Ocurrió en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Una médica embarazada sacó el número 1 para el puesto de especialista en Radiofarmacia. Pero la gerencia del Hospital, entonces dirigida por la ahora consejera de Salud, Marina Álvarez, decidió no contratarla por no ser apta para el puesto y tampoco le buscaron un puesto alternativo ni adaptaron el trabajo a su estado.
El hospital negó la discriminación explicando que una embarazada no podía cubrir el puesto dejado por otra embarazada pero ahora un juez ha llamado "discriminación por razón de sexo" al hecho de haber dejado en la calle a la médica embarazada por el simple hecho de estar esperando un hijo.
El caso fue denunciado por la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) en los tribunales granadinos por la vía contencioso-administrativa y, según El Mundo, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Granada ha dado la razón a la médica denunciante en el fallo de la juez Estrella Cañavate Guerra.
Fue el día 5 de abril de 2017 cuando se convocó un proceso selectivo para la cobertura de un puesto de facultativo especialista en Radiofarmacia. La médica embarazada concurrió y logró el número 1 y así consta en la documentación oficial. Pero el 30 de mayo, el hospital le comunicó que no era apta para trabajar en la Unidad de Radiofarmacia por su estado de gestación.
La juez subraya en su sentencia que la Administración andaluza debía haber ofrecido a la médica otros puestos acordes con su estado y reubicarla en el centro de trabajo, pero que no lo hizo de ese modo. Sencillamente no la contrató. La gerente del hospital Reina Sofía de Córdoba era en ese momento Marina Álvarez Benito, ahora consejera de Salud del gobierno de Susana Díaz.
La sentencia abunda en la consideración de que los "tratos desfavorables en el trabajo basados en el embarazo o en la maternidad, al afectar exclusivamente a la mujer, constituyen una discriminación por razón de sexo, proscrita en la Constitución española". Y añade: "La negativa a contratar a una mujer embarazada constituye una discriminación directa basada en el sexo, incluso también cuando el estado de gestación impida ocupar desde el primer momento el puesto de trabajo".
La Junta puede recurrir esta sentencia, pero deberá hacer frente a la historia de denuncias del caso. El CSIF alertó a la entonces gerente y hoy consejera de Salud del atropello al que se estaba sometiendo a la médica embarazada e indicó a Marina Álvarez que, si la médica no podía incorporarse a su puesto en Radiofarmacia, debía hacerse una adaptación del puesto de trabajo "compatible con su estado de gestación actual", para que pueda compatibilizar la "vida familiar y laboral y el embarazo no le suponga una discriminación negativa". Lamentablemente la gerencia del Hospital confirmó que no iban a contratarla.