Zarrías, señalado por la UCO como conocedor y mantenedor de la trama de los ERE

Gaspar Zarrías es uno de los socialistas andaluces más temidos de todos los tiempos. Sus métodos implacables al servicio de sus superiores, primero José Rodríguez de la Borbolla y luego Manuel Chaves fueron proverbiales. Ahora, el testimonio del responsable de la UCO que declaró este lunes como testigo lo considera conocedor y sostenedor del sistema de los ERE.

Ya en la fase testifical tras la declaración de los procesados, el juicio de los ERE acogió este lunes a los primeros testigos, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que han coordinado diferentes atestados realizados en la causa de los expedientes de regulación de empleo presuntamente irregulares.

El responsable de la UCO confirmó este lunes que no había fiscalización previa de ayuda alguna y que la cúpula de la Junta lo conocía todo señalando especialmente al exconsejero de Presidencia y mano derecha de Manuel Chaves en la Junta, Gaspar Zarrías.

Este jefe de la UCO, que fue estrecho colaborador de la juez Alaya, ha confirmado todos sus informes y atestados y ha asegurado que las ayudas concedidas irregularmente no se atenían a normal legal alguna, ni cumplían requisitos ni se verificaba nada de ellas. Esto es, eran sencillamente arbitrarias y las daba el gobierno de la Junta a quien quería.

Europa Press ha destacado que, aunque en algunos casos podría haberse formalizado alguna comisión de seguimiento de las ayudas, no se hizo nunca. Y añadió: ""No sólo se omitía la fiscalización previa de las ayudas, sino también el control posterior". Es más, se utilizaba el IFA, luego agencia IDEA, como "caja pagadora" y rápida para "agilizar" los procedimientos sin control alguno.

Recordó el caso de la empresa Hijos de Andrés Molina, conocida como Cárnicas Molina, de Jaén como Gaspar Zarrías, a la que se concedieron desde 1999 189 millones de pesetas sin convenio, si bien luego se firmó uno de manera irregular, después de los hechos y de los pagos.

Desde este primer expediente, están presentes casi todos los actores posteriores, desde la mediadora Vitalia al conseguidor Juan Lanzas, el gabinete Jurídico Villasís y presencia de los intrusos. Esto es, el procedimiento fue esencialmente el mismo desde el principio y duró hasta mucho después.

Este procedimiento no lo pudo idear el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, el chivo expiatorio preferido por los ex alto cargos de la Junta. Según el jefe de la UCO, el sistema le vino "de arriba" si bien no dio nombres. Las peticiones de ayudas le llegaban a Guerrero desde sus superiores, el IFA o Juan Lanzas pero nunca mediante formalidad legal alguna.

El trabajo de los "conseguidores" consistía en contactar con comités de empresas y sindicalistas y ofrecerles hacer un ERE mientras a las empresas le "ofertaban" un reajuste con financiación de la Junta. Algunas empresas como Samec llegaron a pagar dinero a Juan Lanzas, hasta "un 15 por ciento de la ayuda que consiguieron de la Junta".

Hay que deducir que sólo las empresas y los trabajadores que sufrían la crisis pero eran amigos, vía personal o sindical, de altos cargos de la JUnta, recibían ayudas mientras que todos los demás fueron excluídos ilegal e injustamente de las ayudas que se concedían en una discriminación política sin precedentes.

Sobre las empresas mediadoras, el responsable de la UCO declaró que una de ellas, Uniter, "entró de la mano de Antonio Fernández y Vitalia, de Guerrero" en la negociación de las ayudas. Recuérdese que el responsable de Uniter, González Mata, era amigo íntimo de Fernández. Además, con las ayudas se pagaron a Estudios Jurídicos Villasís, sindicatos e incluso a algunas empresas, como las del exchofer de Guerrero. Fue con dinero de estas como se hicieron "transferencias directas a Guerrero, a Lanzas y efectivo en sobres para pagos en Andalucía".

Naturalmente, se producía un gran descontrol porque el pago de las pólizas que abonaba la Junta con un calendario "a veces" no se cumplía. "IFA, como caja pagadora, paga sin respaldo presupuestario y era tal la cantidad de compromisos asumidos por Guerrero con empresas y trabajadores y éstos con aseguradoras, que las compañías reclamaban el dinero a los exdirectores generales como Guerrero o Juan Márquez, quienes iban indicando a las aseguradoras a quien pagar, iban parcheando".

Con esta declaración, se comprende mejor la insistencia en la estructura jerárquica que señalaba la juez Alaya en su instrucción del caso.

Zarrías, conocedor y mantenedor de los ERE

Este jefe de la UCO que declaró este lunesfue el firmante del atestado entregado en abril de 2015 por la Guardia Civil al instructor de la causa de los ERE irregulares en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, sobre la "implicación" de Zarrías en el caso ERE.

Según el Guardia Civil, la Comisión General de Viceconsejeros –los denominados consejillos– tenía la capacidad de decidir qué pasaba al Consejo de Gobierno y qué no. El procedimiento era trocear el importe de las ayudas para evitarlo.

De hecho, retiró una ayuda a la empresa Pickman de 1,8 millones de euros y otra a Anovo en 2004, que posteriormente se aprobaron en el Consejo Rector del IFA "troceando" el montante total en diferentes ayudas de menor cantidad para que por el límite de estas no necesitaran ser aprobadas por el Consejo de Gobierno.

Es más, según este agente el consejillo presidido por Zarrías decidía si llegaban o no al consejo de Gobierno los intentos de normalización y legalización de las ayudas, como lo fueron "los borradores de decretos que surgieron en la Dirección General de Trabajo o Consejería de Empleo para regularizar las ayudas, ni determinadas ayudas concretas".

Los agentes de la UCO analizaron un total de 26 actas de otros tantos consejillos celebrados entre el 11 de abril de 2000 y el 30 de noviembre de 2011 en los que se trataron modificaciones presupuestarias relacionadas con las ayudas los ERE o un proyecto de decreto para regular este fondo que no se llegó a materializar a pesar de llevarse hasta en tres ocasiones al consejillo.

A tenor del estudio de las sesiones relacionadas, se concluyó que Zarrías, como consejero de Presidencia, "habría presidido un total de ocho sesiones en las que se habrían expuesto acuerdos relacionados con las ayudas y modificaciones presupuestarias del programa 31L", a lo que se suma que "habría presidido otras cuatro sesiones en las que se habría dado lectura y aprobación de acuerdos adoptados en reuniones anteriores de la Comisión en las que éste no asistió".

Europa Press señala que, en relación a la "arbitrariedad" con la que se concedieron las ayudas, los agentes de la UCO subrayaron que "llama poderosamente la atención la definición dada por Zarrías a los criterios por los que se concedían las ayudas: 'criterios de singularidad'".