El grupo parlamentario de Carles Puigdemont, Junts per Catalunya (JxCat), intentará de nuevo la investidura del expresidente fugado, por lo que ha arrastrado a ERC en la tramitación de las modificaciones legislativas de la ley de presidencia de la Generalidad para poder proclamar un candidato a distancia. La mesa de la cámara autonómica, con mayoría separatista, convocará un pleno el próximo 3 de mayo para aprobar los cambios en esa norma.
El expediente está ahora mismo en manos del Consejo de Garantías Estatutarias, que previsiblemente emitirá un informe (no vinculante) este jueves. Sea cual sea el resultado, los grupos separatistas darán curso a la votación por la vía rápida en un pleno cuyo orden del día incluirá también una moción a favor de las actividades de los Comités de Defensa de la República (CDR). Una vez aprobados los cambios, quedarán tres semanas para convocar el pleno de investidura y nombrar un presidente. La fecha límite es el 22 de mayo.
Es harto improbable que se pueda cumplir con el calendario y prospere la operación, a pesar de que JxCat y ERC han aprovechado la reunión este martes de la mesa del Parlament para autorizar la delegación de voto del exconsejero de Sanidad, Antoni Comín, fugado en Bruselas. La aceptación abre la vía para que ambas formaciones puedan prescindir de los cuatro votos de la CUP al sumar 66 escaños frente a los 65 de los grupos de la oposición, incluyendo a Catalunya en Comú-Podemos. Sin embargo, la CUP siempre se ha mostrado favorable a la investidura de Puigdemont, por lo que los votos de Puigdemont y Comín serían útiles en el caso de que optaran por un candidato sin causas pendientes.
La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pedido al Gobierno de Mariano Rajoy que reaccione ante la delegación de voto de los fugados y presente un recurso en el Constitucional para frenar la operación separatista. Sostiene la líder de Ciudadanos en Cataluña que sólo el Gobierno puede presentar ese recurso, que de ser admitido acarrearía la suspensión cautelar de los votos delegados de Puigdemont y Comín. Según Arrimadas, es "grave" e "intolerable" que los prófugos de la justicia española Puigdemont y Comín puedan votar y que "lleven meses cobrando un sueldo público sin trabajar".
Inacción del Gobierno
ERC ha optado por la delegación de voto de Comín tras constatar que el diputado se negaba a renunciar al escaño y que el Gobierno no recurría la de Puigdemont, que se tramitó en el Parlament durante los días en que el expresidente catalán estuvo en la cárcel de Neumünster. Según Arrimadas, el Gobierno debería "asumir su responsabilidad" y "reaccionar" para impedir que los separatistas pongan la cámara "al servicio de dos fugados".
Ciudadanos ha presentado un escrito en la mesa para que el presidente de la cámara, el republicano Roger Torrent, reconsidere la delegación de voto de Comín y Puigdemont. Caso contrario y si persiste la pasividad del Ejecutivo de Rajoy, Arrimadas no descarta presentar un recurso de amparo ante el Constitucional que no implicaría la suspensión cautelar.
Ciudadanos también ha censurado que Torrent insista en presentar una querella contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en nombre del Parlament e insiste en que la cámara someta a votación una condena de los actos de violencia que sufren los políticos y ciudadanos no nacionalistas. A tal efecto promoverá una declaración institucional para que nadie se sienta "intimidado", un propósito difícil a tenor del recrudecimiento de la actividad separatista en las calles.
La orden de Puigdemont es ir paso a paso. Este miércoles se celebra un pleno de trámite, salvo los habituales imprevistos, para aprobar la recuperación de la paga extra de 2012 de los funcionarios de la Generalidad y prorrogar presupuestos. Se aceptarán los votos de Puigdemont y Comín. Rajoy ha abogado por la "cordura" y pondera la adopción de "acciones legales" respecto a la delegación de voto de los prófugos.