La Fiscalía de Huelva solicitó ayer el sobreseimiento provisional de la pieza principal de la causa de los cursos de formación en Huelva porque los hechos investigados por la Policía Nacional en la operación EDU por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos "no son constitutivos de delito". Sin embargo, esta misma Fiscalía impulsó la instrucción del caso desde hace cuatro años, desestimó los recursos de la Junta y consintió el procesamiento del delegado del Servicio Andaluz de Salud en 12016 y otros cargos de esa entidad en Huelva.
Con esta decisión, que consagra el entierro del caso en la provincia, se contradice precisamente el testimonio del propio Interventor de la Junta de Andalucía en Huelva, Miguel Ángel García Bermúdez. El Juzgado de Instrucción 5 de Huelva tuvo en especial consideración su declaración en la Comisión de Investigación parlamentaria del caso del fraude de formación en marzo de 2016
En aquellas sesiones, García Bermúdez consideró en su declaración que se había producido "relajación" en los mecanismos de control de las subvenciones con cargo a los fondos de formación de la Junta, lo que dio lugar a que se diera "menoscabo" de fondos públicos, algo que atribuyó al jefe de servicio, quien "tenía que decir al funcionario que así no" y "corregirle la desviación de su función", dijo.
Estas afirmaciones y la investigación policial dieron como resultado que fueran detenidos el director provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Huelva, Eduardo Manuel Muñoz; el secretario general de ese servicio, José Martínez Iglesias; el jefe del Servicio de Formación, José Ángel Gil Flores, y el jefe del Departamento de Análisis, Programación y Formación Continua, Manuel María Velázquez.
El juez creyó que existían indicios de infracción penal de funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos. La Junta de Andalucía, personada como acusación en otros procedimientos judiciales sobre este supuesto fraude, lo estaba en calidad de responsable civil subsidiaria.
El "corpus" del caso consistía en un centenar de investigados, todos ellos dueños o representantes legales de las 29 empresas que investigó la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) desde septiembre de 2014 a petición de este juzgado. Entre ellos se encontraban el exdelegado de Empleo de la Junta, Eduardo Muñoz, y el exalcalde de Punta Umbría, Gonzalo Rodríguez Nevado, y se contabilizaban unos 1.000 testigos.
El cambio de la Fiscalía: no hay delito
Las actividades perpetradas en el caso no son ni arbitrarias ni injustas", "no había una voluntad conjunta de los investigados para actuar al unísono", "no es ilícito el destino dado a los fondos que se emplearon para subvencionar los cursos, ni tampoco se puede equiparar menoscabo con malversación de fondos públicos". Eso sí, hay irregularidades administrativas, pero de ningún modo prevaricación y malversación.
Por ejemplo, subraya el grupo Joly, había escasez de personal para supervisar los cursos, un sistema informático inadecuado para calibrar la idoneidad de las entidades beneficiarias de los cursos y para comprobar las justificaciones contables. Sin embargo, afirma que tal situación no era responsabilidad de los funcionarios encargados ni del Servicio de Empleo.
Es más, niega la malversación de caudales públicos en los hechos investigados porque no hubo menoscabo de fondos públicos: el procedimiento fue legítimo; no hubo ánimo de lucro alguno en los investigados que, al parecer, hacían los cursos desinteresadamente ni hubo plan conjunto de investigados u empresas.
La conducta de la Fiscalía fue muy otra, recuerda ABC, cuando el juez, en junio de 2016, decidió el procesamiento de Eduardo Muñoz, director del Servicio Andaluz de Empleo en Huelva y seis de sus jefes y funcionarios por "malgastar el dinero público destinado a la formación, principalmente de personas desempleadas". De hecho, no alegó ni se opuso a estos procesamientos de tal modo que incluso la Audiencia de Huelva confirmó el auto del instructor.
Ahora, el fiscal, que sigue dando por bueno el auto del juez que procesó a los cargos del Servicio de Empleo en Huelva, dice que, tras la investigación y su cierre definitivo, no se "ha aportado datos ni pruebas bastantes para sustentar una acusación con una mínima base inculpatoria que pudiera ser mantenida en un hipotético juicio oral".
