Según la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (Anil) en Andalucía, el perfil medio del interino andaluz es el de una mujer con una antigüedad media de 15 años en la Administración, 18.000 euros de retribución media y decenas de contratos encadenados sin celebración de oposiciones.
La cuestión es que constitucionalmente cualquier oposición para ocupar un puesto público debe realizarse en condiciones de igualdad y competencia entre todos los ciudadanos que aspiren a conseguirlo. Cuando se convocan oposiciones para las administraciones públicas, ¿pueden los interinos que llevan años trabajando tener "derechos adquiridos" (traducibles a puntos de ventaja valorables en las pruebas) sobre los demás aspirantes?
El desarrollo histórico de la contratación del personal de la Junta de Andalucía, extensible en general a las demás comunidades aunque con niveles diferentes de partidismo, indica que casi durante diez años, desde 1982 a 1991, no hubo oposiciones en Andalucía, con alguna excepción poco relevante numéricamente. Dicho de otro modo, la mayoría de los empleados públicos andaluces, funcionarios y laborales, o procedían de la administración anterior o, habitualmente, entraron a dedo en ese tiempo. El proceso está detallado en el libro La Tela de Araña Andaluza: El poder de un régimen(II).
Cuando los problemas se fueron acumulando, además de celebración de oposiciones ordinarias, se recurrió a la contratación masiva de interinos, que podía ser contratados con urgencia, discrecionalmente y a dedo. Poco a poco se logró que tales interinos debieran ser contratados entre los componentes de unas bolsas de trabajo impulsados por los sindicatos que trataban de disminuir en lo posible el "dedismo" de la Junta si bien tropezaban con el problema de la no convocatoria sistemática de oposiciones sino su eternización del interinato.
Esta fue una de las formas mediante las que "sembró" la administración pública andaluza de afines al régimen socialista, procedimiento que ahora impulsa Podemos, explicitado abiertamente por Íñigo Errejón, para "resistir" dentro de los aparatos de gestión cuando no se han ganado las elecciones.
Que algunos de estos interinos, según el dato que maneja El Mundo de la propia ANIL, haya concatenado más de 200 contratos continuados en la Junta de Andalucía o su sector público, es un indicio de cual ha sido el modo de funcionar y da una idea del modo en que se ha producido el fenómeno de la "administración paralela", que es como se conoce a una estructura de contratados sin oposiciones en empresas públicas, fundaciones y entes diversos donde el Derecho Administrativo es meramente una referencia cómica.
El problema supera la territorialidad andaluza y los datos del propio Ministerio de Hacienda muestran que hay casi 670.000 trabajadores temporales en las administraciones públicas (uno de cada cinco) trabajando sin haber realizado oposición alguna y habiendo sido contratados según diferentes métodos por razones de urgencia, pero sin mediar pruebas de acceso regladas.
Casi el 40 por ciento de los empleados públicos temporales señalados son interinos, muchos de los cuales llevan más de tres años trabajando continuadamente en la administración. Esto es, uno de cada diez empleados públicos españoles es interinos desde hace años y su antigüedad media es de once años en el conjunto de España.
El estallido de un conflicto inevitable
En el momento en que se convoca una oposición reglada en el seno de una Oferta de Empleo Público, tanto nacional como autonómico, a ella se pueden presentar todos los ciudadanos españoles que así lo consideren. El problema es que hay aspirantes que ya están dentro de la administración desde hace años y quieren que ese tiempo y esa experiencia pesen y sean tenidos en cuenta en las pruebas como puntos a favor. Los demás aspirantes aluden a la igualdad de condiciones y la prioridad del mérito en los exámenes sin "mochilas" de privilegios previos.
Con motivo del Decreto 75/2018, de 3 de abril, que contiene la Oferta de Empleo Público correspondiente a 2018, para ingreso en los cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, de Formación Profesional, Escuelas Oficiales de Idiomas, Artes Plásticas y Diseño, la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (Anil) ha presentado un escrito de impugnación.
Tras una sentencia europea en la que se condenaba el uso abusivo del contrato temporal por viciar la estructura de la administración pública, todas las administraciones españolas tienen que "arreglar" el problema generado por años de enchufismo, amiguismo y mala gestión. Se trata de reducir la tasa de temporalidad desde un 25 por ciento a un 8 por ciento.
Pero ¿qué hacer con los empleados de la Administración que llevan años contratados temporalmente sin solución de continuidad y sus derechos laborales? Y, por otra parte, ¿cómo asegurar que se cumple la igualdad de condiciones para todos los aspirantes como ordena la Constitución?
La cuestión es que miles de los casi 700.000 temporales e interinos de las administraciones públicas españolas pueden ser reemplazados de sus actuales puestos por los opositores mejor preparados que logren sacar las oposiciones por méritos propios y limpiamente.
Según la Asociación de Interinos y Laborales, destaca El Mundo, la oferta extraordinaria de empleo público puesta en marcha en el conjunto de las Administraciones se puede convertir en el mayor ERE (expediente de regulación de empleo) de la historia.
Gracias a la manera irregular de contratación de los políticos en los gobiernos, el conflicto es inevitable. Para la Asociación Nacional de Interinos y Laborales, el acuerdo firmado por el Gobierno con los sindicatos "traidores" no respeta los derechos de los que actualmente ocupan esos puestos.
