"Aunque el frente armado de ETA dejara en 2011 de matar, su herencia sigue viva. Prueba de ello es la participación de los acusados en movimientos por la liberación de los presos. El terrorismo no se ejerce solo a través de atentados o asesinatos; sino también con lesiones, coacciones y amenazas. La banda diseñó como uno de sus métodos para la expulsión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del País Vasco estas campañas de hostigamiento que han permanecido por ejemplo en la localidad de Alsasua, pero también en otras poblaciones de Navarra".
La Fiscalía ha expuesto este relato como parte de sus conclusiones en el juicio por la agresión a dos agentes de la Guardia Civil y sus parejas durante la noche del 14 al 15 de octubre de 2016 en el bar Koxka. El Ministerio Público eleva a definitivas sus peticiones de condena para los ocho acusados: 62 años y medio de cárcel para Ohian Arnanz por cuatro delitos terroristas de lesiones y amenazas; 50 años para otros seis Jokin Unamuno, Adur Ramírez, Jon Ander Cob, Julen Goicoechea, Aratz Urrizola e Iñaki Abad por cuatro delitos de lesiones en la misma modalidad; y 12 años y medio de cárcel para Ainara Urquijo solo por un delito de amenazas terroristas.
Las defensas negaron incluso aquel cliché de la pelea de bar; a pesar de las graves lesiones sufridas por las víctimas ni siquiera han reconocido la agresión. La Fiscalía ha sostenido que "los acusados, alentados por Unamuno y Ramírez, se concertaron mediante servicios de mensajería instantánea y el boca a boca con muchas más personas que no han sido identificadas para agredir de una manera salvaje y violenta a los dos guardias civiles que estaban disfrutando de la noche con sus parejas".
Para el representante del Ministerio Público "se trató de un ataque premeditado y organizado con una finalidad muy clara: demostrar que quienes mandaban son ellos, los del pensamiento único y excluyente que deciden qué personas viven en su pueblo y quienes no. Y además con el objetivo de que sirviera de aviso para el resto de los habitantes de la población, para que hagan ese vacío a los agentes y a sus familias".
El fiscal José Perals ha recordado que "el teniente intentó corregir la situación de aislamiento" que vivía la Guardia Civil en Alsasua "celebrando fiestas patronales e invitando a los vecinos, relacionándose con la gente; incluso se echó una novia del pueblo. A renglón seguido, ha lamentado que fuera imposible porque "hay una serie de normas implícitas y el que no las cumple es sancionado a golpes, a patadas y, finalmente, lo que es aún más doloroso, con la expulsión de la localidad.
"Aún persiste una herencia de terror en el País Vasco y Navarra que no es sino una prolongación del terrorismo vivido en España durante 50 años. Las víctimas siguen ahí, viviendo en Alsasua, donde no pueden salir porque tienen terror y miedo".