Pablo Llarena trabaja desde la primera semana de abril en la solución a la huida de Carles Puigdemont. El magistrado del Tribunal Supremo guarda en la recámara una cuestión perjudicial para que la Justicia europea actúe si Alemania se enroca en la protección del expresidente de la Generalidad. Aunque no ha perdido la esperanza: el instructor de la causa contra los responsables del proceso separatista ha enviado un nuevo escrito al Tribunal de Schleswig-Holstein, el mismo que denegó la entrega por el delito de rebelión y cuestionó la malversación de fondos públicos.
La principal novedad es que ofrece una alternativa en la calificación jurídica de los hechos. En otras palabras, el juez plantea que, si el Tribunal alemán no aprecia el requisito de violencia necesario para el delito de rebelión, entreguen a Puigdemont por sedición. Recuerda Llarena que la cuestión fundamental es el quebranto –o, al menos, el intento– de la Constitución y reclama a sus colegas que se centren en el análisis de lo ocurrido: que manifiesten si la ruptura de un land sería delito.
Esta documentación complementaria a la euroorden incluye 74 vídeos. Imágenes del asedio a la comitiva judicial encargada de las detenciones y los registros del 20 de septiembre en la Consejería de Economía en Barcelona; los altercados en colegios electorales durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017; los cortes en las principales vías de transporte, entre ellas la del AVE; o los insultos, las amenazas y las agresiones sufridas por agentes de la Policía y la Guardia Civil en Cataluña.
Una insurrección violenta
Con la investigación avanzada y el procesamiento confirmado, Llarena comunica a la Justicia alemana que nuestra Fiscalía formulará la acusación no necesariamente por rebelión: "Puede optar por cualquiera de las calificaciones alternativas". El juez matiza las diferencias entre ambos delitos: el más grave exige "alzamiento violento y público con el fin de derogar, suspender o modificar la Constitución o declarar la independencia de una parte del territorio"; mientras que la sedición se produce por "un alzamiento público y tumultuario" para impedir "la aplicación de las leyes".
El magistrado referencia la votación del 1-O como la culminación de un proceso de rebelión en el que existió la violencia y cuyos responsables causaron graves daños a la economía nacional. Además, advierte de que el Gobierno de Puigdemont utilizó a la Policía autonómica a su antojo. Según el informe, los procesados "lanzaron a la población" contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y "desbordaron sin ningún pudor ni recato la contención que podía aportar el Poder Judicial del Estado".
Llarena afea que los Mossos incumplieron "las órdenes judiciales de cortar la insurrección" y optaron "por plegarse a las órdenes del presidente Puigdemont y su Gobierno, esto es, por favorecer las movilizaciones y posibilitar la realización del referéndum y, con ello, la declaración de independencia". Toda una estrategia para "que los procesados hicieran ver al gobierno de España que el control armado del territorio estaba en manos de los insurrectos" y por la que el Tribunal de Schleswig-Holstein "debería facilitar el enjuiciamiento" del fugado conforme a las leyes de "la comunidad que ha resultado agredida, más cuando los hechos impactan con la organización constitucional y democrática de Cataluña y de todos los españoles".
VOX, en apoyo a Llarena
VOX, a través de su abogado Valentín Quiroga, miembro del colegio de abogados Múnich, presentó otro escrito en el Tribunal de Schleswig-Holstein en el que solicita la revisión de su decisión con respecto a Puigdemont. El grupo justifica la extradición del expresidente autonómico a España por rebelión al apreciar violencia orquestada desde las instituciones catalanas. Explica las contradicciones de los argumentos que utilizó la Justicia alemana cuando lo comparó con el caso Schubart en Fráncfort.
En aquella toma del aeropuerto, según VOX, la violencia no fue organizada por las autoridades, sino que fueron protestas ciudadanas. En el caso del 1-0, el Gobierno catalán no suspendió el referéndum y llamó a la población a votar pese a que el TC había prohibido y declarada ilegal la iniciativa. La consecuencia del llamamiento fue que "parte de la población ejerciera resistencia contra las autoridades del Estado. Esta resistencia es equiparable con el delito de alta traición por violencia inevitable en Alemania. Carles Puigdemont no solo asumió esta violencia, sino que también fue promovida por el mismo, algo que en Alemania sería punible", sostiene VOX.
El partido de Santiago Abascal alerta al Tribunal alemán que el referéndum se llevó a cabo según lo planeado y la Generalidad realizó el recuento de votos y publicó de forma oficial su resultado: "La violencia ejercida fue de suficiente intensidad para alcanzar su objetivo de celebrar el referéndum ilegal".
VOX utiliza el caso del fallido golpe de estado de Hitler del 8 y 9 de noviembre de 1923, durante la República de Weimar, en la que fue condenado por alta traición, a pesar de que los acusados en ese caso también negaron la violencia, pretendieron ser juzgados por un tribunal regional –en vez del tribunal estatal que en realidad les correspondía– y con la participación de autoridades policiales, lo mismo que se viene produciendo en el golpe de estado de Cataluña. El escrito concluye que Puigdemont dispone de todos los medios procesales de defensa en España. Por ello, "una huida tolerada del procesado dentro de Europa erosionaría los pilares de la UE, la confianza entre los estados miembros y la vigencia del acuerdo Schengen".