Los casos de la sex-black, el de la FAFFE y la formación de parados y el de los ERE desgastan a Susana Díaz

La batalla campal que está teniendo lugar en Andalucía entre el PSOE y el PP ha subido de nivel aprovechando el estruendo separatista catalán y ante la atenta observación, casi silenciosa, de Ciudadanos y su líder, Juan Marín, que va asumiendo de qué cantidad y calidad de corrupción ha sido encubridor en Andalucía.

Ahora, el PP descubre que los gastos de la sex-black fue de casi 15.000 euros; demuestra, con datos de la Guardia Civil que la Fundación Andaluza para el Fondo de Formación para el Empleo (FAFFE) era una fundación para el Empleo de socialistas y allegados y en el caso ERE, pone de manifiesto que las ayudas de la Junta en el caso ERE se daban sin documentación adjunta y consignadas en medio folio.

La subida de tono de las acusaciones de corrupción ha tenido una respuesta inmediata por parte del PSOE andaluz que ha destapado que el abogado principal del PP en el caso ERE, Luis García Navarro, llevaba diez años cobrando de Canal Sur un sueldo de secretario del consejo de la Radio Televisión Pública Andaluza, puesto incompartible con cualquier otra actividad profesional. García Navarro comenzó a representar al PP en el caso Mercasevilla, luego ERE y otros, desde 2009.

La sex-black: casi 15.000 euros en pagos

Mientras la Junta negaba que hubiera más de una tarjeta black de la FAFFE insistiendo en que los gastos de unos centenares de euros eran de hace diez años y ya había dado información de ella a la Guardia Civil, el PP ha descubierto que los gastos efectuados con la sex-black en el club de alterne Don Ángelo de Sevilla, ascienden a 14.737 euros.

Según el PP andaluz, "la Guardia Civil preguntó al propietario del club de alterne por el mecanismo de pago y devolución con la tarjeta, según consta en los atestados del caso Faffe. Y en los 39 apuntes contables que constan en 2010, hay una devolución, luego sólo cabe una interpretación. Se usó una tarjeta black de la Faffe por un importe de 14.373 euros".

El exdirector gerente de la Fundación FAFFE, Fernando Villén, dijo ayer a ABC que sólo pagó con la tarjeta de la FAFFE, y por error, 538 euros en una despedida de soltero y que lo devolvió a los pocos días al ser informado de su irregularidad por los entes de control de la Fundación.

El ex gerente de la FAFFE sostiene que "en ningún caso" endosó a la cuenta institucional un cargo de 14.737 euros, como señala el PP-A, pero no explicó cómo figura una devolución por esa cantidad en el extracto de movimientos de la cuenta del club de alterne aportado a la UCO.

El caso del enchufismo socialista

Los testigos de la FAFFE y la propia Guarda Civil han confirmado las investigaciones periodísticas que desde hace diez años revelaban que esta Fundación era, sin duda, un coladero de enchufados relacionados con afiliados del PSOE y sus familias, algunos de los cuales se dedicaban a dormir y leer el periódico o sencillamente no iban al puesto de trabajo como ya subrayó Libertad Digital.

El ex gerente de la FAFFE, Villén, no ha podido negar que, al menos, cuatro de sus familiares estaban colocados en la Fundación si bien ha precisado que en su tiempo sólo entró un sobrino y que los otros tres fueron colocados años antes en entes luego asumidos por la FAFFE.

A pesar de que Ciudadanos dice exigir "tolerancia cero" con la corrupción en Andalucía, algo que recuerda hoy el mismo diario citado, ninguno de sus dirigentes ha solicitado una Comisión de Investigación especial sobre el caso FAFFE en el Parlamento andaluz.

Al parecer, parece suficiente el que la Fundación haya sido subsumida en el Servicio Andaluz de Empleo donde siguen trabajando los mismos "colocados" que lo fueron en la Fundación cuyas cuentas han sido denunciadas por la Cámara de Cuentas por albergar diversos agujeros negros.

