Jordi Sánchez quiere un pulso contra el juez Pablo Llarena. Vetada su candidatura a presidente de Cataluña, ha desafiado al magistrado que instruye la causa contra el proceso separatista. El expresidente de la ANC es consciente de que permanecerá en prisión incondicional hasta el juicio y ha virado hacia un discurso más duro contra las decisiones judiciales. El enfrentamiento dialéctico se ha producido en la llamada vista indagatoria donde ha recogido el auto de procesamiento junto con el líder de ERC Oriol Junqueras y quien fuera director de Ómnium Cultural Jordi Cuixart.
Los tres han reprochado a Llarena que la instrucción vulnera su libertad ideológica. Sánchez, procesado únicamente por rebelión como Cuixart, ha lamentado ante el instructor su "clara falta de objetividad". Según fuentes presentes en la Sala, el nº3 en la lista de Juntos por Cataluña ha reprendido que "no se puede ser juez y víctima", en referencia a un extracto del auto de procesamiento en el que el magistrado del Tribunal Supremo emplea la primera persona del plural y se incluye, como ciudadano español, entre los que "estamos sufriendo el proceso separatista".
Junqueras y los ‘Jordis’ han coincidido en que "la independencia no es delito". Creen que el procedimiento se ha convertido en una causa política. Llarena ha remitido a la Sala de Apelaciones cualquier apreciación que consideren reprochable.
El presidente de ERC, procesado además por malversación de caudales públicos, ha sostenido que "no se ha dedicado un solo euro del Presupuesto al proceso". Con casi idénticas palabras, Cristóbal Montoro negaba este lunes en El Mundo que se hubiera utilizado dinero público en el referéndum: "Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público".
El ex vicepresidente de la Generalidad insiste en que los episodios referidos por el instructor fueron "pacíficos", porque cree "en la dignidad humana, en el pacifismo y en la convivencia". Cuixart se ha adherido a los argumentos del resto de los citados en apenas 15 minutos de comparecencia.
Calendario de indagatorias
Llarena ha citado esta semana para este trámite a los nueve procesados por rebelión que permanecen en prisión preventiva. Será el turno este martes de los exconsejeros Joaquim Forn, Josep Rull y Raül Romeva; el miércoles del excandidato Jordi Turull, la exconsejera Dolors Bassa y la expresidenta del Parlamento Carme Forcadell.
El magistrado ha anunciado que los días 7 y 8 de mayo celebrará las indagatorias de los procesados que se encuentran en libertad en España: los exconsejeros Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila; y los exmiembros de la Mesa del Parlamento Lluis María Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet.
Reacciones
Una pequeña representación del bloque separatista ha acompañado a Junqueras y los ‘Jordis’ en el Tribunal Supremo. Entre ellos Marcel Mauri, ahora vicepresidente de Òmnium, ha afirmado que la libertad de expresión y el derecho a manifestarse están en riesgo en España "por culpa del uso que el Gobierno del Estado hace".
Josep Lluís Cleries, portavoz de Juntos por Cataluña en el Senado, ha defendido que todos los candidatos a la presidencia de Cataluña reunían las condiciones para serlo. Por su parte, Eduard Pujol, diputado de JxCat, ha pedido "a la sociedad española" que reaccione "por gente que ideológicamente está en las antípodas", sin especificar en las antípodas de qué o de quién. "Somos gente de paz", ha apostillado.