El sindicato de prisiones confirma en esRadio que Interior está recabando datos de presos etarras dispuestos a la reinserción con carácter "urgente", en plenas negociaciones del Gobierno con el PNV para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de este año. En declaraciones a Es Noticia, el presidente del sindicato, José Luis Pascual, recuerda que en 1998 el director de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, elaboró un listado de presos etarras que derivó en el acercamiento de 103 miembros de la banda a cárceles del País Vasco. Asegura que se trata de una situación "muy similar" tanto "en el fondo" de las preguntas sobre los presos de ETA como "en las formas".
Preguntado por el comunicado de Instituciones Penitenciarias en el que aseguran que la petición forma parte del "trabajo cotidiano", José Luis Pascual asegura que "ni mucho menos se trata de informaciones rutinarias" y destaca que esta solicitud coincide en el tiempo con el debate de Presupuestos y "probablemente" se ha tratado en la misma mesa de negociación. "No hay por qué negar una obviedad, el Estado tendrá que estar preparado para tomar las decisiones" y añade que "Prisiones debe ser transparente, sobre nosotros no debe recaer nunca la sospecha de tapar las cosas". "Los funcionarios de prisiones queremos que se trate a la sociedad como una sociedad adulta, no podemos estar en la parte oscura que se oculta", concluye.
La AVT y Covite denuncian que en la reunión que mantuvieron en Moncloa con el presidente, Mariano Rajoy y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, no fueron informadas de la petición de datos sobre presos etarras: "Dijeron varias veces que no había novedad", se quejan, y aseguran estar "decepcionadas".
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha insistido este jueves en un acto en Palma de Mallorca en el que ha coincidido con Consuelo Ordóñez, que "la política penitenciaria es la que ha sido, la que es, conforme a la ley, y la que será" y ha destacado que "no habrá impunidad" con la banda terrorista como demuestra, dice, la operación llevada a cabo hoy por la Guardia Civil para intervenir los bienes de más de 50 miembros de ETA que no han hecho frente a la responsabilidad civil con las víctimas del terrorismo a la que fueron condenados.