Al mismo tiempo, sigue la persecución contra el testigo protegido de la juez Alaya en el caso de la formación, Teodoro Montes. La Junta le ha abierto un expediente utilizando, según El Mundo, la solicitud de recusación contra él presentada hace más de un año por Comisiones Obreras, a través de su Fundación Formación y Empleo de Andalucía. Tómese nota de que Comisiones Obreras fue una de las acusadas por este funcionario ante la juez Alaya y en la Comisión de Investigación del Parlamento andaluz.

En esta última, Montes dijo que los agentes sociales andaluces, CCOO, UGT y la Confederación de Empresarios de Andalucía tenían un trato de favor en los fondos de la formación y que los tres se habían enriquecido de manera ilícita. Se refirió a que los sindicatos subcontrataban los cursos y que se quedaban con comisiones del 20 por ciento.

Ayudas irregulares sin papeles y sin control

De hecho, el ex director de Administración y Finanzas de la agencia IDEA Pablo Millán Márquez admitió en el juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE que IDEA pagó "una o dos veces" con fondos propios de la entidad ayudas de los ERE. Poco antes lo había negado diciendo que la agencia no pagó un solo euro sin haberlo recibido de la Consejería de Empleo.

Destaca el Diario de Sevilla que tal confesión implica el reconocimiento de una presunta malversación de fondos ya que fueron utilizados fondos de la agencia IDEA para suplir la falta de fondos de la Consejería de Empleo de la Junta que era quien pagaba las ayudas.

Además, otros directivos de la agencia IDEA insistieron en que en la concesión de ayudas nunca había documentos completos y reglados. Las ayudas se aprobaban "automáticamente" sin conocimiento de los convenios particulares que las sustentaban. Al consejo rector de la Agencia se le entregaba como "medio folio" o un folio donde se recogía la empresa, la cuantía y la cuenta de la Dirección General de Trabajo de manera "escueta"

Ninguno de los testigos declarantes ayer vio "ilegalidad" las ayudas ya que en el consejo rector de la Agencia IDEA estaban presentes la asesoría jurídica del IFA y Francisco del Río, máxima autoridad jurídica de la Junta en calidad de vocales que nunca plantearon cuestión de legalidad.

El abogado del PP cobra de Canal Sur

En esta ocasión,Juan Marín, líder de Ciudadanos, ha reaccionado indignadamente considerando un "verdadero despropósito" el que el secretario adjunto del consejo de administración de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Luis García Navarro, sea a la vez el abogado que representa al PP-A en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) y otros.

Diario de Sevilla da cuenta de que García Navarro fue nombrado secretario adjunto del consejo de la RTVA en 2008 y desde 2009 lleva los casos relacionados con los ERE, y algunos otros, en los tribunales, algo conocido por todos desde hace casi diez años. Sin embargo, ha sido este pasado lunes cuando La dirección de Recursos Humanos de Canal Sur ha abierto un expediente informativo a García Navarro para averiguar si su puesto es incompatible con el ejercicio privado de la abogacía.

A estas alturas, y tras nueve años de cobro cuando menos, ya debería saberse que su contrato laboral con la RTVA es a tiempo completo y que su puesto lo es en exclusividad, incompatible por tanto con cualquier otra actividad pública o privada. Todos los actuales miembros del consejo de Administración debían conocer su situación y nunca dijeron nada

El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, pidió el lunes explicaciones al PP sobre este contrato, pero la secretaria general de los populares andaluces, Dolores López, sostuvo que es la RTVA quien debe argumentar su contrato con el letrado que comunicó en su momento su pertenencia como socio a un bufete de abogados

Marín, en este caso, ha pedido explicación al PP, PSOE e IU, todos ellos presentes en el Consejo de Administración - donde no está Ciudadanos ni Podemos por bloqueo institucional deliberado de los actuales componentes – porque el puesto del abogado en la RTVA es "incompatible" con la realización de cualquier otra actividad profesional ya que cobra por ella más de 60.000 euros anuales.