El ponente del caso Gürtel renuncia por discrepancias con el resto del Tribunal
Ángel Hurtado encarga la redacción al progresista José Ricardo de Prada y a Julio de Diego y emitirá su voto particular.
El Tribunal que enjuició la llamada Época Primera de Gürtel –la principal pieza por las presuntas irregularidades entre 1999 y 2005– jamás ha resuelto cuestiones jurídicas por unanimidad. Que sus tres componentes están muy lejos, también ideológicamente, era conocido. Aunque ha trascendido que la distancia es tan insalvable por sideral que el presidente Ángel Hurtado, ponente de la sentencia, renuncia a dicho encargo. En una providencia admite que "dadas las discrepancias habidas sobre algunos puntos sometidos a debate en el curso de la deliberación" delega en sus compañeros la redacción de la resolución "en la parte que discrepen".
El magistrado que ha presidido el Tribunal desiste con arreglo a los artículos 147.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el 206 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: "Cuando el ponente no se conformase con el voto de la mayoría, se encargará otro Magistrado de la redacción de la sentencia; pero en este caso estará aquel obligado a formular voto particular". De esta forma, Ángel Hurtado también se manifestará.
El procedimiento está pendiente de la sentencia una vez finalizada la vista oral. El juicio se convirtió en un repaso a los presuntos trapos sucios del Partido Popular. La Fiscalía pide la mayor condena para Francisco Correa con 125 años de prisión, seguida de los 85 que solicita para el supuesto número dos, el exsecretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo. El extesorero Luis Bárcenas y el exconsejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo se juegan 39 años.
También están acusados los exalcaldes populares de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, que se juegan 50 años y 10 meses de prisión y 14 años y cuatro meses, respectivamente. El segundo es el exmarido de la exministra de Sanidad Ana Mato, a la que Fiscalía atribuye una participación a título lucrativo de 28.000 euros, por los 328.000 euros de los que se habría beneficiado el Partido Popular como persona jurídica.
Discrepancias en la citación de Rajoy
Los magistrados Enrique López y Concepción Espejel fueron apartados del Tribunal del caso Gürtel por "aparente afinidad ideológica con el Partido Popular". Surgió la composición final del mismo: Ángel Hurtado se aupó como presidente y ponente de la sentencia, acompañado por José Ricardo de Prada y Julio de Diego.
Ángel Hurtado está claramente vinculado con la esfera más conservadora de la judicatura. Emitió un voto particular en contra de la recusación de Enrique López y se pronunció en contra de la derogación de la doctrina Parot, beneficiosa para los presos de ETA en la aplicación de la política penitenciaria. Trató durante la fase de instrucción y en la vista oral de que Mariano Rajoy no compareciera como testigo, aunque la unión de los otros dos integrantes del Tribunal dio al traste con esta intención. Estimaron finalmente la petición de los progresistas de ADADE, también en relación al método rechazando finalmente la declaración por videoconferencia.
José Ricardo de Prada era el más conocido antes de este procedimiento. Se alinea en un perfil marcadamente progresista. Ha sido objeto de críticas por parte de las víctimas de ETA, por ejemplo, por denunciar las torturas sufridas por los terroristas. Pablo Crespo pidió la recusación de este magistrado por la amistad que mantiene con el primer instructor del caso, el exjuez Baltasar Garzón inhabilitado por el caso de las escuchas, y por los vínculos de su hija con el abogado de una acusación. Justificó el "chivatazo" que alertó en 2006 a ETA de la operación contra su red de extorsión en el bar Faisán de Irún como parte "de un proceso de negociación política".
Julio de Diego permanece en el Tribunal desde su constitución. Pese a que no exhibe un perfil ideológico claro, el apoyo a la testifical de Rajoy y esta providencia lo acercan evidentemente a los postulados de Ricardo de Prada. De hecho, Izquierda Unida intentó como acusación popular que se encargara de la ponencia del caso Bárcenas en lugar de Ángel Hurtado alegando motivos de antigüedad.
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