El Gobierno ha anunciado que recurrirá la modificación de la ley de presidencia de la Generalidad si el Parlament aborda el debate, previsto para este viernes. El grupo del expresidente Carles Puigdemont, Junts per Catalunya (JxCat), pretende, con el concurso de ERC y la CUP, que se pueda investir un presidente por correo electrónico o vía "Skype" y a tal efecto ha sorteado todos los obstáculos y dictámenes para cambiar la ley por la vía rápida. Sin embargo, la intención de Puigdemont no es, en principio, aprovechar los cambios legislativos para forzar su investidura.
El expresidente fugado habría descartado la repetición de las elecciones en favor de un nuevo plan, el "D", la investidura de un aspirante sin mácula judicial, alguien como Elsa Artadi, hasta enero alto cargo de la Generalidad intervenida, la alcaldesa de Gerona, Marta Madrenas, o el exdirector de la radio de Godó, Eduard Pujol. Pase lo que pase este viernes en el Parlament, la sesión tendrá una prórroga en Berlín, la reunión de fin de semana de JxCat con su líder, cónclave del que se espera el visto bueno definitivo para presumiblemente Artadi.
El anuncio del Gobierno respecto a la modificación de la ley de presidencia es una maniobra preventiva, por si Puigdemont cambia de opinión a última hora y decide presentarse a la investidura dado que se podría investir un candidato ausente. Munición de fogueo y movimiento de carril ante el Tribunal Constitucional para evitar tentaciones maximalistas y facilitar la investidura de Artadi.
El Ejecutivo de Rajoy pasa por alto los votos delegados de Carles Puigdemont y Antoni Comín. La Mesa del Parlament, en otro ejercicio golpista, decidió que los fugados podían votar por diputado interpuesto cuando el expresidente fue detenido en Alemania. El Gobierno no ha actuado, a pesar de que el Constitucional indicó en la admisión a trámite del recurso del Ejecutivo a una hipotética investidura de Puigdemont que no sólo no se podía presentar sino que tampoco le asistía el derecho a voto en tanto no se presentara ante las autoridades judiciales españolas.
Ciudadanos considera, en la línea del TC, que a diferencia de los exconsejeros en prisión preventiva, los evadidos Puigdemont y Comín no pueden ejercer el derecho hasta que se resuelvan las órdenes de extradición en su contra. El voto de ambos es crucial para que Artadi o cualquier otro candidato que no sea Puigdemont pueda resultar investido en segunda vuelta, toda vez que la abstención de los cuatro diputados de la CUP en segunda vuelta sería insuficiente para que el bloque separatista sacara adelante la investidura, una posibilidad que el Gobierno pretende disipar por la vía de hacer la vista gorda ante el voto de Puigdemont y Comín.
Los presos quieren que se forme gobierno, ERC también, el Gobierno hace todo lo que está en sus manos, Puigdemont duda porque maneja sondeos que le auguran una subida electoral y la Assemblea Nacional Catalana (ANC) sólo contempla la presidencia de Puigdemont. A la contra, Ciudadanos sostiene que un gobierno autonómico derivado de los votos de Comín y Puigdemont sería otra ilegalidad del proceso, de ahí que haya presentado un recurso de amparo ante el Constitucional para que suspenda la delegación de voto de los evadidos. Sin embargo, la suspensión cautelar sólo es de oficio cuando el recurso es gubernativo, por lo que el recurso de Ciudadanos no obliga a los magistrados a actuar de urgencia.
C's intenta evitar en el TC que que el Gobierno facilite la investidura de un presidente títere de Puigdemont. Los grupos separatistas no ocultan que en el caso de que se forme gobierno, ese gabinete estará supeditado a las directrices de una suerte de "consejo de la república" presidido por Puigdemont y con sede en la mansión de Waterloo aunque el fugitivo esté retenido en Berlín.
Candidato sorpresa
El plazo vence el 22 de mayo. Según los planes de JxCat, queda un margen de dos semanas para la investidura de Artadi o un candidato sorpresa. Puigdemont reclama calma. Dice que él tampoco es partidario de repetir las elecciones y en su grupo "estudian" la mejor manera de "cumplir el mandato del 21-D".
La actitud del Gobierno (apoyo de Rajoy a los jueces alemanes que liberaron a Puigdemont, declaraciones de Montoro sobre la "imposible" malversación en el referéndum ilegal y la retórica sobre la "necesidad de recuperar la normalidad" y "levantar el 155") indica a las claras que Artadi no sólo sería la candidata de Puigdemont, sino también la de Rajoy. Moncloa quiere cerrar cuanto antes el capítulo catalán con la formación de un gobierno que no esté presidido por Puigdemont. El PP no quiere que se repitan las elecciones para evitar su desaparición en Cataluña.
Por razones todavía no determinadas, la aplicación del artículo 155 de la Constitución le resulta más incómoda al Gobierno que a los afectados de la Generalidad. Este jueves en el Parlament, los grupos separatistas han vetado una comisión de investigación sobre el seguimiento y espionaje a políticos, periodistas y particulares no nacionalistas llevado a cabo por los Mossos d'Esquadra. Se trata de la documentación intervenida por la Policía Nacional a una partida de agentes de la policía catalana que pretendían eliminarlos en una incineradora industrial.
Espionaje a los no nacionalistas
La mayoría separatista ha eliminado por dos veces la creación de la comisión, primero en la Junta de Portavoces, y después en pleno tras las protestas de Ciudadanos, PSC, el PP y Catalunya en Comú-Podemos. El Parlament que ha investigado las cloacas del Estado por un reportaje de Roures emitido en TV3 se niega a montar una comisión con documentación relativa a las cloacas de los Mossos de la Generalidad. La coartada se basa en una gestión de Juan Antonio Puigserver, secretario general técnico del Ministerio de Interior y a la sazón del 155 secretario general en funciones de la consejería de Interior, que solicitó a la mesa del Parlament que anulara ese punto del orden del día porque el tema está "sub júdice", según ha denunciado el diario Crónica Global.
A pesar de todo, el portavoz popular en la cámara catalana, Alejandro Fernández, se ha sumado a las acerbas críticas de Ciudadanos, PSC y Podemos a la negativa de los separatistas a investigar el espionaje de los Mossos contra individuos connotados por su disidencia frente al nacionalismo.
Los "pacíficos" CDR
Ha sido el arranque del pleno, la tradicional bronca de cada sesión en la que los grupos parlamentarios separatistas arrasan el reglamento, pero en este caso con excusa servida por el Gobierno. La sesión también ha servido para que la mayoría en diputados del Parlament reivindicara las funestas actividades de los Comités de Defensa de la República (CDR). El Parlament nunca defrauda. Los encapuchados que cortan carreteras, cierran tiendas y amenazan a los ciudadanos son la última muestra de civismo a la catalana, según los grupos separatistas y Podemos. La oposición concede que el terrorismo callejero no es terrorismo, ni siquiera de baja intensidad. Según el presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, tal vez no se pueda hablar de terrorismo, pero sí de violencia. El Parlament ha determinado, en cambio, que los CDR son "gente de paz".