Continúa en Sevilla el juicio contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por crear o mantener un "procedimiento específico" con el que durante una década se repartieron 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria. El denominado juicio por los ERE fraudulentos ha acogido este lunes la declaración de un comandante de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, quien ha ratificado un atestado del que fue instructor y en el que se concluye que el sistema de concesión de estas ayudas "era conocido" por el Consejo de Gobierno.
El agente ha ratificado el atestado elaborado en mayo de 2012 durante la instrucción según el cual la Junta daba las ayudas investigadas con una "total falta de procedimiento desde el punto de vista administrativo" sin solicitud de las ayudas, publicidad ni norma reguladora y otorgadas por el director de trabajo cuando el competente era el consejero.
Todo ello considera que "era conocido" por el Consejo de Gobierno porque así lo manifestaron el ex interventor general Manuel Gómez y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y porque los informes del interventor señalando las deficiencias del sistema usado iban dirigidos a los consejeros de Empleo, Innovación y Hacienda (todos acusados).
También porque participaban en la elaboración de las fichas y modificaciones presupuestarias que afectaban a la partida de las ayudas y que recogían que las mismas eran pagadas por el ente público IFA (luego IDEA) mediante transferencias de financiación que le hacía llegar la Consejería de Empleo, un sistema que el interventor reiteró que era "inadecuado" porque eludía la fiscalización previa.
El investigador de la UCO mantiene que las transferencias de financiación sólo se podían usar para gastos corrientes de IFA y señala que era uno de los problemas "importantes" del sistema porque con su uso "el control se ve eludido"pero no el único sino que "era una acumulación de irregularidades".
El agente ha señalado que el interventor informó de "reiterados incumplimientos" y la "no implementación de medidas" para corregirlos, por lo que a su juicio debería haber elevado un informe de actuación (la alerta de ilegalidad que los acusados dicen que no llegó y por eso no pararon el sistema).
El exinterventor declaró que no hizo ese informe porque no vio menoscabo de fondos públicos pero para el agente de la UCO desde "el punto de vista policial el concepto de menoscabo se da". Ha puesto como ejemplo que "la Junta debía velar por el buen uso de los fondos públicos" y ello pasa por buscar la mejor oferta de aseguradoras con las que suscribir las pólizas de prejubilación que sin embargo venían dadas por conseguidores y mediadoras y supusieron pagar comisiones por encima del mercado según los peritos de la Dirección General de Seguros.
En los expedientes analizados para elaborar el atestado detectaron ayudas a empresas sin mediar ERE, para prejubilar a más trabajadores de los que había en plantilla, concentración de fondos en zonas como la Sierra Norte de Sevilla para las mismas empresas e "intrusos" (prejubilados en empresas para las que nunca trabajaron) que eran familiares de personas vinculadas al sistema, como el conseguidor Juan Lanzas o el chófer del exdirector de Trabajo, o con "afinidad política" del entorno del PSOE.
También ha señalado que a raíz de esa revisión y la documentación que la Junta mandó al juzgado descartan que se produjera una destrucción de documentos pero sí detectaron que se habían incorporado cosas para "completar los expedientes que estaban en la Dirección General de Trabajo" y que no se remitió "información que pudiera ser comprometida o de interés para la investigación".
Para el investigador, con la firma en 2001 del convenio marco entre la Consejería de Empleo y el IFA para pagar las ayudas a través de este ente se "desplazó" la normativa estatal o autonómica existente para regular este tipo de ayudas, en concreto la Ley de Hacienda Pública y el Reglamento de Subvenciones que elaboró la Consejería de Presidente tres meses después y que a su juicio debería haber derogado el convenio.
Y ha atribuido esa decisión a "los firmantes del convenio", el entonces consejero de Empleo José Antonio Viera y el presidente del IFA Antonio Fernández (en calidad de viceconsejero), pero también al exdirector de Trabajo Javier Guerrero "entre otros".