El pasado mes de octubre fue negro para el Ejército del Aire. Con un margen de poco más de una semana, dos cazas de combate sufrieron sendos accidentes, estrellándose contra el suelo y perdiendo la vida los pilotos que estaban a los mandos. El primero fue un Eurofighter que regresaba de participar en el desfile de la Fiesta Nacional. El segundo, un F-18 que se precipitaba contra el suelo poco después de despegar.
Seis meses después, el Ministerio de Defensa todavía desconoce las causas de los accidentes. Así lo ha explicado este martes la ministra, María Dolores de Cospedal, que ha recordado que todavía están en curso las investigaciones paralelas que se abrieron después de los hechos, unas llevadas a cabo por los jueces togados militares y otras por la CITAAM (Comisión para la Investigación Técnica de los Accidentes de Aeronaves Militares).
"Como pueden intuir, cualquier accidente aéreo lleva consigo un laborioso y minucioso proceso de investigación. Sólo a la finalización de ese proceso pueden sacarse las conclusiones que determinan cuáles fueron exactamente las causas del accidente. Un accidente normalmente no es producto de una única causa, sino de una cadena de acontecimientos que confluyen en un momento muy concreto", ha dicho.
"Por esta razón, la investigación es una tarea muy compleja y minuciosa que requiere bastante tiempo para asegurar que las conclusiones que se saquen sean las adecuadas y que por tanto, las recomendaciones que se puedan derivar contribuyan a evitar futuros accidentes o reducir el riesgo de que vuelvan a producirse", ha continuado, tras lo que ha especificado que nada se hará público hasta que lo autoricen los jueces militares que llevan sendas investigaciones.
"Yo no he querido meter prisa a la CITAAM, porque lo importante no es que la investigación se haga deprisa, sino que se haga bien. Los tiempos de la política son diferentes a los tiempos que necesitan los técnicos. Ellos necesitan su tiempo y poder hacer su trabajo con independencia", ha insistido.
Acoso en las Fuerzas Armadas
Durante su comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, a la que ha acudido a petición de los grupos parlamentarios de la oposición, ha cifrado la incidencia del acoso laboral y sexual en las Fuerzas Armadas en un 0,02 por ciento, sobre una población de 120.000 militares de todas las escalas, lo que ha calificado como un número de casos muy inferior al que se suele dar en la vida laboral civil.
Ha recordado que el actual y primer protocolo para evitar el acoso en las instalaciones militares fue aprobado en el año 2015, cuando era ministro Pedro Morenés, y que tiene en su desarrollo dos objetivos fundamentales: la prevención y la protección de las víctimas. Posteriormente, a través de una Orden Ministerial, comenzaron a operar las denominadas UPA (Unidades de Protección contra el Acoso).
Según ha detallado, existen ocho de estas unidades, que están distribuidas de la siguiente forma: una en el Órgano Central, una en el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), una en el Ejército de Tierra, una en la Armada, una en el Ejército del Aire, una en Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), una en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), y otra en el Instituto de la Vivienda y Equipamiento de la Defensa (INVIED).
"Ya me gustaría a mí que no hubiese ningún caso por acoso sexual, ni en las Fuerzas Armadas ni en la sociedad en general. Y quien piense otra cosa es un bárbaro. Pero recuerden que estas unidades se crean por este Gobierno, antes no existían", ha añadido la ministra.