La Fiscalía alemana está con Pablo Llarena. El departamento del Ministerio Público en el estado federado de Schleswig-Holstein ha solicitado nuevamente la entrega de Carles Puigdemont a España por delitos de rebelión y, en este caso, alteración del orden público, el equivalente a nuestro tipo penal de sedición. Se alinea con los argumentos del magistrado del Tribunal Supremo sobre el uso de violencia instigada por los responsables del proceso separatista.
Está previsto que el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein, el land donde la policía alemana detuvo al expresidente catalán y que ya denegó la entrega, se pronuncie próximamente en relación a la nueva petición de la Fiscalía. Los magistrados que componen dicho órgano han confirmado que Puigdemont permanecerá en libertad provisional bajo fianza hasta que resuelvan definitivamente el procedimiento de extradición.
"Los disturbios alcanzaron tal dimensión que la Fiscalía General asume que debe procederse a la extradición también por rebelión. Según la ley alemana, no solo se le aplicaría el delito de alta traición –equivalente al de rebelión español–, sino también en cualquier caso por el delito agravado de perturbación del orden público", explica el Ministerio Público alemán. "La información transmitida por las autoridades españolas y, en particular, el estudio de los vídeos proporcionados muestran que los disturbios en Cataluña alcanzaron una dimensión que podría haber forzado al gobierno español a claudicar a las demandas de los separatistas".
El escrito de 13 páginas publicado por la Fiscalía alemana responde directamente a la primera resolución del Tribunal de Schelswig-Holstein, que denegó la entrega de Puigdemont por rebelión: "que las autoridades españolas no acabaran claudicando no cambia la interpretación bajo la ley penal alemana". Sobre la malversación, delito cuestionado también por el Tribunal Superior del land, la Fiscalía alemana recuerda que "no se pone en cuestión por el hecho de que el Gobierno regional obviamente no pagara algunos de los compromisos adquiridos".
La estancia de Puigdemont
Carles Puigdemont fue detenido el 25 de marzo al norte de Alemania. Ingresó en la prisión de Neumünster, donde permaneció doce días hasta que el Tribunal dictó la libertad provisional previo pago de una fianza de 75.000 euros. Tal y como establece la ley alemana, la extradición ha de resolverse en un plazo máximo de 60 días solo prorrogable cuando concurran circunstancias excepcionales.
La Fiscalía alemana reclamó en un primer momento la extradición por malversación y rebelión. El Tribunal de Schleswig Holstein denegó el segundo delito y solicitó más información sobre el desvío de fondos públicos.
Llarena ha abierto la puerta a la entrega de Puigdemont por otros delitos: sedición y conspiración para la rebelión. Envió documentación complementaria a la euroorden, 74 vídeos de la violencia en el proceso: imágenes del asedio a la comitiva judicial encargada de las detenciones y los registros del 20 de septiembre en la Consejería de Economía en Barcelona; altercados en colegios electorales durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017; cortes en las principales vías de transporte, entre ellas la del AVE; o insultos, amenazas y agresiones sufridas por agentes de la Policía y la Guardia Civil en Cataluña. Advirtió de que el Gobierno de los separatistas utilizó a la Policía autonómica a su antojo.