Juzgan al exsecretario de la Fundación García Lorca, acusado de estafar 1,8 millones

"¡Ay, dinero, dinero!, sin manos y sin ojos debería haberse quedado el que te inventó", decía la zapatera prodigiosa siguiendo la antigua tradición que consideraba al dinero como un mal en sí mismo. En el caso del legado de Lorca y su Fundación, el dinero ha sido el causante de un gran escándalo que ha retrasado la llegada de las obras del poeta a su ciudad natal, Granada.

Este jueves comienza el juicio contra el exsecretario de la Fundación, Juan Tomás Martín, que se llevó indebidamente casi dos millones de euros de las ayudas y subvenciones que la entidad recibió de diferentes instancias políticas y empresariales, pero no es todo el dinero que ha faltado en un escándalo que tuvo repercusión internacional.

El que fuera secretario de la Fundación Federico García Lorca está siendo juzgado por la sección quinta de la Audiencia de Madrid, acusado de haber estafado 1.818.322,84 euros a esta entidad tras haber alterado en su beneficio los honorarios profesionales que estaban recogidos en el contrato. La Fiscalía solicita para él cinco años de prisión por un delito continuado de estafa.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal relata que el acusado, actuando como administrador de la sociedad mercantil Desarrollo del Territorio y Sociedad del Conocimiento SL, firmó un contrato de prestación de servicios con la Fundación Cultural Federico García Lorca presidida por la sobrina del poeta Laura García Lorca.

Este acuerdo preveía que Juan Tomás prestara un servicio de asesoramiento técnico y una coordinación estratégica para el proyecto "Centro Federico García Lorca" de Granada. Los honorarios por su trabajo se fijaron en el 4 por ciento sobre el total de las ayudas aprobadas para realización del proyecto. Posteriormente, el acusado modificó los términos del acuerdo y elevó sus honorarios hasta el 15 por ciento respecto de las ayudas aprobadas.

La Fundación Federico García Lorca recibió de distintas instituciones una subvención total por alrededor de 19.000.000 euros por lo que, según el contrato firmado, hubiera tenido que percibir 748.465,60 euros si se aplicara el porcentaje del 4 por ciento. Sin embargo, Juan Tomás facturó "indebidamente" a la Fundación 2.566.788,44 euros, esto es, la cantidad de dinero equivalente a la aplicación del 15 por ciento de las ayudas recibidas y 1.1818.322,84 euros más de lo fijado.

El patronato de la Fundación García Lorca aprobó el cese del secretario en junio de 2015, así como la revocación de sus poderes por estos hechos, que fueron denunciados por Laura García Lorca, presidenta de esta institución donde está representada la familia del poeta tras detectar irregularidades en las cuentas.

El Año Lorca y los escándalos de una Fundación

El Ayuntamiento de Granada, gobernado por el PSOE, en pleno ambiente preelectoral, ha impulsado que 2018 sea el Año Lorca, haciéndolo coincidir con la llegada a la ciudad del legado del poeta del Centro García Lorca a partir de la recepción de los primeros papeles, fotos y manuscritos en febrero y marzo. En junio debería estar completamente trasladado a Granada.

Se supo en 2015 que la Fundación García Lorca tenía 12 millones de euros pendientes de pagar o justificar de los 27 que obtuvo para la construcción de un centro especial para el poeta Federico García Lorca en Granada donde iba a cobijarse su legado.

Laura García Lorca, sobrina del poeta y presidenta de esta última, que firmó todos los papeles, denunció al secretario de la entidad, Juan Tomás Martín, en los juzgados de la plaza de Castilla de Madrid por falsedad documental y apropiación indebida.

Martín gestionó alrededor de 27 millones de euros y sus explicaciones de dónde estaba el dinero no convencieron. Es más, se supo que había un agujero derivado de las ayudas concedidas para la construcción del centro del poeta y que las facturas presentadas no tenían que ver con esa tarea. Se debían 7,7 millones al ministerio de Cultura, Ferrovial y La Caixa y luego, más dinero a Cultura y a la Junta de Andalucía.

Tras más de diez años de obras, el edificio, en pleno centro de Granada, estaba pendiente de que Ferrovial diera las llaves tras recibir su pago, pero el secretario Martín, además de su sueldo, se llevaba un porcentaje de las subvenciones logradas. Las irregularidades detectadas obligaron a que el entonces fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, anunciara que la policía judicial sopesaba la elaboración de un informe preliminar sobre el caso.

Según las cuentas calculadas, el Ministerio de Cultura exigía 1,7 millones de euros por irregularidades. La consejería andaluza de Cultura de la Junta de Andalucía, cuatro millones. Ferrovial reclamaba tres millones y La Caixa concedió un préstamo de cuatro millones, pero la fundación no devolvió ni los intereses.

El acuerdo secreto: que paguen los españoles

El pasado día 20 de diciembre de 2017 se firmó un acuerdo "histórico" según el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, y el propio alcalde socialista de Granada, el muy discutido Francisco Cuenca, sostenido por Ciudadanos, para el pago de las deudas.

Casi inmediatamente se deslizaba la sospecha hacia un acuerdo confidencial firmado que incluye, según El Mundo, la subrogación por las administraciones públicas de la deuda que la Fundación que lleva el nombre del poeta mantenía con CaixaBank.