Más allá de las palabras –que también son importantes–, el resultado de un juicio lo determinan las pruebas. Evidencia es que el teniente de entonces 25 años agredido en Alsasua necesitó una intervención quirúrgica para la colocación de ocho clavos en su tobillo derecho, tibia y peroné destrozados y una cirugía para la reconstrucción del labio. Evidencia es que la camisa del sargento presentara manchas de huellas en la espalda por las patadas que recibió en el bar Koxka. O que los ocho detenidos entre las decenas de personas que se encontraban en el establecimiento y en sus inmediaciones pertenecen a movimientos que tienen por objetivo la expulsión de la Guardia Civil del País Vasco y Navarra mediante el hostigamiento físico y psicológico.
Porque además las palabras cambian. Sirva como ejemplo el dueño del bar Koxka, donde se produjo la agresión a los dos agentes de la Guardia Civil y sus parejas la noche del 14 de octubre de 2016. Este individuo admitió en la fase de instrucción que el episodio en cuestión fue una "agresión coordinada". Como testigo en la 3ª jornada del juicio, ha proporcionado el relato radicalmente contrario: no vio ninguna pelea en el interior del establecimiento, solo algún "rifirrafe" cuando salió a la calle y se encontró a las víctimas heridas y protegidas por una dotación de la Policía Foral.
Es la misma línea que ha seguido Naiara Navarro, una camarera del Koxka. Conoce a los ocho acusados; son clientes habituales, amigos. "No noté en ningún momento un ambiente hostil", "nadie me llamó la atención por estados de embriaguez", "hubo gente que siguió de fiesta tan normal hasta la hora de cierre". Un testimonio a la medida de los supuestos agresores que ha entrado en varias contradicciones con el de su jefe sobre quién avisó del incidente o quienes estaban dentro y fuera del bar.
El dueño del Koxka es un hombre resentido, política y socialmente. Lo ha visto el Tribunal en dos fragmentos de su discurso. Primero, cuando ha relatado el altercado fuera del bar y, en vez de recordar golpes o amenazas, ha explicado que la pareja del teniente le llamó "hijo de puta" por no prestar auxilio. Después, cuando la Fiscalía le ha preguntado si conoce las amenazas que reciben en su local, dedicado también a la hostelería en Alsasua, los padres de la propia María José: "Yo he recibido pintadas y amenazas de la falange, por ejemplo, pero solo se entera quien se quiere enterar".
La Policía Foral, con las víctimas
Si quedaba alguna duda sobre la incierta veracidad del relato de los trabajadores del Koxka –la mentira de un testigo en sede judicial es delito–, los dos agentes de la Policía Foral que socorrieron en un primer momento a las víctimas han confirmado la versión de sus dos compañeros de la Guardia Civil y sus parejas. Manteniendo ocultos sus rostros, han confirmado que recibieron una llamada en el cuartel que les alertó de que el teniente y el sargento estaban sufriendo una agresión.
"Cuando llegamos el teniente tenía la boca ensangrentada"; –el dueño del Koxka lo había negado 20 minutos antes–. "En la zona había tensión, detuvimos a uno de los supuestos agresores, pero varias personas lo sacaron del vehículo y ejercieron una resistencia activa. Hubo en un momento en el que una persona amagó con pegarnos y luego desapareció. Detuvimos a Unamuno por delitos de atentado y lesiones".
Uno de los agentes ha detallado que el sargento y su pareja les iban señalando a los agresores, pero como eran solo dos policías no daban abasto. Se centraron en dos personas, entre ellas Jokin Unamuno. "Evidentemente hay un riesgo", recordaba. La gente nos estaba recriminando que "entráramos en el juego de la Guardia Civil".
El segundo agente de la Policía Foral ha explicado que allí "el ambiente es el que es. Acostumbramos a actuar rápido porque en seguida empiezan los insultos y a tirar vasos. Está seguro de que los agresores tenían identificadas a las víctimas como agentes de la Guardia Civil: "Ninguna persona se acercó a decirnos que había sido agredido por el teniente o por el sargento. Es que, sinceramente, yo llegué y vi que había sido claramente una paliza y ya está. Claro que temí por mi integridad física".
La misma versión ha recibido el respaldo de la Policía judicial y de un antidisturbios. Se alinean con la Fiscalía que solicita 62 años y medio de cárcel para la persona que habría golpeado a las víctimas y amenazado a la Policía Foral; 50 años para otros seis que participaron en la agresión y 12 años para una joven que se quedó en la intimidación. Aprecia delitos de terrorismo en concurso con odio, amenaza y lesiones.