Roger Torrent y los nuevos representantes separatistas de la Mesa del Parlamento de Cataluña están emulando a Carme Forcadell y sus predecesores en los asientos. Hacen de este órgano una instancia al servicio del plan de ruptura mantenido por los partidos de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, además de la CUP. De ahí que VOX se haya movido para que la Justicia depure responsabilidades en iguales términos.
El partido que preside Santiago Abascal ha presentado una querella en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Se dirige contra Torrent y los diputados Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Alba Vergés. Solicita con carácter urgente la detención, puesta a disposición judicial e ingreso preventivo en prisión sin fianza de todos ellos por supuestos delitos de prevaricación y desobediencia. Definen su reclamación "como único medio para evitar la reiteración delictiva, sin valorar las posibilidades de fuga que sus secuaces han demostrado durante los últimos meses y que han colocado a España en una situación muy delicada en el escenario internacional".
VOX entiende que han incurrido en esos tipos penales al admitir la tramitación por el Pleno de la modificación de la Ley de Presidencia de la Generalidad y Gobierno de Cataluña que permite la investidura a distancia. Una maniobra diseñada a medida y aprobada el 4 de mayo por el Pleno para la proclamación de Carles Puigdemont.
El querellante recuerda que la tramitación de la reforma se ha producido pese a las advertencias que les fueron notificadas personalmente por el Tribunal Constitucional a los querellados, mediante las medidas cautelares acordadas en un auto. Además, la modificación de la Ley contaba con el previo informe desfavorable del Comité de Garantía Estatutarias, así como de los letrados del Parlamento catalán, "lo que hace a juicio de VOX todavía más grave la actitud prevaricadora y desobediente de los querellados en un absoluto desprecio a la Constitución y al Estatuto de Cataluña".
La querella también solicita como medida cautelar que se prohíba la celebración de cualquier acto, pleno, sesión o reunión que someta a votación y/o, en su caso, aprobación y ejecución de la referida modificación de la Ley de la presidencia de la Generalidad, con remisión de los mandamientos necesarios al presidente del Parlamento de Cataluña para el cumplimiento de dicha prohibición.
En declaraciones a los medios de comunicación a la entrada del Tribunal Supremo, Santiago Abascal ha explicado que VOX, con el apoyo de un grupo de abogados que están actuando de manera totalmente desinteresada, impulsan la acusación: "Lo decimos con tristeza porque creemos que es realmente preocupante y serio que VOX esté haciendo en este momento lo que deberían hacer otras instituciones. Y que ante un golpe de estado la única respuesta del Gobierno de la nación haya sido el envío de unos papeles al Tribunal Constitucional. El presidente Rajoy y la vicepresidenta Sáenz de Santamaría amanecen cada mañana comprobando con horror que los golpes de estado no estaban en el temario de las oposiciones".