Agentes de la Guardia Civil han desmantelado en los últimos días una organización dedicada a la comercialización fraudulenta de bebidas alcohólicas, que eludiendo el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) conseguía aumentar de forma importante sus beneficios económicas y ofertar sus productos a los usuarios finales (locales de hostelería, discotecas, pubs…) por debajo del precio de mercado, perjudicando gravemente a los distribuidores que trabajan cumpliendo la legalidad.
La operación se ha saldado con 43 personas detenidos en un operativo que se ha extendido por doce provincias españoles (Madrid, Zamora, Badajoz, Castellón, Valencia, Barcelona, Gerona, Sevilla, Cádiz, Málaga, Lérida y Guadalajara) y en el que se han decomisado 310.000 botellas de bebidas alcohólicas en diferentes almacenes de Sevilla y la Comunidad Valenciana, que tendrían un valor económico de 4 millones. Esta organización habría defraudado 25 millones de euros a Hacienda.
Las pesquisas se iniciaron después de una denuncia presentada ante la Fiscalía en Castellón. Los agentes de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil centraron su investigación en las actividades de un Depósito Fiscal situado en esta provincia, que era la fuente primaria desde la que se distribuían las bebidas alcohólicas. Así detectaron la actividad ilegal de un entramado societario que se extendía por varias provincias y de la que formaban parte más de 60 empresas.
Este entramado de empresas estaba perfectamente diseñado para intentar despistar a las autoridades tributarias y cada una de las sociedades estaba destinada a desempeñar diferentes roles. Las mismas estaban registradas a nombres de testaferros, la mayoría de ellos personas de difícil localización que residían en las Tres Mil Viviendas de Sevilla, según ha explicado el teniente coronel de la UCO Francisco Almansa.
Esta red compraba las bebidas en el Depósito Fiscal y, sin sacar el producto del mismo, lo iba vendiendo de una sociedad a otra para difuminar el primer comprador. Al final de la cadena había una empresa que vendía a los establecimiento interesados. La sociedad de la red sacaba las bebidas del Depósito Fiscal tras pagar el pertinente impuesto especial de bebidas alcohólicas y lo enviaba al comprador final cobrándole el IVA. Pero el dinero del impuesto nunca se ingresaba a Hacienda.
Cuando la Agencia Tributaria se daba cuenta de que el pago estaba pendiente y se lo exigía a la empresa, las personas que tenían que responder al pago eran los supuestos testaferros que vivían en las Tres Mil Viviendas y que ni tenían capacidad de hacer frente al mismo ni tenían intención de hacerlo. La estafa habría alcanzado los 25 millones de euros entre 2014 y diciembre de 2017.
Además de las detenciones practicadas, la operación se ha saldado con la incautación de 59 vehículos, con el bloqueo de 120 productos financieros y 47 inmuebles de distinta naturaleza.