Hace unos días, saltaba a los medios de comunicación la decisión del juez encargado del caso del fraude de la formación en Huelva de elevar a los superiores del fiscal jefe de Huelva, Luis Fernández Arévalo, su insólita petición del archivo del caso tras haber apoyado su instrucción durante años. Con esta decisión, se liberaría de sospechas, en caso de prosperar, un conjunto de imputados, algunos de ellos bien próximos al PSOE de Huelva y especialmente, al número 2 de Susana Díaz en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez.
Lo ocurrido puede ser considerado, sin temor al error, como un "cambiazo" en toda regla. El pasado martes, día 4 de abril, la Fiscalía de Huelva, hasta entonces acusación pública en el caso del fraude de la formación en la provincia, solicitaba el sobreseimiento provisional de la pieza principal de la causa porque no consideraba "constitutivos de delito" los hechos investigados por la Policía Nacional en la operación EDU por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos.
Pero su inesperada metamorfosis judicial tuvo como respuesta la decisión del magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva que acordaba remitir la causa de los cursos de formación al superior jerárquico del fiscal para que informara si finalmente sostiene o no la acusación en la pieza principal, ya que considera "injustificado" que el fiscal pida el archivo "cuando meses antes había solicitado la confirmación del auto que especificaba los indicios de delito contra los acusados".
La aparentemente inexplicable decisión de Luis Fernández Arévalo puede comenzar a comprenderse, al menos en cierto sentido, en cuanto se conocen algunos detalles del tráfico de coincidencias que lo rodean. Recuérdese que otros tráficos de coincidencias semejantes dieron pie a la hipótesis de la "tela de araña" que sustenta el régimen que Tocqueville llamaría "despotismo blando" en Andalucía.
Luis Fernández Arévalo es un fiscal procedente de Sevilla donde fuentes próximas a la Justicia lo señalan como amigo personal del ex consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, con el que mantuvo intensas relaciones durante años. Ya se sabe que de Llera fue uno de los enemigos máximos de la juez Alaya y uno de los muñidores de la defensa de la Junta y los ex altos cargos de la Junta en los casos ERE y el fraude de la formación.
Es conocido además que Emilio de Llera era amigo personal de la familia de la juez Núñez Bolaños, sucesora de la juez Alaya al frente de los macrocasos de corrupción que afectan a la Junta de Andalucía en al juzgado de instrucción número 6 de Sevilla. Recuérdese como esta magistrada troceó el caso ERE, ya irreconocible, y cómo se negó a admitir la existencia de una trama política en el caso de la formación, que ahora trata de desvanecerse una vez troceado adecuadamente.
Una de las coincidencias que pululan en el caso del fiscal jefe de Huelva es que su decisión de archivo ha tenido lugar en 2018 y no antes. La coincidencia con la proximidad de unas elecciones autonómicas en Andalucía que, de convenirle a Susana Díaz, serán una realidad incluso antes de que se alcance 2019, año en que corresponde de todos modos convocarlas, es relevante. Llegar a las elecciones con el caso del fraude de la formación desactivado frontalmente tras las sucesivas desactivaciones parciales en otros juzgados, es una aspiración política no despreciable.
En torno al fiscal Fernández Arévalo rondan algunas otras coincidencias. La primera de ellas es que su esposa, Pilar Sepúlveda García de la Torre, fue propuesta por el PSOE – según algunas fuentes directamente por Susana Díaz -, como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Sepúlveda es licenciada en Derecho, especialista en Derecho Privado por la Universidad de Sevilla. Igualmente es experta en Victimología por el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología que preside otra afín al PSOE, Ana Isabel Cerezo Domínguez. Sepúlveda es, además, experta universitaria en Malos Tratos y Violencia de Género por la UNED y Máster en Recursos Humanos por el CEREM.
Pero la coincidencia principal es que ha sido durante años presidenta de la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales de Andalucía (AMUVI), una asociación de mujeres sin ánimo de lucro de ámbito andaluz cuya misión es la lucha contra la violencia y la discriminación que sufren las personas o colectivos más vulnerables. A esa asociación han llegado centenares de miles de euros en subvenciones procedentes de diversas fuentes de apoyo económico.
Sin embargo, una de las principales es la Junta de Andalucía. De hecho, una simple mirada distraída al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía demuestra esta corriente continuada de subvenciones. Por poner unos ejemplos:
Dirección General de Atención al Niño……………………..13.750.000 pesetas, 10 noviembre 1999
Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía……………………………………………………………….252.425,08 euros, 25 de febrero de 2004
Instituto Andaluz de la Mujer..……………………………………417.942,00 euros, 18 de marzo de 2010.
Consejería de Igualdad ………………………………………………..15.474,00 euros, 11de marzo de 2011
Habría que sumar y sumar para completar el cálculo total de las muchas subvenciones recibidas de la Junta de Andalucía desde hace más de veinte años por la asociación presidida por la esposa del fiscal jefe de Huelva, Luis Fernández Arévalo. Sin duda, superarán con creces el millón de euros.
Pero hay otro elemento en el tráfico de coincidencias que rodea al fiscal de Huelva. Se trata de su cuñada, María de los Ángeles Sepúlveda García de la Torre, doctora por la Universidad de Sevilla, licenciada en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Legal y Forense y experta en malos tratos y violencia de género, victimología y mediación familiar.
Recuérdese que el marido de la juez Núñez Bolaños, Julio Guija, es un alto cargo de los Institutos de Medicina legal y Forense, precisamente en Sevilla, donde obtuvo la dirección del ente provincial gracias, según publicó El Demócrata Liberal, a un "aupamiento" derivado de sus relaciones con el PSOE y la Junta de Andalucía.
En 2015 fue nombrada directora general de Violencia de Género, tras una larga carrera que había comenzado con la gestión de la empresa cooperativa agrícola Hermanos Sepúlveda (1988-1994). Luego fue la secretaria de AMUVI que presidía su hermana y luego muchas otras cosas.
Esto es, el tráfico de coincidencias que rodean al fiscal jefe de Huelva, Luis Fernández Arévalo, puede ayudar a comprender cómo un fiscal que ha defendido durante varios años la existencia de indicios de delitos en un caso de fraude de la formación en Huelva decide súbita e inesperadamente solicitar el archivo del caso una vez que éste estaba ya en proceso de juicio oral.