Para muchos otros, en cualquier oposición de las convocadas, los hoy contratados ya tienen ventaja objetiva sobre los demás opositores por disponer de una experiencia y un conocimiento interno pero sería injusto que precisamente por ello se concedieran ventajas computables en las pruebas como "mochila" a su favor y deshaciendo la igualdad de oportunidades.
La estrategia de la Asociación de Interinos y Laborales pasa por impugnar todo tipo de oposiciones convocadas por las diferentes administraciones públicas, desde la estatal a las municipales, exigiendo medidas cautelares para impedir que los supuestos derechos adquiridos de sus asociados puedan ser perjudicados. Así lo han hecho en Andalucía y otras Comunidades.
Además, ha pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que resuelva el conflicto que afecta a la "tutela judicial efectiva" de unos 700.000 interinos en toda España y ha presentado también una iniciativa legislativa popular en el Congreso con recogida de firmas.
Una de las medidas que la ANIL exige es que, en caso de cese en los puestos que actualmente desempeñan, los temporales e interinos de las administraciones puedan ser indemnizados al estilo de los trabajadores despedidos según el Derecho Laboral vigente. Además, ya se están produciendo manifestaciones y amenazas de huelga para mayo en Andalucía. Es el resultado de la irresponsabilidad de unos políticos que no respetaron la importancia de una Administración Pública, su neutralidad, su ajuste a Derecho y su profesionalidad, así como del acceso a ella.
La estrategia del PSOE andaluz
Desde 1979, constitución de la Junta preautonómica, a 1990, la mayoría de los nuevos empleados públicos que entraron a formar parte de la Junta de Andalucía, lo hicieron sin convocatorias específicas de acceso, salvo los "transitorios". Hubo dos maneras de incorporarse a la Administración andaluza y formar parte así del "empleo público": la de los interinos y la de los Laborales.
Los primeros en entrar sin convocatorias específicas de acceso fueron los llamados funcionarios preautonómicos. Este proceso duró desde 1979 a 1983 y fue dirigido y reglado por el PSOE y sus máximos representantes en la Junta, durante el mandato de Rafael Escuredo.
En 1986, ya con José Rodríguez de la Borbolla y Camoyán presidiendo la Junta de Andalucía, tuvieron lugar las oposiciones restringidas para la incorporación de los transitorios y preautonómicos, publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), proceso excepcionalmente validado por una inolvidable sentencia del Tribunal Constitucional, 5 años después de una larga batalla de recursos.
La Ley 6/85 de Ordenación de la Función Pública de Andalucía dio peso a la figura del interino y dicha ley indicaba quese podía prescindir, motivadamente, del trámite de convocatoria pública para ser interino. Se realizaron a partir de aquí ofertas de empleo publicadas sólo en los tablones de anuncios de las Consejerías de la Junta e, incluso, sin publicidad alguna.
El 5 y el 7 de noviembre de 1990 se firmó el Acuerdo de Estabilidad para el personal funcionario interino y personal laboral eventual, respectivamente, al servicio de la Junta de Andalucía. Este Pacto de Estabilidad condicionará gran parte de la función pública andaluza durante muchos años.
A partir de 1990, momento en el que se empezaron a convocarse las primeras ofertas públicas de empleo, los interinos y laborales salieron de las bolsas de trabajo conformadas para dichas ofertas públicas, pero ninguno de ellos estará acogido al acuerdo de estabilidad y cuando sus plazas se ocupen saldrán a la calle. Los primeros serán conocidos, en esta época, como "interinos J" y "laborales X", denominaciones conocidas en medios laborales andaluces.
También existió otra denominada vía de entrada de personal laboral conocida como vía del Capítulo VI (consistente en cargar los gastos del personal contratado sin pruebas selectivas públicas al capítulo VI de los presupuestos, es decir, inversiones, en vez de al capítulo correspondiente a gastos de personal).
Finalmente, la creación de empresas públicas, agencias, Fundaciones y organizaciones varias supuso el tejido de toda una "administración paralela" sobre la que el gobierno de Manuel Chaves, y luego de Griñán, se negaron reiteradamente a dar cualquier información. La última vuelta de tuerca para dar legalidad y estabilidad a estos empleados fue la aprobación de los Decretos- Ley 5/2010, 6/2010 y la Ley 1/2011 de reordenación del sector público andaluz por la que se integraban como empleados públicos sin prueba alguna de acceso nada menos que unos 26.000 trabajadores, más de 35.000 según UGT.
En su conjunto, fuentes conocedoras del proceso consideraron ajustada una cifra de alrededor de unas 12.000 las personas colocadas sin pruebas específica de acceso en el período desde 1979 a 1990, entre interinos y laborales.En estos 11 años, se consolidó la estructura vertebral de la Administración andaluza y el apuntalamiento final fue realizado por los medios legales que marca la Ley 6/85 para consolidar al personal (concurso, concurso-oposición u oposición).
La importancia electoral de los colectivos beneficiados ha hecho que naturalmente el PSOE no quiera tocar los hechos consumados. Tampoco el PP, que hasta 2012 pareció inclinado a la reforma radical de los procedimientos, ha seguido el camino de enderezar el entuerto. IU, Podemos y los sindicatos, beneficiados o partidarios del enchufismo, han apoyado al PSOE y Ciudadanos ha guardado silencio e incluso ha apoyado la consolidación de la administración paralela. Sólo el Sindicato Andaluz de Funcionarios y las asociaciones independientes de funcionarios han denunciado una y otra vez la situación llegando a lograr manifestaciones gigantescas en 2010 y 2011 sin éxito político alguno.