"Irregularidades administrativas"
El portavoz parlamentario del PSOE andaluz y mano derecha de Susana Díaz, Mario Jiménez, tenía un lugar preferido para usar su tarjeta de crédito de gastos de representación en el restaurante llamado El Paraíso de Punta Umbría. El dueño de este era Gonzalo Rodríguez Nevado, precisamente alcalde de Punta Umbría por el PSOE, y recibió a través de sus empresas más de 1,1 millones de euros para cursos de formación, más dinero que el propio Ayuntamiento de Punta Umbría.
En 2007 su empresa El Paraíso de la Dehesa, SL, de la localidad onubense de Aljaraque obtuvo 89.414 euros. Al año siguiente recibió dos subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo por 322.813 euros. En 2009, la Junta de Andalucía otorgó una ayuda a la empresa del alcalde de 277.464 euros, y al año siguiente, en 2010, la subvención concedida ascendió a 250.337 euros. En 2011, su empresa percibió 202.000 euros.
Recuérdese que la localidad de Aljaraque fue investigada por la Intervención encontrándose diversas irregularidades en su gestión de la formación. Recuérdese asimismo que fue en Aljaraque donde se produjo la "compra" de dos concejales de Podemos por parte del PSOE, que no quería perder la alcaldía, operación que incluía la concesión de cursos de formación.
Otro de los casos más que escandalosos fue el de los alumnos de los cursos organizados por la empresa Gobafrost. A un alumno discapacitado que recibía un curso de la empresa Gobafrost, a causa de las malas condiciones y tareas incomprensibles que desarrollaban en la empresa como limpiar las instalaciones, llegó a congelársele el brazo.
Contó La Razón que en un curso de la empresa Gobafrost, S.A., constituida en 2010 por Jesús Gómez Cristóbal, administrador único además de las empresas Auto Dijesma, SL y Pescados DMaría, SL. En concreto, a Gobafrost se le otorgaron 192.555 euros, de los que le fueron abonados al responsable de la empresa al menos un 70 por ciento. Con el dinero debía organizar cuatro cursos: "Auxiliar de comercio exterior", "Operario de procesos de la industria alimentaria", "Actividades de venta" "Administrativo polivalente para pymes". Todos con 15 asistentes, excepto el último, con 10, y un compromiso de contratación del 60%.
Los alumnos dieron a la Policía una versión de los hechos que ponía los pelos de punta. Las instalaciones "no eran adecuadas para la docencia" ni estaban acondicionadas para "personas con discapacidad". Entre otras cosas, denunciaron que no tenían horario, que "trabajaban a destajo" y "tenían problemas para coger el tiempo de descanso", pese a ser muy necesario por el frío que soportaban al realizar su tarea (se trata de una empresa de congelación de pescados), sin sistema de calefacción.
Para no alargar esta lista, bien larga, por cierto, citemos sólo el caso de uno de los Consorcios de Formación de la Junta de Andalucía. Se trata de Consorcio Formades, de la aldea de El Rocío de Almonte, Huelva, totalmente dominado por el PSOE y con un sobrino del ex presidente de la Junta, Manuel Chaves, y su esposa, entre el personal contratado.
Este consorcio, camufló como ayuda a la formación el importe del traslado de una yegua de raza Oldenburger en el año 2010 desde una cuadra germana hasta el paraje de Doñana. El transporte costó 1.102 euros. El caballo fue comprado aún no se sabe cómo ni por qué y costó 18.000 euros. Lo que sí se sabe es que el 1 de diciembre de 2009 la Dirección General de Formación para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo -SAE- concedió a Formades una subvención de 1,3 millones de euros para un proyecto enfocado a cualificar a jóvenes sobre la doma y el entrenamiento ecuestre.
En 2013, la Consejería de Economía le obligaba a devolver 381.119,60 euros y 58.139 más en intereses de demora al descubrir que había endosado a la ayuda facturas sin justificar o que no guardaban relación alguna con los cursos. Entre ellas, la relativas a los portes de cuatro caballos desde Dos Hermanas a El Rocío, ni la compra de dos partidas de cestas de Navidad repartidas entre el personal del Consorcio y los miembros del consejo rector -2.832 euros-, la compra de un televisor de 32 pulgadas e incluso los 18,60 euros que la entidad autonómica cargó a los fondos europeos correspondientes a la compra de un paquete de Marlboro, una Coca Cola, un batido y unos snacks Matutano en distintas gasolineras.