estado en los que el Gobierno necesita el apoyo del PNV, incluyen un modelo de relación entre la región y el Estado de "de igual a igual", basado en la bilateralidad y en una unión política de naturaleza "confederal".
En el texto se reconoce que el actual Estatuto de Guernica ha sido positivo, pero que no se ha desarrollado por el bloqueo de las transferencias por parte de los gobiernos centrales y por la doctrina "erosionadora" del Tribunal Constitucional y recoge que el "pueblo vasco es una nación" y que "Euskal Herria es un pueblo con identidad propia" que está "asentado geográficamente sobre siete territorios políticamente articulados en dos Estados, el español y el francés".
Propone varias denominaciones para la unión política que conforman Álava, Vizcaya y Guipúzcoa como "Comunidad Estatal Vasca", "Comunidad Foral Vasca", "Comunidad Nacional Vasca" o "Estado Autónomo Vasco" y señala que el nuevo estatus obedece a la "voluntad del pueblo vasco" de "actualizar los derechos históricos" sustentándose en la "voluntad libre y democráticamente expresada por la ciudadanía vasca", tanto a través de referéndum como en el Parlamento Vasco.
Con respecto a lo que considera el resto de territorios de la entelequia de Euskal Herria, para ser exactos, con Navarra y las áreas del departamentos francés de Pirineos Atlánticos que reivindican, y con los que dicen compartir "idioma, cultura y/o intereses sociales y económicos", contemplan la posibilidad de "establecer relaciones" políticas "desde el máximo respeto a la voluntad de sus instituciones respectivas".
Otra de las novedades más llamativas es la creación de forma oficial de la "nacionalidad vasca", a la que no tendrían derecho todos los ciudadanos de la comunidad autónoma, sino los que cumplan con una serie de requisitos que estarían recogidos en una ley que el Parlamento vasco aprobaría con posterioridad. Los otros ciudadanos tendrían un "residencia administrativa" en el nuevo ente político, manteniendo su derecho a utilizar los servicios públicos.
El texto acordado incluye asimismo un apartado relativo a la denominada "violencia política", con el que EH Bildu no está de acuerdo y ha pedido que se retoque en la Ponencia de Memoria y Convivencia, en la que no está el PP, en el que se habla de que el País Vasco ha sufrido en los últimos cien años cuatro experiencias "traumáticas": la Guerra Civil, la dictadura franquista, el terrorismo de ETA y los "contraterrorismos ilícitos".
"Siendo diferentes, los cuatro guardan un nexo común: el sufrimiento injustamente padecido y el esfuerzo por construir y defender, aún en las peores circunstancias, una convivencia democrática y una sociedad basada en la defensa de los derechos humanos, paz y libertad. La convivencia del futuro debe estar basada en una radical defensa de los derechos humanos y en la extensión y profundización de una cultura de paz que deslegitime el uso de la violencia", añade.