El mes de mayo y hasta el día 6 de junio Andalucía vive una primavera caliente gracias a las manifestaciones que se han convocado contra el narcotráfico en Algeciras, contra el desorden de la administración andaluza y contra una situación sanitaria cuyo deterioro es tal que gracias a la actividad de la Asociación dirigida por el médico Jesús Candel, Spiriman, ha saltado Despeñaperros. Que en el programa del doctor Wyoming, en La Sexta, le concediera a Andalucía el segundo premio a la peor sanidad de España, ya es un hito.
La primera de las manifestaciones tuvo lugar este jueves en Algeciras mientras, lo que son las cosas, tenía lugar un tiroteo en un barrio donde es frecuente el tráfico de drogas con cuatro marroquíes implicados u un policía herido. Mientras se producían los disparos, miles de personas participaban en la manifestación convocada por la plataforma"Por tu seguridad, por la de todos", en la que se integran asociaciones antidroga, sindicatos policiales y otros colectivos sociales.
Como es costumbre ya en Andalucía, los hay quienes ponían el acento en la necesidad de fortificar la lucha contra el narcotráfico en la zona con una mayor presencia y cobertura de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y quienes deseaban sacar tajada política orientando las críticas contra el gobierno actual del PP.
Naturalmente, el tráfico de drogas en la comarca del Campo de Gibraltar no empezó con este gobierno sino que extiende su historia a lo largo de décadas y tiene dos ejes esenciales: el bajo nivel de vida de la provincia de Cádiz y la presencia de Gibraltar como base y refugio de lanzaderas de todo tipo que llevan las drogas hacia las playas españolas.
Precisamente, fue la muerte de un niño al ser arrollado el barco de su padre por una de estas embarcaciones lo que ha provocado esta manifestación pero no debe olvidarle que la Fiscalía Antidroga de Cádiz, en un tenebroso informe de hace siete años decía textualmente que la droga era "un punto fuerte de la economía de Cádiz".
Es más, por Cádiz entra casi la mitad del hachís que llega a España y donde se producen los mayores porcentajes de procedimientos judiciales, de detenidos y de acusaciones. Por ello, dado que el dinero que mueve la droga es mucho, se ha convertido en el sostén de una provincia castigada por el paro (un 30 por ciento en enero de este año). Ya se hizo constar entonces la peligrosidad de las bandas y sagas familiares dedicadas a este tráfico.
Contra el desorden administrativo
La historia de la administración andaluza es la historia de un fracaso democrático agudo. Lo que podría haberse convertido en una administración pública ejemplar nacida con la Constitución y el Estatuto de Autonomía, se ha ido convirtiendo en un lodazal donde los principios de una Administración pública, imparcial, competente y eficaz al servicio de los ciudadanos fueron abandonados en pro del principio sectario de los gobiernos socialistas que han hecho y deshecho según sus intereses desde 1982.
Para resumir una larga historia digamos que la administración andaluza se compuso en sus inicios de los funcionarios adscritos de la Administración central que eligieron pasar a la autonómica y de los centenares de personas contratadas a dedo a lo largo de los primeros años por el primer gobierno socialista.
Posteriormente, la tradición seguida ha sido la de ir colocando en los diferentes ámbitos de la Administración Pública a personas que no tuvieran que depender de exámenes imparciales y en igualdad de condiciones con los demás, sino de favorecer a aquellos que de un modo u otro eran simpatizantes del régimen que empezaba a desarrollarse.
Además del dedo directo, hubo procedimientos como el interinato, todavía vigente si bien modificado por la existencia de las bolsas de trabajo controladas por los sindicatos, que al principio fueron colocaciones directas y posteriormente, contratos siempre vinculados a una "urgente" necesidad.
Hubo otros métodos más escandalosos como lo fue la erección de una administración paralela que llegó a disponer de 35.000 empleados según la UGT, que se situaban en Fundaciones, entidades varias, empresas públicas, etc.
El problema siempre ha sido el mismo. Una vez colocados, interinos y demás personal que no ha pasado las pruebas exigibles al funcionariado de carrera o laborales legalmente contratados, ¿cómo se hace para legalizar su existencia y para que ningún gobierno pueda, un día futuro, echarlos de la estructura de la Junta?
Para tener una idea somera hay que tener en cuenta que en Andalucía hay 17.000 interinos sólo en la enseñanza, casi un 20 por ciento del total de la plantilla, que son los que se han manifestado este jueves en Sevilla. No tienen plaza fija y quieren tenerla. Pero no mediante un concurso oposición sino directamente desde las bolsas de interinos para sustituciones computando tiempo y otros factores.
El método de extender el interinato, algo que ocurre asimismo en la sanidad andaluza donde hay cerca de 20.000 interinos, conlleva el problema constitucional de no poder "encajarlos" en la Administración mediante privilegios en puntos o méritos.
Otro de los problemas es asimilar a los contratados de manera directa sin mediación de pruebas regladas ni públicas ni en régimen competitivo de modo que puedan prosperar y mejorar su situación laboral. Sin embargo, una sentencia reciente del Tribunal Supremo permite a estos empleados de una Agencia de la Junta – pronto lo serán en todas -, la posibilidad de optar a puestos mejores.
Dice la organización de funcionarios andaluces, "Defiendo mi derecho y la gestión pública" sobre la sentencia: "La mayor golfería judicial desde la reordenación (decretazo y luego leyazo para incluir a todo este personal irregular en la Junta de Andalucía en los años 2010 y 2011). Ahora todos los enchufados del PSOE sean como sean podrán ocupar cualquier puesto…El fin de la administración y la igualdad, el mérito y la capacidad".
Todo este ambiente calienta motores para la que se espera será una gran manifestación el próximo día 10 en Sevilla, capitaneada por Spiriman contra la situación de la sanidad andaluza.