Ha pasado una semana desde que Pablo Llarena requirió a Cristóbal Montoro que informara "a la mayor brevedad posible" sobre "el soporte objetivo concreto de sus declaraciones" en la entrevista a El Mundo en la que negó el desvío de fondos por parte del Gobierno de Cataluña al proceso separatista. Desmintió así el delito de malversación de caudales públicos que atribuye el juez del Tribunal Supremo a los principales responsables del 1-O y la posterior declaración de independencia.
El magistrado que instruye la causa, molesto con el ministro de Hacienda, irá más allá en la constatación de la mentira. Solicitará un informe a la Abogacía del Estado para que argumente el motivo por el que está personada en el procedimiento. Esta presencia se explica únicamente por el perjuicio de las arcas públicas.
El propio Montoro aseguró en agosto de 2017 que no se destinaría "ni un solo euro público" al referéndum ilegal. El presidente Mariano Rajoy apoyó posteriormente la misma tesis. Según avanzó el ministerio, Hacienda remitirá en bruto al juez del Tribunal Supremo la totalidad de las cuentas desde el ejercicio de 2015.
La Dirección General de la Guardia Civil aportó al juez Pablo Llarena las diligencias con relación a la supuesta malversación de caudales públicos. El magistrado formó una pieza separada que ha permanecido durante un mes bajo secreto de sumario. Apunta a un total de 1.915.067,22 euros públicos supuestamente destinados al referéndum ilegal del 1 de octubre en distintos conceptos: publicidad, partidas para servicio postal fraccionadas en distintas consejerías, propaganda con pagos ocultos tras Ómnium Cultural, invitaciones por Diplocat, cesión de espacios y papeletas.
Casi 18.000 euros en invitaciones
El consorcio público ideado por los separatistas con el nombre de Diplocat –Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña– gastó 17.703,36 euros en hoteles para los 47 supuestos "observadores internacionales" que verificarían las garantías del 1-O. Una cuantiosa partida que, en el fondo, ocultaba el supuesto soborno a personajes para que difundieran las bondades de los rupturistas y la fantasía de una votación por la democracia. Entre ellos, Josu Juaristi de EH Bildu, la eurodiputada Lidia Senra de Alternativa Galega y cuatro miembros del Sinn Féin, partido republicano en Irlanda.
Son las conclusiones de un informe de la Guardia Civil remitido al Juzgado de Instrucción nº13 de Barcelona e incorporado a la instrucción de Llarena por delitos de rebelión y malversación de fondos públicos. El Instituto Armado suma los gastos "logísticos" a otros 18.835,76 euros en vuelos y 4.052,1 euros para la financiación de actos en los que participaron los "observadores"; un total de 40.591,2 euros.
La Guardia Civil señala como responsable directo a Albert Royo, secretario general de Diplocat desde 2013 hasta la aplicación del artículo 155 el 31 de octubre de 2017. Esta entidad dependiente de la Consejería de Exteriores de Raül Romeva eligió grandes hoteles como el Praktik Bakery o el Gallery Hotel de Barcelona. El informe incorpora una lista de las personas que acudieron invitadas al referéndum ilegal.
Lista de invitados
De Eslovenia llegó Dimitrij Rupel (Partido Democrático Esloveno S&D); procedentes de Bélgica son Mark Demesmaeker, Peter Luykx, Helga Stevens (Grupo de la ECR de la Nueva Alianza Flamenca); de Dinamarca Alex Ahrendtsen (Partido del Pueblo Danés ECR), Magni Arge (miembro del Comité de las Islas Feroe), Lars Aslan Rasmusen (Socialdemokraterne S&D), Pelle Dragsted (Partido Unidad de Dinamarca), Rasmus Nordqvist (Partido Alternativa).
El Diplocat también invitó al político estonio Artur Talvik (Vabaerakond-Partido Libre); a los finlandeses Simon Elo (Grupo Parlamentario Azul ECR), Hello Maria Järvinen (Vihreät-Green League Greens/EFA). También se identificó a Gerard Onesta, presidente de la Mesa de la Asamblea del Consejo Regional de Occitania.
De Alemania llegó Andrej Hunko (Die Linke); de Grecia, Stylianos Kouloglou (Syriza); de Islandia, Birgitta Jónsdóttir (Partido Pirata). Destacan los irlandeses Mick Barry (Partido Socialista), Lynn Boylan, Eoin Ó Broin y Trevor Ó Clochartaigh (Sinn Féin).
Uno de los observadores internacionales procede de Israel, Ksenia Svetlova (Unión Liberal/Laborista-Sionista); otro de Letonia, Veiko Spolitis (Independiente-antigua Vienotiba). También llegó a Cataluña el ex secretario de Estado macedonio Emil Kirjas (Liberal International); el miembro del Consejo Nacional de Mónaco Alain Victor Raymond Ficini (HM Horizonte Mónaco); y de Suecia, Bodil Valero (Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea).
También acudieron la eurodiputada María Lidia Senra Rodríguez (Alternativa Galega de Esquerdas-Izquierda Unida) y Josu Juaristi Abaunz (EH-Bildu), que fue elegido como eurodiputado en las elecciones europeas de 2014, en la candidatura de Los Pueblos Deciden. Además, trabajó en el diario Egin y tras el cierre de la publicación, lo hizo en el diario Gara del que fue su director desde 2004 a 2011.
Concretamente de Reino Unido invitaron a seis personas: Martina Anderson (Sinn Féin), Joanna Cherry y Douglas Chapman (Partido Nacionalista Escocés), Jill Evans y Hywel Williams (Partido de los verdes de Gales) y lord Christopher John Rennard (Partido Liberal Demócrata).
Otros observadores son Paul Wesson, que llegó de un vuelo procedente de Birmingham (Reino Unido); Seamus Martin, de Dublín (Irlanda); Andras Palatitz, de Budapest (Hungría); Charlotte Wagenaar, procedente de Amsterdam (Países Bajos); Chris Cunninghame, de Londres (Reino Unido); Lukasz Firmanty, de Berlín (Alemania); y otros cuya procedencia es desconocida como Kira Kaurinkoski, Carlos Albisu, Eduardo Rey, Eduardo Alfaro, Fadoua Chouham Nadifi y Enric Lazanza.